Más de 140 limitaciones a la libertad de expresión durante el primer año de gobierno del presidente Alberto Fernández en Argentina. Este es el balance de un estudio realizado por la Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia), donde se contabilizaron, entre otros detalles, 17 casos de censura y restricciones al acceso a la información pública.
Los datos refieren al año 2020, en el que los trabajadores, medios de prensa y ciudadanos en general vieron restringido su derecho a la libertad de expresión o al acceso a la información pública.
«La pandemia de Covid-19 no ha sido solo un fenómeno epidemiológico, sino que por sus dimensiones se ha constituido en un factor disruptivo en las relaciones sociales, culturales y económicas, con impacto en la salud física y psicológica de las personas, cuyo alcance todavía es imposible de calcular», asevera el documento.
En su parte principal, la investigación sostiene que «en Argentina, en particular el ciberpatrullaje implementado por fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, y la creación de distintos organismos estatales destinados a regular contenidos en redes sociales, a través de ‘observatorios de medios’, fueron aspectos más negativos sobre las libertades individuales».
Y Santa Cruz y Formosa se convirtieron en pequeñas Venezuelas, denunció la presidenta de la entidad, Silvana Giudici.
La actual representante por la oposición en el ENACOM (Ente Nacional de Comunicación), explicó que «no estamos camino a ser Venezuela como se suele decir, sino que por el contrario tenemos pequeñas Venezuelas en Formosa y Santa Cruz«. «No hay justicia independiente, todos los jueces dependen de familiares o amigos del kirchnerismo. No hay ley transparente”, denunció Giudici.
Según revela el Informe 2020 de la Fundación LED, el primer año de gestión de Alberto Fernández tiene una cantidad similar de limitaciones a la libertad de expresión y menos de la mitad de los casos que hubo en el último año de Gobierno de Cristina Kirchner.
En el año 2015, último año del gobierno de la expresidenta, la entidad relevó más del doble de casos que ahora. Entonces registró 309 casos de limitaciones a la libertad de expresión, el doble de los que hubo cuatro años después, al finalizar la gestión de Mauricio Macri.
En este último informe, la Fundación LED destacó que durante el año de la pandemia hubo 111 amenazas, intimidaciones, persecución judicial y agresiones contra periodistas y medios de comunicación. En esa categoría entran también las “restricciones de circulación y el derecho de protesta” provocados durante la pandemia de coronavirus.
El informe destaca además, una gran cantidad de casos provinciales, como el observatorio de medios creado en la provincia de Santa Cruz, las restricciones a la prensa en Formosa y la condena al periodista Diego Masci por publicar un video de interés público sobre una funcionaria de San Luis.
Como muestra de la actual situación que sufren los medios de comunicación en Argentina, el último caso mencionado por la Fundación LED fue la acusación del presidente el pasado 31 de diciembre al «periodismo alocado” de “querer dividir a la Argentina”, que “necesita terapeutas para sacarse el odio que cargan encima«. Allí mencionó al “Canal 13 de televisión, y los diarios Clarín y La Nación”, a los que responsabilizó de “promover los banderazos contra el Gobierno nacional».
Según los autores del informe 2020: «el año del covid-19 generó cambios sociales de gran magnitud que modificaron muchas de nuestras conductas personales, intrafamiliares, comunitarias. La centralidad y omnipresencia de internet para la comunicación brindó excelentes herramientas para morigerar los efectos negativos de la pandemia, pero también ha generado un fuerte debate en casi todas las latitudes sobre la influencia de internet en la profundización de aspectos nocivos como la desinformación o sobre la utilización de censura y monitoreo sobre la opinión de los ciudadanos a través de las redes sociales, entre otros aspectos que se plantearon riesgosos para el ejercicio pleno de los derechos civiles y las libertades ciudadanas”.
“Fake news, infodemia, aislamiento social, ciberpatrullaje de redes sociales, censura, aplicaciones de trackeo de contagios impuestas desde los estados para el seguimiento de los ciudadanos afectados o en contacto con enfermos de Covid-19, fueron solo algunos de los temas que tomaron relevancia y que caracterizaron el debate público el año que pasó”, revela el estudio.
