Francia está endureciendo el control de sus fronteras para frenar el repunte migratorio procedente de las Islas Canarias. Desde los reciente atentados en el país, como el brutal asesinato de tres personas en una iglesia en Niza, el ataque a un consulado francés en Arabia Saudí, o la decapitación del profesor Samuel Paty, Francia está movilizada contra una amenaza islamista que está muy viva.
El presidente francés, Emmanuel Macron, ha duplicado la presencia de policías, gendarmes y militares en las fronteras con sus vecinos de Europa y ha cerrado hasta 19 pasos fronterizos como parte de su estrategia antiterrorista y antiinmigración. Unos cierres que intentan servir de control de seguridad en el país pero que están provocando tapones en la frontera con España, que practica un efecto llamada con políticas migratorias poco claras.
Los tapones se producen, sobre todo, en Irún. Allí son devueltos por Francia los ilegales que, procedentes de las Islas Canarias, llegan hasta Lisboa, Burdeos o Hendaya en un intento de cruzar la frontera. El gobierno francés no lo permite mientras a Irún continúan llegando inmigrantes a diario, algunos días más de cien.
La tibieza en las políticas migratorias del gobierno de Pedro Sánchez agrava la situación en el norte. En el último año, el ejecutivo se ha limitado a trasladar a los ilegales procedentes de Canarias a la península. Cuando, después de trasladados al interior por el ejecutivo, intentan continuar hacia Francia y atravesar la frontera, son devueltos.
Francia intenta así y desde 2015, cuando reinstauró los controles aleatorios fronterizos, garantizar la seguridad de sus ciudadanos con medidas dirigidas a frenar la amenaza islamista. Esa amenaza que el gobierno de Sánchez parece no ver.
España ha alcanzado en el último año cifras históricas de inmigración con la llegada a Canarias de más de 30.000 ilegales. Unos datos que convierten al país en la principal puerta de entrada de la inmigración ilegal en Europa.
