Un total de ocho países, entre los que figuran Estados Unidos, Francia y Reino Unido, han alertado sobre la situación de Nicaragua, país que vive una «situación extraordinaria de deterioro del Estado de Derecho, del orden constitucional y de ruptura de sus instituciones democráticas».
En una declaración conjunta, firmada también por Canadá, Chile, Colombia, Ecuador y República Dominicana, estas naciones han explicado que la situación antes descrita se evidencia en la «detención, el acoso y las restricciones arbitrarias» que afectan «considerablemente» a la participación política y el respeto y garantía de los Derechos Humanos.
En este sentido, han rechazado la «intimidación y amenaza» a los miembros de la oposición, la prensa y los defensores de los Derechos Humanos, así como las «prácticas restrictivas» de participación política. Así, han pedido la «liberación inmediata» y la «restitución de los derechos políticos de los dirigentes detenidos sin el debido proceso, de acuerdo a los estándares internacionales y el «cese inmediato» del «hostigamiento» a estos grupos.
También, han pedido al Gobierno de Nicaragua que garantice «plenamente» el «disfrute de la libertad de expresión, reunión, asociación y el derecho a la participación política», todos ellos «esenciales» durante el proceso electoral, para permitir comicios libres, transparentes, justos y con observadores internacionales.
En referencia a las elecciones, estos países han reiterado que las medidas adoptadas por el Ejecutivo nicaragüense «no reúnen las condiciones necesarias» para la celebración de un proceso electoral libre y justo, lo que «pone en tela de juicio la validez y la legitimidad de las elecciones de noviembre, tal y como está organizado actualmente».
Por lo tanto, han exhortado al Estado de Nicaragua a implantar medidas legislativas e institucionales consistentes con los estándares internacionales aplicables para lograr unas elecciones libres, justas, transparentes y creíbles, tal y como los nicaragüenses «merecen».
En particular aluden a la reforma electoral aprobada en mayo de 2021, que «no atiende a las demandas de la oposición, la sociedad civil y la comunidad internacional al no incorporar salvaguardas para garantizar la imparcialidad de las autoridades electorales».
En este sentido también han pedido a la comunidad internacional impulsar la observación del proceso electoral de una forma «imparcial» para permitir la participación de todos los candidatos, los partidos políticos y los medios de comunicación que han sido objeto de restricciones.
«Instamos a Nicaragua a comprometerse con la comunidad internacional y a aprovechar la asistencia técnica multilateral y regional, para así ayudar a restablecer el diálogo y renovar la confianza en la democracia», han concluido.
