A solo dos años del gobierno del presidente Nayib Bukele, Estados Unidos incluyó en la lista de “actores corruptos y antidemocráticos” a cuatro altos funcionarios de su administración, dos de ellos de su círculo más cercano, un golpe fuerte para un gobierno que no alcanza la mitad del término de su mandato.
Estados Unidos designó sanciones a través de la llamada “Lista Engel” a 55 funcionarios y exfuncionarios de los países del Triángulo del Norte -Honduras, El Salvador y Guatemala-, 14 de ellos de El Salvador.
La Lista Engel, que implica restricciones de visado, fue impulsada en el 2020 por el representante federal Eliot Engel, y está dirigida a combatir y sancionar a sospechosos de corrupción o de socavar la democracia en tres de los países del bloque centroamericano.
Los cuatro funcionarios de El Salvador incluidos en la Lista Engel son la jefa de Gabinete, Carolina Recinos; el secretario jurídico de la presidencia, Conan Castro; el ministro del Trabajo, Rolando Castro; y el director de centros penales, Osiris Luna. Los dos primeros pertenecen al círculo más cercano de Bukele y colaboran con él desde que el ahora mandatario fue alcalde en Cuscatlán y en San Salvador.
La Jefa de gabinete
Carolina Recinos es una de las funcionarias de mayor rango y con poder en la administración del presidente Nayib Bukele. Es la comisionada presidencial para Operaciones y Gabinete del Gobierno desde junio de 2019, y su relación política y laboral con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) es de vieja data.
“Carolina Recinos, actual jefa de gabinete en el Gobierno del presidente Nayib Bukele, ha participado en significativos actos de corrupción durante su tiempo en el cargo”, dice el comunicado del Departamento de Estado en la justificación de argumentos sobre la inclusión de Recinos en la Lista Engel.
De la funcionaria se conocía que a inicios de mayo había sido incluida en una lista de corruptos por el Departamento de Estado que la señala por participar y hacer «un mal uso de fondos públicos para beneficio personal», así como en un esquema de lavado de dinero.
Su hoja de vida dice que es una Trabajadora Social con especialización en manejo de instituciones públicas.
Fue gerente general de la alcaldía de San Salvador durante la administración de la alcaldesa del FMLN Violeta Menjivar de 2006 a 2009.
Su relación laboral con Bukele es conocida desde 2012. Fue asesora del despacho del alcalde de Nuevo Cuscatlán, cuando el ahora presidente ganó las elecciones en esa municipalidad abanderado por el FMLN.
El esposo de Recino, Arnoldo Bernal, es el actual embajador de El Salvador en Rusia, un cargo que ocupa desde la presidencia de Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), que llegó al poder a través del FMLN. Fue embajador en Panamá durante el gobierno del FMLN de Mauricio Funes, prófugo de la justicia por corrupción y se encuentra refugiado en Nicaragua.
Medios de comunicación salvadoreños han señalado que Recinos y su esposo recibieron préstamos de Alba Petróleos de El Salvador (APES), la subsidiaria de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), por un monto de 227.000 dólares. Apes demandó al matrimonio Bernal Recinos y embargó dos propiedades de los funcionarios. PDVSA y su subsidiaria APES enfrenta sanciones de Estados Unidos por “lavado de dinero”.
Otro de los argumentos de presunta corrupción en los que estaría involucrada Recinos es por nepotismo y beneficiar a través de sus influencias a dos hermanos de sus hermanos que fueron beneficiados con un contrato laboral y un préstamo por el Banco de Desarrollo de El Salvador, según denuncia del portal digital El Faro, un crítico del gobernante salvadoreño, a quien Bukele acusa de ser financiado por George Soros, un magnate que destina parte de sus millonarias ganancias a “financiar” medios de comunicación.
Recinos rechazó que beneficiara a sus hermanos con empleos en el Gobierno y aseguró que el préstamo siguió el debido proceso. La alta funcionaria enfrenta denuncias en el Tribunal de Ética Gubernamental por la presunta contratación de sus hermanos para cargos públicos.
El secretario jurídico
El secretario jurídico del presidente Bukele, Conan Castro, es señalado por Estados Unidos de “socavar” los procesos o las instituciones democráticas al colaborar en la destitución de cinco magistrados de la Corte Suprema y del fiscal general» en mayo pasado.
La medida fue cuestionada por la comunidad internacional al considerarlo como un golpe a la separación de poderes. La Asamblea Legislativa de mayoría oficialista nombró a nuevos funcionarios, incluidos a asesores.
Conan Castro es el abogado de confianza del presidente Bukele desde 2012, al menos es lo que reflejan archivos de medios de comunicación y su hoja de vida. Colabora con Bukele desde que se inició en la política como alcalde de Nuevo Cuscatlán y luego en San Salvador.
De 2015 a 2018 durante la gestión edilicia de Bukele en San Salvador, el hoy secretario jurídico se desempeño como gerente legal de la alcaldía
Es el representante legal del partido que lidera Bukele, Nuevas Ideas. Su esposa, María Antonieta Castillo, también es funcionaria pública, se desempeña como directora de la “Unidad de becas” de la alcaldía municipal de Nuevo Cuscatlán desde marzo 2014, según su perfil en Linkedin.
Castro es señalado por Estados Unidos por socavar la democracia y estar al frente de las decisiones jurídicas del presidente.
El Ministro del Trabajo
El Departamento de Estado señala al ministro del Trabajo y Previsión Social Oscar Rolando Castro por haber obstruido investigaciones de corrupción y socavado los procesos o las instituciones democráticas con el fin de perjudicar a sus oponentes políticos.
Su hoja de vida revela que no tiene un título universitario, pero si una larga experiencia en la función pública en diferentes cargos municipales durante 27 años en la alcaldía de San Salvador, hasta que Bukele lo nombró ministro del Trabajo en 2019.
Ingresó a la alcaldía “como jardinero en la gerencia de parques y jardines» en 1991 y llegó a ostentar la plaza de coordinador de Parques en 2009. Para 2015, logra gerenciar Parques Plazas y Zonas Verdes de la alcaldía municipal de San Salvador como coordinador general, que fue el cargo que ocupó durante la gestión de Bukele en esa alcaldía.
El Director General de Centros Penales
Osiris Luna Meza, viceministro de Seguridad y director de Prisiones, es señalado por el Departamento de Estado por estar involucrado en importantes actos de corrupción significativa relacionados con contratos gubernamentales y sobornos durante su mandato.
El diario La Prensa Gráfica señala que Luna Meza ha sido investigado por viajes en jets privados y el uso indebido de caudales públicos.
Fue diputado de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), una agrupación aliada de Nuevas Ideas. Luna fue asistente del diputado Guillermo Gallegos mientras este presidió la Asamblea Legislativa, y en 2013 fue director departamental del Sector Juventud de San Salvador
En junio de 2019, asumió la Dirección General del Centro de Pensiones, tras ser nombrado en el cargo.
Luna tiene 32 años, es dirigente de la juventud de su partido GANA y fue colaborador jurídico en la Dirección de Centros Penales.
Estados Unidos ha señalado que los 55 designados en la Lista Engel no serán los únicos. A los 14 incluidos en la pasada lista ya les han cancelado sus visados, pero la historia no termina ahí, así lo dijo la encargada de negocios de Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes. «Vamos a analizar la lista de 14 que tenemos para averiguar. Si estas personas tienen propiedades o tienen otras cosas que pudieran estar vinculadas con los fondos ilícitos que han recibido por la corrupción», señaló en una rueda de prensa.
«Si alguien tiene propiedades o fondos en los Estados Unidos que nosotros podemos probar que está recibiendo de una forma ilícita, sí podremos tomar acciones legales», sentenció.
