Asistentes presidenciales, jueces de alto rango y exgobernantes centroamericanos fueron incluidos el jueves en un listado del Departamento de Estado de Estados Unidos con individuos supuestamente involucrados en actos de corrupción, de obstrucción de la justicia o debilitamiento de la democracia.
En la lista, que implica restricciones de visado, están cuatro funcionarios de alto rango del gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele: la jefa de Gabinete, Carolina Recinos, el secretario jurídico de la presidencia, Conan Castro, el ministro del Trabajo, Rolando Castro, y el director de centros penales, Osiris Luna.
También a otros dos exfuncionarios de Bukele, entre ellos el exministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, y uno del tribunal supremo electoral.
La llamada Lista Engel, creada por una ley patrocinada por el entonces representante estadounidense Eliot Engel y aprobada en el Congreso en diciembre, exigía al Departamento de Estado reunir en 180 días una relación de actores corruptos en los países del Triángulo Norte: El Salvador, Guatemala y Honduras.
En el informe aparecen, además, más de una docena de legisladores hondureños y dos jueces guatemaltecos de alto rango, entre ellos el recién nombrado magistrado de la Corte de Constitucionalidad, Néster Vásquez.
El gobierno de Estados Unidos dijo que los funcionarios estaban en la lista por razones que incluían influir inapropiadamente en la selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y socavar los procesos democráticos en un esfuerzo por dañar a los opositores políticos.
«Hoy damos un paso más en la lucha contra la corrupción en Guatemala, Honduras y El Salvador al anunciar restricciones de visa a actores corruptos y antidemocráticos. La corrupción socava la democracia y la confianza pública», dijo el secretario de Estado, Antony Blinken, en su cuenta de Twitter tras divulgarse el informe.
El coordinador general de Gobierno de Honduras, Carlos Madero, afirmó a radios locales que personas incluidas en la lista «deben presentarse, acreditar o desacreditar, según corresponda, y esa es la mejor forma de combatir la corrupción». «Para eso está la justicia, la justicia debe actuar«, agregó.
La diputada oficialista hondureña Sara Medina calificó de injusta su mención en la lista, en la que dijo fue incluida por la firma de un decreto, con lo que sólo cumplía con su «responsabilidad parlamentaria».
Ninguno de los tres gobiernos centroamericanos señalados en el documento respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios de Reuters.
