El ministro de Exteriores de Guatemala, Pedro Brolo, ha alertado este viernes de que las protestas contra el Gobierno registradas recientemente en el país, así como el asalto al Congreso por parte de exmilitares que exigen una indemnización por el servicio prestado durante el conflicto armado, están vinculadas a «intereses internacionales».
Aunque ha dicho desconocer «si hay países» concretos detrás de las manifestaciones, el ministro ha indicado en una tribuna de EFE organizada por Casa de América que «sí hay intereses internacionales vinculados de alguna u otra manera a grupos delictivos» que actúan en Guatemala.
«Lo hacen de forma directa e indirecta, pero hemos encontrado grupos que reciben financiación de fundaciones, asociaciones, organizaciones no gubernamentales internacionales que, de manera interesada o no –puede ser que no sepan para qué se utilizan sus fondos– tienen vinculación», ha explicado.
Al ser preguntado sobre la posible implicación del régimen venezolano en estas protestas, Brolo ha señalado que «existe una posibilidad muy grande teniendo en cuenta que el 95 por ciento de las trazas aéreas que traen estupefacientes al país vienen de Venezuela». «Puede haber una vinculación», ha dicho antes de matizar que «definitivamente el narcotráfico es un crimen organizado transnacional».
«Entre más caos y menos ordenadas y fortalecidas estén las instituciones democráticas de las fuerzas públicas, más les interesa a ellos para poder aprovechar la situación», ha aclarado.
En este sentido, ha lamentado que «todos los países» de la región están atravesando «de alguna manera una mala situación económica» de la que ha culpado, en gran medida, a la pandemia de coronavirus y a la situación económica. «La coyuntura política y social se ve amenazada. Veamos el caso de lo que ha sucedido en Perú, Colombia u otros países latinoamericanos como Chile. Guatemala no es una excepción, tuvimos un problema de protestas que ha derivado en el vandalismo«, ha aseverado.
Ha apuntado además que algunos grupos con «intereses particulares» se estarían aprovechando de las manifestaciones para «cometer actos de vandalismo y criminalidad». «El Gobierno no va a permitir que se cruce esa línea entre la libertad de expresión y el vandalismo. Una cosa es salir a manifestarte de forma pacífica y otra querer quemar una institución pública, un patrimonio, como lo es el Congreso», ha insistido.
Así, ha mostrado su apoyo a que estos actos sean «perseguidos judicialmente» y que se hagan las «detenciones correspondientes». «Desde el Gobierno seguimos haciendo un llamamiento para que la gente se manifieste y demuestre su rechazo, se exprese, pero pacíficamente, sin violentar los derechos de las demás personas y mucho menos el patrimonio», ha manifestado.