La ONG Human Rights Watch (HRW) ha condenado este jueves la propuesta del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, de eliminar el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) del país, lo que ha calificado como un «grave retroceso para los Derechos Humanos».
En este sentido, la organización ha señalado que esta decisión amenazará la transparencia y la privacidad de la población y ha subrayado que dicho órgano «ha sido fundamental para la protección de la privacidad y para que el público tenga acceso a información sobre corrupción gubernamental y violaciones de Derechos Humanos».
El director de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco, ha aseverado que «eliminar este organismo independiente y transferir sus funciones a entidades que responden al poder ejecutivo o al Congreso es una fórmula perfecta para el secretismo y el abuso«.
En este sentido, ha explicado que el INAI tiene la facultad de «exigir que los organismos públicos, incluyendo el Gobierno, los partidos políticos y sindicatos, respondan a solicitudes de informaciones».
Asimismo, puede «requerir que cualquier entidad pública o privada que maneje datos personales permita que las personas consulten, cambien o eliminen datos sobre sí mismas». «Para implementar sus resoluciones, el INAI aplica multas a quienes las incumplen, ha recordado.
El pasado 7 de enero, López Obrador anunció una propuesta para eliminar varios organismos gubernamentales autónomos, incluyendo el INAI, que ha permitido a los mexicanos, según HRW, «proteger su derecho a la privacidad y a los periodistas y defensores de Derechos Humanos obtener la información necesaria para documentar y exponer violaciones de Derechos Humanos y escándalos de corrupción».
El mandatario mexicano ha sugerido que la función del INAI podría ser suplida por organismos de auditoría gubernamentales como la Secretaría de la Función Pública, que depende directamente del presidente, o la Auditoría Superior de la Federación, que responde al Congreso.
«Estas instituciones dependen de las mismas autoridades a las que deberían hacer rendir cuentas, lo que significa que no funcionarían como un contralor independiente del secretismo gubernamental», ha lamentado la ONG.
En este sentido, han hecho hincapié en que el Gobierno de México «tiene la obligación jurídica internacional de garantizar que toda persona pueda establecer qué datos personales están siendo procesados y almacenados y por qué, y que pueda solicitar la consulta, rectificación o eliminación de dicha información, ya esté en manos del gobierno o de empresas privadas».
Asimismo, ha expresado que «es fundamental que los mexicanos puedan recurrir a un organismo de vigilancia independiente cuando el Gobierno, los partidos políticos y los sindicatos o las empresas privadas les nieguen el acceso a sus datos personales o el derecho a decidir sobre su uso», ha indicado Vivanco.