La gestión de gobierno de Juan Orlando Hernández ha sido la más controvertida de las que se han conocido en Honduras. Desde que era candidato a diputado, en su natal Lempira, fue señalado por irregularidades y de haber recibido sobornos millonarios de célebres narcotraficantes que, supuestamente, le permitieron pagar sus campañas electorales y comprar conciencias para lograr sus objetivos políticos. Es el primer mandatario en funciones que ha sido señalado en una corte de los Estados Unidos por sus relaciones con el tráfico ilícito de drogas y, en paralelo, uno de los jefes de Estado centroamericanos que fue considerado un socio importante de Washington.
Se le conoce por sus siglas JOH y por tener vínculos cercanos con los poderes económicos en Honduras. Desde joven se formó para la política y estableció contactos con el Partido Nacional, que se autodenomina «una organización política conservadora». Juan Orlando Hernández se presenta como un político de derecha, y logró, motivado por las circunstancias que tenía la agenda de control de inmigración ilegal del gobierno norteamericano, ser uno de los jefes de estado del Triángulo Norte que firmó un acuerdo con Estados Unidos, lo que lo convirtió en socio estratégico para lograr un objetivo de la Administración Trump en septiembre de 2019: poner orden en la frontera sur.
Pero mientras el presidente hondureño se vanagloriaba de haberse convertido en un aliado del gobierno norteamericano para enfrentar la inmigración ilegal y el narcotráfico, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York lo señaló, indirectamente, de haber recibido coimas de la industria criminal, en el marco de una acusación formal contra su hermano menor, Juan Antonio Hernández Alvarado, alias «Tony Hernández», por delitos de tráfico de drogas, lavado de dinero y por haber mentido a los agentes federales estadounidenses.
Una serie de testigos cooperantes de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA) fueron revelando una serie de detalles, confirmados por los fiscales federales neoyorquinos, que señalaban que Juan Orlando Hernández Alvarado tendría presuntos vínculos con cárteles de la droga hondureños, y hasta con el mismísimo líder del cártel de Sinaloa, Joaquín «el Chapo» Guzmán.
Varios casos judiciales que tuvieron lugar en el tribunal neoyorquino, que involucraban a policías hondureños, exfuncionarios y capos de la droga, expusieron sobre la figura del mandatario y su familia graves señalamientos sobre su presunta participación en actividades criminales relacionadas con el narcotráfico.
Todas las acusaciones en su contra encajan con las actividades que describen a las empresas criminales. No en balde, la gestión de JOH y la del expresidente, Porfirio «Pepe» Lobo, y otros funcionarios públicos de los dos partidos que dominan el pequeño país centroamericano, llevaron a varias agencias de aplicación de la ley norteamericanas, a organizaciones civiles y expertos en crimen organizado transnacional, a catalogar a Honduras como un narcoestado.
¿Quién es JOH?
Juan Orlando Hernández nació el 28 de octubre de 1968 en la ciudad de Gracias, Lempira, en la aldea de Río Grande. Está casado con Ana Rosalinda García, con quien tiene cuatro hijos, a saber, Ivonne María, Juan Orlando, Ana Daniela e Isabela.
Es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Tiene una Maestría en Administración Pública con énfasis en derecho legislativo en Estados Unidos.
En sus tiempos en la universidad, se involucró en la política y llegó a ser presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho (1988-1989). Cuando en 1990 su hermano, Marco Augusto, ocupó la Primera Secretaría del Poder Legislativo lo designó su asistente ejecutivo. En ese tiempo comenzó a relacionarse con el Partido Nacional.
Integró varios bufetes de abogados y fue catedrático de Derecho Constitucional en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
En 1997 fue elegido diputado por Lempira y en su segundo período legislativo, se le designó primer secretario de la junta directiva. En enero de 2010, el pleno del Congreso Nacional lo eligió como el presidente de la junta directiva provisional.
El 24 de noviembre de 2013, fue proclamado ganador de los comicios que lo convirtieron en presidente constitucional de la República de Honduras.
Cuando anunció su intención de reelegirse en el cargo, causó un gran revuelo en el país en virtud de que la Constitución de Honduras lo prohíbe expresamente y castiga a quien así lo pretenda, por lo que el haber político de Hernández Alvarado quedó marcado para siempre por los manejos dolosos del mandatario para lograr su permanencia en el poder.
En la consecución de su objetivo, le habrían servido los criterios de sus aliados en la Corte Suprema de Justicia, magistrados, impuestos previamente, por encima de la letra de la Constitución. La interpretación de los jueces afectos a JOH, consideró que el articulado constitucional que prohíbe la reelección es inaplicable, lo que sirvió para allanar el camino del mandatario a mantenerse en el poder. Daba así frutos el cambio de la estructura del máximo tribunal hondureño que echó por tierra los artículos que estorbaban a Hernández Alvarado en su propósito de mantenerse en el poder a costa de todo.
De un plumazo, los magistrados dejaron sin efecto el artículo 239 constitucional que establece que “el ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser Presidente o Vicepresidente de la República” y advierte que “el que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos y quedarán inhabilitados por diez (10) años para el ejercicio de toda función pública”.
Al polémico fallo de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia —tres del partido de gobierno y dos liberales— se pronunció sobre dos recursos interpuestos, uno por 16 diputados oficialistas y otro por el expresidente Rafael Leonardo Callejas, que pedían al máximo tribunal declarar la “inaplicabilidad” del artículo 239.
La diligencia estaba hecha y JOH obtuvo el triunfo por un estrecho margen en el que se cuestionó la transparencia de los comicios, a tal extremo que la Organización de Estados Americanos (OEA) recomendó celebrar nuevas elecciones dada la «falta de certeza» en los resultados anunciados.
Desde entonces, algunas voces han tratado de impedir que la reelección indefinida se imponga, como la del diputado del Partido Nacional, Walter Chávez, quien en 2019 presentó un proyecto de decreto para limitar la reelección presidencial a un periodo.
Sin embargo, JOH ha mantenido una posición de dominio sobre el Partido Nacional del cual es considerado como el máximo dirigente.
¿Un tercer período?
Hernández Alvarado ha dicho públicamente que no aspira a un tercer mandato, sin embargo la prensa hondureña se ha hecho eco de informaciones que revelan que su principal asesor político, el estratega electoral venezolano, J. J. Rendón le aconsejó que debería realizar acciones sociales en el marco de la pandemia de covid-19, que lo fijarían en la mente del colectivo como el protector del pueblo, y así abrir la posibilidad para que se presentara en las elecciones de noviembre de 2021.
J. J. Rendón ha asesorado electoral y políticamente a varios candidatos y presidentes, entre ellos, a Juan Manuel Santos en Colombia, a Enrique Peña Nieto en México, entre otros.
Un hombre ¿conservador, de derecha?
Juan Orlando Hernández forma parte del Partido Nacional de Honduras, una agrupación política fundada el 27 de febrero de 1902, con una orientación conservadora y, según algunos, de centro humanista que, junto al Partido Liberal de Honduras, constituyen los partidos políticos de mayor importancia en ese país, conformando un bipartidismo ininterrumpido durante el siglo XX y principios del XXI.
El PN se pronuncia por el bien común, la dignidad de la persona humana, la solidaridad, la subsidiaridad y la equidad como valores fundamentales, pero en paralelo, sus principales dirigentes han sido señalados por corrupción, lavado de dinero a gran escala y por sus supuestas alianzas con los cárteles de la droga que hacen vida en Honduras y en Centroamérica.
Cuando se refieren a esta organización política, muchos la definen como un grupo de derecha y hasta de ultraderecha, de hecho, al proclamar el triunfo electoral del partido y el titular de la candidatura presidencial que, en 2013 recayó sobre Juan Orlando Hernández Alvarado, las informaciones de prensa así lo catalogaron, al tiempo que daban a conocer la denuncia de la “izquierda” sobre un supuesto fraude.
Al Partido Nacional también pertenece Porfirio Lobo, expresidente hondureño señalado por delitos de narcotráfico en Estados Unidos y a quien recientemente el Departamento de Estado norteamericano le canceló la visa y lo incluyó en la lista Engel que integran los funcionarios corruptos de los países del Triángulo Norte de Centroamérica. Igualmente, milita en la organización su hijo, Fabio Lobo, quien fue condenado a 24 años de prisión por delitos de narcotráfico en Nueva York.
El propio Juan Orlando Hernández se proclama de derecha, pero, ¿es realmente esto cierto?
Su gestión ha sido fuertemente cuestionada por la izquierda hondureña, al acusarla de no haber solucionado los graves problemas que enfrenta la nación centroamericana y, muy por el contrario, de haberse incrementado, a decir de no pocos.
Sus críticos sostienen que los problemas sociopolíticos del país se agravaron en sus gobiernos, lo que ha llevado a la oposición a insistir en la necesidad de que JOH abandone el palacio de gobierno hondureño, a lo que se suma el hecho de que Estados Unidos le haya retirado su respaldo ante el escándalo por sus presuntas vinculaciones con el crimen organizado.
El juicio que se celebró en la Corte del Distrito Sur de Nueva York en contra de su hermano, Juan Antonio Hernández Alvarado, quien fue declarado culpable por delitos de narcotráfico, sirvió de tribuna para exponer a la luz pública una serie de acusaciones que también señalaban a JOH como vinculado al narcotráfico y al lavado de dinero.
Davis Rivera Maradiaga, líder del cártel de los Cachiros, uno de los narcotraficantes que participó como testigo cooperante en el juicio de Tony Hernández, refirió en el tribunal que el presidente de Honduras había recibido sobornos a cambio de prestarle protección a los envíos de droga en territorio hondureño, y de no aprobar las extradiciones de los miembros de la organización criminal a Estados Unidos –Rivera Madariaga, quien ya había participado en el proceso contra Fabio Lobo, hijo del expresidente, Porfirio Lobo–. JOH habría cumplido con su trato, y no los extraditó, destacando que su entrega a la DEA fue de manera voluntaria.
Los señalamientos en contra del mandatario revolvieron el escenario en Honduras, pues quedaron al descubierto los supuestos oscuros manejos del clan Hernández, dado que se sumaron su hermana Hilda Rosario Hernández Alvarado —asesora y exintegrante de su gobierno—, así como un primo, Mauricio Hernández Pineda —exmiembro de la Policía Nacional de Honduras— acusado también en EE.UU. por delitos de tráfico de drogas.
Otros señalamientos
El experto en crimen organizado, Douglas Farah sostiene que las empresas criminales carecen de ideología, y los hombres que las conforman no son de derecha ni de izquierda, «son movidos por su ambición por el dinero y por el poder».
En el estrado de la Corte neoyorquina, de boca del exalcalde hondureño, Amílcar Alexander Ardón Soriano, alias “Chander” o “Doble A” , así como de otros testigos de la fiscalía, se conoció que el hoy mandatario hondureño participó en actividades de tráfico de drogas, soborno y lavado de dinero. Ardón Soriano sostuvo que vio como Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, en 2013, le ofreció a JOH un millón de dólares para su campaña al congreso.
Asimismo, sostuvo que JOH supuestamente pagó sobornos para asegurar su triunfo en la reelección presidencial de 2017.
Aunque no figura su nombre y apellido, en la acusación formulada contra Tony Hernández por las autoridades judiciales estadunidenses, Juan Orlando Hernández aparece referido como CC-4, quien fue «elegido presidente de Honduras a fines de 2013» y es registrado en el expediente como co-conspirador en las operaciones de narcotráfico por las que su hermano fue declarado culpable y sentenciado a pagar cadena perpetua.
Catalogando todos estos señalamientos como “falsos”, JOH dijo que la condena de su hermano era «indignante», al tiempo que desvirtuó los testimonios de los narcotraficantes que sustentaron la decisión judicial y que lo acusaron de haber recibido sobornos de las organizaciones criminales, incluyendo el violento cártel de los Cachiros.
También la prensa se sumó a las revelaciones, como del diario The Washington Post cuya investigación determinó que el gobierno hondureño contrató al “influyente bufete de abogados Arnold & Porter” para la defensa de Tony Hernández y que “el bufete intentó influir a los fiscales del caso para evitar el fallo contra el acusado”.
«Todo es una campaña perversa«
En la medida que se han dado a conocer las presuntas vinculaciones de JOH con el crimen organizado, el Jefe de Estado hondureño ha negado todas las denuncias y, gracias a la prensa y a sus poder, ha hilvanado una narrativa que lo sobrepone como víctima de los narcotraficantes. Ha dicho en sus redes sociales, en comunicados y a través de sus abogados que los capos de los cárteles hondureños han inventado historias para saciar la necesidad de información que tienen las agencias de los EE.UU. y salvarse del castigo de la ley.
JOH sostiene que durante sus dos gestiones de gobierno ha hecho historia en la cooperación con la DEA y otras agencias de la ley, ha deportado a narcotraficantes, cumplido con los tratados de lucha contra las drogas, ayudado al monitoreo de operaciones y ampliado sus nexos con el gobierno norteamericano.
El mandatario ha dicho que la acusación de los líderes del cártel de los Cachiros es una venganza personal por su implacable lucha contra el narcotráfico, y que es por esa razón que también fue acusado y sentenciado a cadena perpetua su hermano, Tony Hernández.
Narcoestado
Todos estos hechos han llevado a que algunos consideren a Honduras como un narcoestado, entre ellos los fiscales del caso de Tony Hernández, quienes sostuvieron que las fuerzas de seguridad y políticos, incluido el presidente Juan Orlando Hernández, han estado trabajando con traficantes para trasladar grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos.
Juan Orlando Hernández Alvarado es el primer gobernante en funciones que es señalado en una corte federal de los Estados Unidos por delitos de narcotráfico.
En el contexto de las acusaciones, 36 organizaciones de la sociedad civil hondureña firmaron la declaración «Llamamiento patriótico a la transición», a través de la cual exigieron la salida inmediata de Hernández Alvarado del poder.
«Somos testigos de la destrucción del Estado de derecho y la construcción de una dictadura de partido que ha devenido en un narcoestado con que se nos exhibe en el mundo entero», dice la declaración firmada por oenegés como Caritas de la Iglesia Católica, Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (Cuth) y Convergencia contra el Continuismo, entre otras.
De hecho, en los últimos años, Honduras se ha convertido en un punto de conexión muy importante de las rutas latinoamericanas del narcotráfico rumbo a los Estados Unidos.
Tales circunstancias alejarían a Juan Orlando Hernández y a su gobierno de cualquier definición de tipo ideológico, dado que su objetivo claramente es otro y de orden criminal.
Y las empresas criminales —la administración de JOH lo es, según dejan ver las evidencias— carecen de ideología, como lo sostiene Douglas Farah, periodista estadounidense, autor y consultor de temas de seguridad nacional, en entrevista concedida a quien estas líneas suscribe.
Los objetivos de estas empresas difieren, por lo opuesto de los intereses estatales que procuran el orden y la institucionalidad.
Por ahora, pareciera que la suerte de JOH está echada. Ante la imposibilidad de reelegirse para un tercer período y, a sabiendas que tiene una acusación en su contra en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el mandatario se verá obligado a mantenerse fugitivo en Honduras y tratar de mantener acuerdos consensuales con los círculos de poder hondureños para permanecer en libertad, de lo contrario, le tocará enfrentar la justicia en la Gran Manzana.
