La vicepresidente electa Kamala Harris confirmó esta misma semana que la promesa electoral de amnistiar a millones de inmigrantes ilegales se aprobará en los primeros 100 días del mandato de Joe Biden, y que solicitará de las Cámaras que aprueben una ley para reducir de 13 a 7 años el tiempo que debe transcurrir entre que un inmigrante ilegal consigue la residencia hasta que obtiene la nacionalidad estadounidense y el derecho a voto.
Las fechas cuadran y una amnistía presidencial exprés, unida a una modificación de la Ley de Inmigración para la que los demócratas puedan contar con el apoyo de su mayoría tanto en el Congreso como en el Senado, pondrán a la propia Harris (si es que no ha conseguido la presidencia por cuestiones biológicas antes) en una posición favorable para ganar la elección de 2028 en la que millones de agradecidos ilegales —para entonces ciudadanos de pleno derecho— podrán votar por el candidato demócrata.
Esta misma semana, Harris confirmó en un programa informativo de la cadena hispana Univisión que el equipo de Biden buscará la forma de que las personas que obtuvieron el Estatus de Protección Temporal (TPS, siglas en inglés) obtengan automáticamente las tarjetas de residencia y puedan beneficiarse también de la futura ley que les dará acceso al voto.
Según asegura Mark Krikorian, director del Centro de Estudios de Inmigración, citado por el portal informativo breitbart.com: “El valor de la ciudadanía de los estadounidenses se reduciría porque los presidentes simplemente podrían otorgar la ciudadanía a cualquiera” después de seleccionarlos primero para el TPS. Para Krikorian, que la Casa Blanca “pueda otorgar tarjetas de residencia a quien quiera de cualquier país en cualquier número, es sencillamente espantoso”.
Krikorian añade que este política de inmigración «invertiría el poder en Washington y el presidente, cualquier presidente, se vería tentado a usarlo para cualquier propósito que desee en cada momento. Podría ser para servir intereses comerciales. Podría ser para servir a los intereses de la política exterior y también para promover los objetivos políticos del presidente. Todo esto se dirige hacia la disolución a largo plazo del pueblo estadounidense y su sustitución por uno nuevo”.
Par este plan, el presidente electo Joe Biden ya ha anunciado que contará con Alejandro Mayorkas para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional. Mayorkas ya trabajó en el citado departamento durante la Administración Obama y es conocido que en ese tiempo presionó a los funcionarios para que ignoraran el fraude cometido y otorgaran rápidamente visas y tarjetas verdes a los inmigrantes.
El Plan 2020 de Joe Biden también contempla permitir que las empresas importen más trabajadores ‘de cuello blanco’ con visado —lo que va en detrimento de los graduados estadounidenses— y acelerar en general la afluencia de inmigrantes a los Estados Unidos. Para ello, el equipo de Biden ha prometido derogar la actual aplicación de la Ley de Inmigración a los extranjeros ilegales salvo que cometan un delito grave. Los expertos han calculado que este plan de Biden permitirá la entrada de 125.000 inmigrantes sin recursos en el próximo año y provocará un efecto llamada sin precedentes en los próximos meses, todavía en tiempos de pandemia y cuando millones de estadounidenses (incluidos inmigrantes de primera generación) luchan por llegar a fin de mes y pagar sus facturas.
Como es conocido, permitir la inmigración ilegal o alentar una programa masivo de visados a directivos, como va a ocurrir en los Estados Unidos, es extraordinariamente peligroso y va en contra de los trabajadores de una nación. Este tipo de inmigración descontrolada permite a los empleadores reducir su inversión en tecnología al disponer de mano de obra abundante y barata, favorece los recortes salariales y desincentiva a los estudiantes de enseñanzas medias y universitarias.
Todo lo anterior, sin duda, con la oposición de buena parte de los inmigrantes de primera y segunda generación de los Estados Unidos (sobre todo hispanos) que, según las encuestas, se oponen en un 70 por ciento a los planes de «papeles para todos» impulsados por la izquierda estadounidense.
