La comunidad internacional reniega de los resultados de las cuestionadas elecciones en Nicaragua en las que Daniel Ortega se declaró “ganador” y por las que se enfrenta a amenazas de nuevas sanciones contra su régimen. Una de las primeras reacciones fue la firma del presidente Joe Biden a la Ley de sanciones “Renacer”, cuyo fin es presionar a Ortega a restaurar la democracia en el país.
Cuba, Venezuela, Irán, Rusia y Bolivia, aliados de Ortega, son los únicos que han reconocido los resultados electorales en los que Ortega se adjudica el 75.92%, casi un 4% más de votos que en las fraudulentas elecciones de 2016.
La reacción del dictador sandinista ha sido la de proferir insultos contra los países que desconocen su “victoria” y contra los opositores a los que mantiene en la cárcel y ha calificado de “apátridas” y “perros del imperio yanqui”.
Kitty Monterrey, presidenta del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) -una de las tres agrupaciones políticas a quien el régimen canceló la personería jurídica a pocos meses de los comicios- afirmó que Ortega “está haciendo caso omiso a cualquier salida democrática” a la crisis sociopolítica que vive el país, algo que considera de extrema gravedad porque las acciones del dictador tendrán consecuencias para la nación centroamericana.
Una de esas repercusiones es el aislamiento internacional al que Ortega lleva al país que, de acuerdo con los expertos, derivaría en la contracción de la economía, inflación, migración por desempleo y más pobreza.
Más represión
El analista político Oscar René Vargas, escribió en sus redes sociales que, con la farsa electoral del 7 de noviembre, Ortega y su esposa Rosario Murillo se atornillan al poder. “Que sigan en el poder significa más pobreza, más miseria, más represión, más desigualdad, más caos para Nicaragua. La votación ha sido un teatro construido a partir de la represión de 2018”, tras las protestas antigubernamentales.
“Debemos seguir presionando para que se den condiciones para unas elecciones nacionales verdaderamente libres y transparentes, que va a depender del esfuerzo de todos los nicaragüenses y de la comunidad internacional y sobre todo de los países región”, dijo la líder de CxL, Kitty Monterrey, que permanece en el exilio en Costa Rica.
El jurista y analista político Roger Guevara Mena, estima que los niveles de represión se mantendrán en el país porque, a su juicio, Ortega no permitirá nuevas revueltas. “Paralizar la acción interna es aumentar la represión para garantizar la seguridad del régimen, y hacer ver que ellos mandan en Nicaragua, no la comunidad internacional”.
Y ese es el discurso que ha mantenido Ortega de “soberanía” y al que recurre contantemente para justificar los atropellos que comete para mantenerse en el poder y responder a sus críticos. Una estrategia a la que también recurren dictaduras como la de Cuba y Venezuela.
Monterrey coincide en que Ortega va a aumentar la represión en el país, algo que, afirma, no es bueno para el país ni para la región debido a la ubicación geográfica de Nicaragua. «Ortega lleva al país al aislamiento internacional«, sostiene.
Para Vargas, la escalada represiva del sandinismo tiene una lectura: “Es una prueba más de que el movimiento social no ha sido liquidado [en Nicaragua], solamente está en reflujo”.
Guevara Mena estima que Ortega pretende negociar con Estados Unidos -el principal socio comercial de Nicaragua- para llegar a acuerdos que le permitan gobernar en el nuevo periodo [el quinto, y cuarto consecutivo] que inicia el 10 de enero de 2022, con el que Ortega, de 76 años, estaría arribando a 31 años en el poder en 2027.
Diálogo
“¿Con quién va a dialogar Ortega?”, cuestionó el jurista Guevara. “Si descabezó a la oposición y no deja surgir nada nuevo porque el hongo que va levantando cabeza se la cortan, es mal entender las cosas decir que habrá un diálogo. Si van hablar con una empresa cómplice, con [un sector de] la iglesia que ya ha perdido autoridad, o con sus partidos políticos que participaron en la farsa electoral, no son interlocutores válidos mucho menos legítimos”, apuntó.
“Nicaragua no tiene oposición, la que está negociando por Nicaragua es la comunidad internacional, lógicamente le da largas a esto porque no es su pueblo el que se muere, el que padece, y es por eso que el régimen de Ortega y su mujer utiliza a Nicaragua como moneda de cambio para tener ventaja y negociar con Estados Unidos, los países europeos y de Latinoamérica”, afirmó otro analista político que prefiere no ser identificado por razones de seguridad.
Kitty Monterrey reconoce que el escenario para la oposición, cuyos representantes están en el exilio y encarcelados, es difícil; sin embargo, el nuevo papel de la oposición tras las elecciones es seguir denunciando y ser la voz de los nicaragüenses que están en el país y luchar hasta salir de la dictadura.
“Debemos continuar la denuncia para efectos que el mundo comprenda que Nicaragua es una cárcel donde todos están reprimidos, donde no se puede hablar en contra del régimen y donde están en riesgos de ser capturados y procesados por la menor cosa que el régimen considere que va en contra de sus intereses”, afirma Monterrey.
Y es una cárcel porque el régimen sandinista decide quién entra y sale del país: una política que promueve el régimen castrista en Cuba y el chavista en Venezuela.
Las nuevas circunstancias en el país y de los nicaragüenses en el exilio podrían propiciar un acercamiento en la oposición. “Estamos cohesionados con los objetivos comunes de querer ver la presión de la comunidad internacional, que podamos tener elecciones libres y transparentes en Nicaragua y prioricemos la libertad de todos los presos políticos”, apuntó Monterrey.
Hasta ahora, 170 opositores permanecen en las cárceles, 120 en el contexto del estallido social de abril de 2018. La respuesta de la dictadura a las protestas dejó al menos 328 muertos a manos del régimen y más de 100.000 exiliados.
