La Asociación de Bioética de la Comunidad de Madrid (Abimad) ha emitido un informe titulado ‘Diez críticas y carencias para una enmienda a la totalidad‘ sobre la Proposición de Ley orgánica sobre la eutanasia del Gobierno socialcomunista en el que se asegura que, tal y como está redactada, permitirá «eutanasias no solicitadas«.
El texto señala que «ofrecer eutanasia» en un contexto de fragilidad progresiva y sufrimiento crónico por una enfermedad grave e incurable «supone un poderoso efecto llamada a las personas más vulnerables de la sociedad» que deben estar «especialmente protegidas a través de planes sociosanitarios», y que empujarles a la eutanasia «constituye un vergonzoso acto de abandono social».
La entidad denuncia que el proyecto insta a la «falsedad de documentos oficiales» al declarar una muerte provocada como muerte natural e impide «el adecuado registro de la causa de su muerte y su cuantificación». En este sentido, añade que la consideración de «muerte natural a todos los efectos» resulta «muy preocupante» dado que puede promover «eutanasias no solicitadas». «Pensemos en residencias o ingresos hospitalarios, se le podrá decir a la familia que murió de muerte natural».
Entre otros puntos, censura que las administraciones sanitarias consideren la creación de un registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia dado que es «altamente controvertido obligarles a pronunciarse sobre sus convicciones y figurar en registros no encriptados que pueden tener un carácter intimidatorio. Y subrayan que «obligar a registrarse es coaccionador y genera una grave indefensión en los profesionales».
Por su parte, la Sociedad Española de Psiquiatría (SEP) ha elaborado a través de su grupo de trabajo de Bioética un documento donde recuerda que en el ideario de muchos pacientes con trastornos mentales se encuentra como fondo el suicidio, y por tanto, la ayuda a morir en pacientes psiquiátricos no puede resolverse si en el proceso no se estipulan salvaguardas suficientes y la garantía de una evaluación extremadamente rigurosa.
Por ello, la SEP solicita, entre otras medidas, que la valoración psiquiátrica sea obligatoria cuando el estado de ánimo, la cognición, la capacidad, el consentimiento, la voluntariedad, la comprensión o el juicio estén en cuestión, con independencia de la enfermedad primaria que motiva la solicitud.
Entidades provida reclaman un voto en conciencia
Cabe recordar que las 150 organizaciones que constituyen la Asamblea por la Vida, la Dignidad y la Libertad entregaron la pasada semana a los senadores una carta-manifiesto en la que se apela a su voto en conciencia en contra de la ley. El motivo, como afirmó Jaime Mayor Oreja, presidente de la Federación Europea One of Us -una de las entidades que forman la Asamblea-, es que la futura legislación «va a ser perversa».
En el texto se señala que, tras los más de 80.000 fallecidos por la pandemia, «legislar sobre la muerte» en lugar de legislar para mejorar la prevención, el control y las prestaciones sanitarias es «un escándalo y una grave irresponsabilidad».
A su juicio, la ley de la eutanasia, que sigue su tramitación en el Senado, aumentará la ya de por si grave desigualdad, «porque quien pueda pagarlo acudirá a los cuidados paliativos, mientras nuestros compatriotas con menos ingresos se verán reducidos a la opción a que los condena la ley, sufrir o la muerte a manos de un médico».
Por consiguiente, pidió a los senadores que rechacen la ley tal y como está redactada y de la forma en que ha sido elaborada, con una escandalosa ausencia de un mínimo debate social.
La oposición frontal de VOX: ‘La ley es eugenésica’
El líder de VOX, Santiago Abascal, denunció que la ley es una de las “más injustas y más tristes” de la democracia. «Ahora, cuando por culpa de su gestión se cuentan por decenas de miles los fallecidos por la epidemia, en vez de preocuparse por proteger a los más débiles, se les abandona y se abre la puerta de par en par al homicidio legal, al horror disfrazado de compasión», señaló.
Su grupo parlamentario presentó el pasado mes de febrero un veto en el Senado y reiteró que la recurrirá ante el Tribunal Constitucional si finalmente es aprobada porque «no evita el dolor y el sufrimiento». «La eutanasia es el fracaso del sistema sanitario que no puede ofrecer otra alternativa a los problemas de salud graves del paciente, salvo la muerte», dijo el senador José Manuel Marín Gascón.
Así, la diputada Lourdes Méndez Monasterio, quien defendió la posición de la formación en el Congreso de los Diputados, remarcó que la ley es «inicua, inconstitucional, eugenésica e ilegítima».
