Jaime Granados: ‘La decisión de la Fiscalía sobre el expresidente Uribe no es el último round’

En medio de un entramado de ataques sistemáticos para defenestrar al expresidente Álvaro Uribe Vélez, sus autores han pretendido utilizar a la Justicia como brazo ejecutor emulando a sistemas autoritarios como el venezolano y su poder judicial al servicio del castrochavismo. 

En Colombia el escenario ahora es distinto. Esos autores se han topado con un muro de contención que ha asomado su presencia cuando en días pasados la Fiscalía General de la Nación solicitó la preclusión de la investigación. Pero su palabra no es la última ni la definitiva, sino que deberá ser sometida ante una juez el próximo 6 de abril. 

En conversación con uno de los abogados titulares de la defensa del expresidente Uribe, el doctor Jaime Granados, le pregunté, ¿este es el último round?

—No, no es el último round. Es un paso muy importante en la dirección correcta de nuestro juicio porque implica que quien ostenta el monopolio de la investigación penal en Colombia por disposición constitucional, que es la Fiscalía General de la Nación a través del fiscal de más alto nivel delegado, ha tenido la oportunidad de examinar todo el material de evidencias de elementos de prueba y de informaciones que legalmente se hayan obtenido, las que venían del expediente de la Corte Suprema de Justicia y las que, por su propia cuenta con su equipo de investigadores ha venido recaudando, más las que la defensa le ha podido entregar en desarrollo de la función que la defensa tiene en un sistema adversarial de tener iniciativa probatoria. Y después de examinar todo ese conjunto de elementos ha llegado a esa conclusión.

—¿Cuál fue la sustentación de fondo de esta decisión de la Fiscalía?

—Pues lo ignoramos. El momento que, según la Ley, tiene la Fiscalía para elevar la sustentación de su pedimento será en la audiencia del próximo 6 de abril ante la juez que es quien tiene la última palabra en la materia. En este momento nadie, y eso incluye a la defensa, conoce cuáles van a ser los argumentos de la Fiscalía. 

—¿Qué lectura le da usted a esa decisión?

—Se señala que hay dos situaciones, por un lado, que no hay ninguna conducta relevante desde el punto de vista penal y que, eventualmente, si hubiera alguna, el expresidente Uribe estaría exonerado de responsabilidad penal. Pero, finalmente, el fondo de su argumentación solo se sabrá el 6 de abril.

«El presidente Uribe nos ha enseñado a sus abogados encomendarnos al Espíritu Santo y, seguir adelante»

—¿Es decir, que esta decisión de la Fiscalía no es un Archivo?

—No. En este caso se decantó por la preclusión que equivale a un sobreseimiento o absolución una vez que sea aprobada por el Juez, previa a su argumentación, presentación de todos los elementos de prueba que la sustentan y, controversia con las demás partes intervinientes, es decir, que van a tener la oportunidad las alegadas víctimas de pronunciarse y argumentar, lo mismo el Ministerio Público y por supuesto la defensa. Así que será en ese momento de las audiencias que se hará este debate en donde podrá finalmente el Poder judicial de Colombia tener la última palabra. Lo que diga el juez, en este caso la juez 28 Penal del Circuito de Bogotá que quedó asignada a este caso.

«Lo que ha querido Uribe es que la verdad siempre salga adelante, defender su honestidad y la de su familia, la honorabilidad y que se haga justicia»

—¿La decisión de la señora juez pondrá el punto final?

—Tampoco es final en la medida en que, si alguien no está de acuerdo con su determinación puede presentar un recurso de reposición o directo a la apelación y tendrá que decidirlo finalmente una Sala del Tribunal Superior del distrito judicial de Bogotá. Incluso, hipotéticamente, cabría en caso extremo, si se dieran las causales, un posible recurso extraordinario de casación penal y eso terminaría en la Corte Suprema de Justicia en la Sala de Casación Penal y, alguien podría incluso pretender ir en tutela hasta la Corte Constitucional. 

Pero todos estos son juicios hipotéticos que lo cierto es que normalmente los procesos penales tienen una, o máxima dos instancias y aquí la primera instancia es la decisión que tome la juez.

«La decisión de la juez no será construida a espaldas de lo que pase en la Audiencia y esa es la mayor garantía posible en una sociedad democrática»

—¿Va a ser en la Audiencia pública que se va a conocer el fondo la decisión de la Fiscalía?  

—Si. Cualquier persona en este mundo cada vez más pequeño puede tener acceso porque va a ser transmitida por todos los medios visibles. Por definición, estas audiencias son públicas y como estamos en medio de una pandemia la virtualidad se ha impuesto y por tanto hay una mayor capacidad de comunicación y publicidad de lo que ocurre en la audiencia. Aquí no hay temas escondidos, aquí no hay cartas debajo de la mesa. Algo importante de este proceso, a diferencia de la Corte Suprema es que esto no se construye con filtraciones. Aquí el 100% de lo que se debata va a ser de cara a un juez y de cara a la comunidad. Cualquier persona más allá de Colombia puede conocer en tiempo real las razones, el debate y las decisiones.

—¿En esa Audiencia van a declarar los Testigos?

—Como no es un juicio, sino una solicitud de preclusión, técnicamente no va a haber eso. Lo que habrá es una exposición, una presentación, y eventualmente se pueden pasar apartes de declaraciones previas que hayan rendido testigos, se podrán escuchar audios, se podrán mostrar fotos, pero todo en función de cómo se organice por parte del peticionario, en este caso el Fiscal General y, cómo se da el debate frente a las demás partes intervinientes. Y por supuesto bajo la suprema dirección de la juez que como árbitro imparcial conduce este caso y será bajo su criterio que se respete el debido proceso. Lo que debe interesar a mi juicio a la opinión pública nacional e internacional es que, se va a conocer todo en esas Audiencias, es decir, no puede haber aquí una decisión construida a espaldas de lo que pase en la Audiencia y esa es la mayor garantía posible en una sociedad democrática.   

Ex expresidente Uribe renunció a su aforamiento porque en el procedimiento que se llevaba en la Corte se estaban violando sistemáticamente sus derechos

—Retomemos algunos hechos del año pasado. Por su condición de senador, el expresidente Uribe solo podía ser investigado y juzgado por la Corte Suprema de Colombia; sin embargo, el expresidente renuncia a su condición de senador para ser juzgado como cualquier ciudadano colombiano ¿Fue esa una decisión acertada?

—Digamos que no había alternativa. Desafortunadamente, en el procedimiento que se llevaba en la Corte se estaban violando sistemáticamente sus derechos como ya está denunciado internacionalmente. Porque no es fácil que una persona como Álvaro Uribe que ha sido un combatiente político por excelencia, él convencido como está y estamos todos de su inocencia y que se presume además su inocencia, tenga que renunciar. ¡El Senador más votado en la historia de Colombia tiene que renunciar para poderse defenderse con garantías! Tocó hacerlo. Y lo que estamos viviendo es eso. 

Aquí lo importante es que ahora estamos viendo que se están respetando los procedimientos; que hay cada vez más conocimiento sensato y lo menos polarizado posible, al menos desde el punto de vista de los actores públicos oficiales. Es decir, vemos ahora a un poder judicial muy en su puesto, muy imparcial, absolutamente actuando con transparencia –se esté o no uno de acuerdo con algunas posturas o decisiones-. Uno ve a una Fiscalía dedicada a hacer su trabajo con absoluta transparencia y responsabilidad, a un Ministerio Público encargado de velar que se respeten los derechos de todos… Vemos entonces una oportunidad de un proceso justo. 

Otros, que no están acostumbrados a procesos justos pues están lamentando que esto ocurra así, porque creen que pueden manipular la justicia y ya es otra época, otro momento, otras circunstancias donde ya no vemos factibles que puedan seguir manipulando a la Justicia.

«Todo este proceso ha formado parte de un entramado de persecución politica contra Uribe, y lo estamos demostrando»

—¿En la Audiencia ustedes van a poder presentar las pruebas que la Corte no admitió?    

—Vamos a tener la oportunidad en primer lugar de escuchar a la Fiscalía y de ver qué elementos trae la Fiscalía. Nosotros le aportamos a la Fiscalía más de 30 elementos probatorios importantes. Queremos conocer qué más encontró la Fiscalía. Claro que tenemos absoluta confianza en que los elementos que aportamos, los que ya había en la Corte y no quiso la Corte examinar y los que pueda traer la Fiscalía, ayuden a fundamentar cabalmente la verdad de lo que ocurrió. En ese sentido estamos expectantes, tenemos una convicción firme sobre la fortaleza de nuestros argumentos. Pero, en el orden de las cosas quien primero argumenta no es la defensa, la defensa tiene el último turno para argumentar. El primero lo tiene el peticionario que es la Fiscalía, luego vienen las alegadas, las víctimas y después la Procuraduría.Y finalmente la defensa que, por supuesto va a decir muchas cosas.

—¿La Fiscalía puede solicitar a la juez que se le tome testimonio al testigo Monsalve ya que él no quiso rendir testimonio ante la Fiscalía?

—Digamos que teóricamente podría hacerlo, pero no se acostumbra. Porque repito, este no es un juicio. 

«A finales de la década de los 90, Colombia estaba a punto de ser un Estado fallido. Hasta que llega la figura de Uribe»

—Hay algo que no entiendo sobre una declaración del senador que acusa al expresidente, Iván Cepeda, refiriéndose a que la Fiscalía no podía repetir la práctica de pruebas (imagino que se refiere a la que hizo la Corte). Le pregunto, doctor: si la Fiscalía de la Nación es el órgano rector de las investigaciones, ¿por qué no podía repetir la práctica de pruebas?

—Yo no voy a entrar en una controversia con alguien que ni siquiera ha dado muestras de respeto a la Justicia. La verdad es que él está acostumbrado a manipular. Él viene de una formación comunista estalinista en donde se hacían las purgas estalinianas, donde se hacían los paredones cubanos, donde se acostumbra a someter a los ciudadanos utilizando el poder político del Estado. Y claro, un sistema democrático transparente como el que tiene Colombia en esta vigorosa democracia colombiana, a él le cuesta trabajo, y él no entiende por qué la Fiscalía tiene las facultades constitucionales y legales de hacer lo que está haciendo.

En la medida que no lo puede entender por su visión sesgada ideológica pasa lo que pasa. Pero, sí quiero decirle como abogado lo siguiente: en Colombia solo es prueba lo que se lleva ante un juez con la posibilidad de una controversia en igualdad de condiciones, lo que se denomina el principio de igualdad funcional de armas. Y generalmente en un escenario que es el juicio oral previo a una imputación y una acusación. Por excepción se puede evitar no darse ese juicio oral porque de los elementos de prueba, de las evidencias recaudadas, pues no luce necesario ir a un juicio porque sería una pérdida de tiempo porque evidentemente no hay mérito para ello. Y ese poder lo tiene la Fiscalía de llegar a esa conclusión, siempre y cuando pueda argumentarla y hacer claro que esa es la situación, para que un Juez – que es el único autorizado – diga que efectivamente hay lugar para esa preclusión. Entonces se trata de una situación distinta. La Corte Suprema, bajo el esquema inquisitivo que maneja – donde se es juez y parte – arrimó unas conclusiones preliminares, porque no eran definitivas, que la Fiscalía no estaba obligada, ni amarrada a acompañarlas por varias razones. Primero, porque tiene que revisar lo que había y segundo, porque tiene facultades investigativas emanadas directamente de la Constitución por su misma naturaleza con un gran poder de investigación – más que ninguno-. 

De hecho, la Corte investiga apoyada en la Fiscalía porque quien tiene las herramientas investigativas es la Fiscalía. Pero aparte de eso tiene la posibilidad de mirar otros elementos como los que aporta la defensa -que pudieron, o no, ser considerados antes- para que al final la Fiscalía llegue a unas conclusiones de manera autónoma y objetiva. 

Por eso, no puede alguien venir a cuestionar que la Fiscalía haga lo que la Constitución le da la facultad de hacer. Eso simplemente se explica por ese sesgo ideológico que le he comentado.

«Los terroristas trataron de asesinar 54 veces a Uribe. Cuando vieron que no era posible, usaron otra estrategia: la de acabar con su reputación»

—¿Todo ha formado parte de un entramado de persecución política contra el expresidente Uribe?

—Sin duda. En nuestra opinión y lo estamos acreditando en los diferentes procesos ha habido todo un entramado porque es bastante complejo. Ha tomado más de una década en desarrollarse. 

Colombia venía afrontando desde finales de la década de los 80 una situación muy grave de orden público donde tenía la amenaza de los grandes carteles que estaban sometiendo a la violencia a Colombia. Recordemos que en el año 1989, en un corto lapso de tres meses, murieron víctimas de atentados terroristas tres candidatos presidenciales incluyendo Luis Carlos Galán, que entonces era el favorito. En esa misma época fue secuestrado uno de los principales políticos de nuestra historia, Álvaro Gómez Hurtado. También fueron secuestrados familiares de las principales figuras del periodismo, de la economía y política de Colombia. En esa época se colocaron centenares de artefactos explosivos para crear un miedo colectivo en toda la sociedad, en un terrorismo sin cuartel. Las instalaciones del diario el más antiguo de Colombia fueron víctimas de un atentado terrorista que las destruyó y su director fue asesinado. Más de 5.000 policías fueron asesinados en la calle por ese narcotráfico… Es decir, era una situación en donde el narcotráfico estaba sometiendo al Estado. Y desafortunadamente atravesado con ese tema del narcotráfico estaban unas luchas políticas entre personas que alegaban tener ideales políticos para estar alzados en armas que venían desde la década de los 60: las FARC, el ELN y otros grupos.

Se dio una combinación explosiva del terrorismo del narcotráfico —con su enorme poder económico— con el terrorismo político de estas facciones y estaban arrinconando a la sociedad. A finales de la década de los 90, Colombia estaba a punto de ser un Estado fallido. Hasta que llega la figura de Uribe, que logra en 2002 cambiar esa situación que nos estaba llevando a un quiebre institucional. En muy poco tiempo le recuperó la confianza a la sociedad de que las instituciones democráticas podían lograr salir adelante. Y como tuvo tal reconocimiento pudo ser reelegido.

Un hombre que había enfrentado de manera férrea lo que él denominó el castrochavismo, que es la forma de exportar la violencia en las Américas, y que le valió ser reconocido con la medalla presidencial de la Libertad de los Estados Unidos entre otros muchos reconocimientos internacionales. Evidentemente, para esos violentos narcotraficantes, para esos terroristas, Uribe era el elemento que había que vencer. Intentaron asesinarlo 54 veces, incluso cuando era presidente. Cuando se dieron cuenta de que ífsicamente no podían acabar con él, ¿qué entendieron? Que si no podemos matarlo, destruyámoslo con una estrategia de acabar con su reputación, de perseguirlo judicialmente, de ir encontrando formas, falseando testigos para involucrarlo a su familia y a él en hechos que ni su familia ni él han cometido pero que lo utilizan para dejarlo a la defensiva.

Es que son centenares de casos que Uribe ha tenido que enfrentar durante década y media, por lo menos. Él lo que ha querido es que la verdad siempre salga adelante, defender la honestidad de él y de su familia, la honorabilidad y que se haga justicia. Que no se siga utilizando ese proceder para hacer política porque es que el problema aquí es que han hecho política atacando su honorabilidad. Ahora a mí no me corresponde hacer una defensa política de Álvaro Uribe, simplemente hago una defensa jurídica ante semejante persecución que repito no tienen precedente en la historia política de Colombia.

—Que no se siga utilizando a la justicia como un arma de ataque.

—Así es. 

—¿Ustedes, los abogados, han sido amenazados?

—Sí, y eso está suficientemente documentado y denunciado internacionalmente. Y estamos siempre como nos ha enseñado el presidente Uribe: encomendados al Espíritu Santo y seguir adelante. Uno no puede dejar de hacer lo que tiene que hacer por temor. Y lo que procede es ir avanzando en estas luchas por la justicia porque sería un grave precedente para Colombia y para las Américas permitir que esta forma de proceder pueda prevalecer.