Las acciones de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo al adjudicarse el triunfo de unas cuestionadas elecciones el 7 de noviembre empiezan a tener consecuencias: no reconocimiento de los comicios y sanciones de varios países, escenario en el que se incrementan las tensiones y deterioro de las relaciones con la comunidad internacional.
Ortega lleva al país al aislamiento internacional en un rápido proceso tras interponer la renuncia oficial de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), en reacción a la resolución aprobada por el organismo durante la 51 Asamblea General en las que desconoce los resultados de las elecciones presidenciales.
«Las elecciones no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática», subraya la resolución que ordena una evaluación antes del 30 de noviembre sobre la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, que llevaría a Nicaragua a la expulsión de la OEA.
La reacción del régimen ha sido de hostilidad. Los cabecillas de las instituciones del Estado, militantes del partido gobernante, «pidieron» a Ortega abandonar el seno de la OEA. La estrategia de Ortega está encaminada a «describir la salida como una decisión soberana y no como resultado del clamor internacional, y neutralizaría el voto de los países indecisos en la OEA», sostiene Crisis Group.
Ante el desconocimiento de los comicios, el dictador sandinista decidió abandonar el organismo para no verse en la penosa posible expulsión del ente. El tirano alega «injerencia» de la OEA en los asuntos que considera «internos». “Estamos renunciando y desvinculándonos de esa organización, dando por terminado el vínculo del Estado nicaragüense y la OEA”, dijo el canciller del régimen Denis Moncada Colindres.
Sanciones como respuesta al fraude
La respuesta inmediata al fraude de países como Estados Unidos, Canadá y Reino Unido fue designar sanciones contra funcionarios e instituciones del régimen sandinista tras los resultados electorales. Es el inicio de la respuesta de la comunidad internacional al fraude electoral y a las violaciones a los derechos humanos.
Las relaciones con la Unión Europea también se han deteriorado. 45 países no han reconocido las elecciones en las que Ortega se declaró «ganador», reveló el organismo Crisis Group.
Ortega logró «reelegirse» tras eliminar de la competencia a siete de los aspirantes presidenciales que permanecen encarcelados, e inhabilitar a tres partidos de la oposición. Más de 150 opositores permanecen en las cárceles.
El dictador sandinista afirma haber sido «reelecto» con el 75% de los votos y desconoce la abstención documentada por la oposición. Sin embargo, Kitty Monterrey, presidenta del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), tiene una explicación a los “números” de Ortega, se trata del 75% del 15% que fue la masa de votantes que acudió a las urnas. En este sentido, la oposición afirma que la abstención fue superior al 80%, la cifra fue obtenida a través de un monitoreo realizado.
¿Ruptura entre Nicaragua y EEUU?
Tras el episodio de las elecciones para Monterrey se avecina un panorama difícil para el país. «Nicaragua inicia la etapa quizá más difícil de su historia reciente, con una dictadura aferrada al poder, que pretende ignorar a los millones de nicaragüenses que demostraron su rechazo al régimen al vaciar las calles el 7 de noviembre recién pasado», afirmó Monterrey.
Con Ortega atornillado en el poder, la preocupación de la oposición es cómo salir de una sanguinaria dictadura sandinista, la segunda de corte izquierdista, que también gobernó a base de represión y balas en el periodo 1979-1990.
Esta vez se estima que el costo para librarse del régimen será mayor, Ortega ha demostrado no estar dispuesto a entregar el poder, a diferencia de lo ocurrido en 1990, cuando si lo entregó orillado por la derrota en el campo militar con la “Contra” y la caída del bloque socialista.
Para Crisis Group las tensiones entre el régimen nicaragüense y la comunidad internacional han ido en aumento desde la farsa electoral organizada por Ortega.
El organismo cree que Estados Unidos y Nicaragua podrían romper relaciones diplomáticas, lo que complicaría el panorama porque Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua y las acciones de Ortega han puesto bajo escrutinio la participación del país centroamericano en el Tratado de Libre Comercio DR-Cafta, a través del cual recibe aranceles preferenciales.
El senador federal Marco Rubio, copatrocinador de la Ley Reforzamiento de la Adhesión de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral (RENACER), dijo que la permanencia de Ortega y su esposa, la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, va a crear “una nueva crisis migratoria, más nicaragüenses que van a querer salir de ese país. Eso ha creado problemas para Canadá, Estados Unidos y hasta para México que se ha convertido en un país transitorio para toda esa migración. Así que el tema de la falta de democracia, la falta de libertad por culpa de la tiranía es un tema que está impidiendo el comercio, creando una crisis humanitaria y migratoria que está impactando la frontera de Estados Unidos y también el país entero”, subrayó el legislador.
En ese mismo sentido, Monterrey sostiene que la asfixia política y el acelerado deterioro económico y social al que Ortega lleva al país, provocan una vez más la migración masiva de nicaragüenses. La primera ola de exiliados fue en 1979, tras la instauración de la primera etapa de la dictadura sandinista.
“Unos [se han] exiliado por temor a la represión, otros en la búsqueda de una vida mejor. Costa Rica y Estados Unidos son sus principales destinos, y este nuevo flujo migratorio se suma al ya existente problema regional, en el que ciudadanos de varios países latinoamericanos que viven sin oportunidades o bajo la opresión de dictaduras, deben iniciar su largo y riesgoso recorrido hacia tierras prometidas. América Latina se encuentra convulsionada, con regímenes autoritarios tratando de perpetuarse y proyectos populistas que avanzan y amenazan la democracia en toda la región, aprovechándose de la pobreza en lugar de combatirla”, apuntó Monterrey.
Rubio criticó la respuesta del presidente Joe Biden a regímenes autoritarios de la región. «La realidad es que dentro de esta administración las personas encargadas del tema del hemisferio, específicamente en Nicaragua, Cuba y Venezuela, son personas que tienen una trayectoria de apoyar, por ejemplo, una apertura a Cuba, que han tenido una trayectoria de oponerse a las sanciones en el pasado contra Maduro«.
«Esta administración está llena de personas que escribieron todo tipo de artículos y de opinión, condenando, criticando la política de Estados Unidos hacia Venezuela durante los años del presidente [Donald] Trump. Esas son las personas que a diario están tocando el tema del hemisferio. Así que, en fin, me alegro que el presidente haya firmado la ley RENACER, pero no me sorprende la lentitud. La implementación [de la Ley] es algo que hay que darle seguimiento, porque realmente las personas encargadas de eso no son las mejores en este tema», dijo Rubio al medio NTN24, que su despacho reprodujo y envió a medios de comunicación.
Un estado de excepción y de terror
Un total de 15 organizaciones de derechos humanos denunciaron que Nicaragua vive un «estado de excepción y de terror». «A pesar de nuestras múltiples denuncias e informes, la comunidad internacional sigue pasiva ante esta realidad ante un régimen violento que ha impuesto un estado de terror, un estado criminal que violenta gravemente los derechos humanos”, afirmó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Las organizaciones denunciaron a Ortega por crímenes de lesa humanidad y solicitaron a Naciones Unidas instalar una “misión de verificación” para evaluar la situación que enfrenta Nicaragua.
