La presión que Cristina Kirchner ejerce sobre la Justicia argentina no tiene límites. La voracidad de venganza de la expresidenta hace imposible el correcto accionar del Poder responsable de aplicar el derecho.
La ofensiva kirchnerista sobre la Justicia se manifiesta día a día. En esta ocasión, el Gobierno de Alberto Fernández ha decidido salir a presionar a más de 200 magistrados para que se jubilen. A través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) empezaron a enviar cartas a jueces, fiscales, defensores oficiales y funcionarios notificándoles que tienen 30 días para presentar la renuncia y acogerse a la jubilación.
Como era de esperar, la lista de los notificados incluye a jueces cuestionados por el oficialismo y la propia Vicepresidenta Cristina Kirchner. Entre ellos están los jueces de la Cámara Federal Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun; los de Casación Federal Eduardo Righi y Liliana Catucci; la magistrada federal y electoral María Servini; los fiscales federales Carlos Stornelli y Eduardo Taiano; y el procurador general interino, Eduardo Casal.
«Por medio de la presente me dirijo a usted a fin de emplazarlo para acompañar dentro del término de 30 días hábiles administrativos la presentación de la renuncia al cargo que desempeña para poder concluir el trámite previsional», reclamaba en sus cartas la ANSES.
Para contrarrestar el embate del oficialismo, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) y la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN) presentaron una demanda contra la ANSES para que se declare inconstitucional la circular que la entidad envía desde el mes pasado.
Recordamos que la ANSES es quien tiene bajo su órbita el sistema previsional del Poder Judicial, tras la aprobación en el Congreso de la polémica reforma jubilatorio del sector.
Desde el organismo de la seguridad social aseguran que se trata de una «medida ordenatoria», por la cantidad de expedientes con los que se encontraron en stand by pese a estar abiertos hace años.
Mientras tanto, la Asociación de Magistrados decidió avanzar con la presentación que sostiene que el emplazamiento no corresponde, ya que se trata de casos que iniciaron su trámite previsional «con anterioridad a la vigencia de la Ley 27.546, sin presentación de cese».
Por ello, en el escrito la Asociación de Magistrados indicó que la petición realizada «no corresponde”, pues la medida «está en franca violación a las garantías previstas en los artículos 110 y 120 de la Constitución Nacional».
El escrito presentado por la asociación que nuclea a los jueces solicitó que «se decrete en forma urgente una medida cautelar de no innovar que suspenda el proceso allí previsto y los emplazamientos en curso».
Para la Asociación de Magistrados, Raverta «vulnera los derechos individuales de los socios y socias de las asociaciones» y «suma como eje central el quebrantamiento de la garantía constitucional de independencia funcional del Poder Judicial y el Ministerio Público perpetrada mediante un exceso reglamentario de la norma aquí cuestionada».
La normativa señalada regula de forma “regresiva e irrazonable el régimen previsional especial de sus integrantes», sostiene la presentación judicial.
En consecuencia, se reclama que se declare inconstitucional la acción del organismo de la seguridad social «por la concurrencia de la afectación de la independencia funcional del Poder Judicial y el Ministerio Público por la puesta en crisis de la garantía de inamovilidad de sus magistrados y funcionarios”.
Por su parte, desde ANSES aseguran que continuarán avanzando con la medida al tiempo que critican la existencia de un «desorden administrativo». Entre los argumentos manifiestan que «hay en esa lista, unos trece jueces que tienen más de 75 años -la edad límite para que se retire un magistrado- con sus respectivas carpetas de jubilación sin terminar».
Mientras intentan sobrevivir a la nueva embestida cristinista, desde el Poder Judicial insisten en que «esa metodología se encontraba avalada por el anterior régimen jubilatorio. Es decir, al cumplir 60 años los jueces y fiscales podían iniciar sus trámites jubilatorios, pero no concluía el proceso hasta tanto presenten su renuncia”.
«Es por este motivo que la lectura de la circular de la ANSES que permitió el envío de cartas documentos, es visto como una presión sobre el Poder Judicial», denunció uno de los jueces recientemente cuestionados por Cristina Kirchner y que integra la lista de 200 magistrados intimidados para lograr su jubilación.
