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Fuego cruzado entre el Legislativo y la Fiscalía

La Fiscalía de Ecuador investiga a 93 legisladores que denunciaron a la presidente del Parlamento

La Fiscal General de Ecuador, Diana Salazar. Twitter

Hay una crisis institucional en el Ecuador, donde la mayoría de los legisladores crearon una comisión para investigar a la presidente de la Asamblea Nacional -el parlamento local- por incumplimiento de funciones.

En su defensa la cabeza del Poder Legislativo, Guadalupe Llori, presentó su caso ante la fiscal General del Estado y ésta aceptó su denuncia contra 93 legisladores.

Por medio de un video difundido en redes sociales, la fiscal General del Estado, Diana Salazar, dijo que tiene “la obligación de investigar todas las denuncias que le sean presentadas por cualquier ciudadano y no tiene la posibilidad de decidir si las acepta o no porque entonces sí estaría incumpliendo sus funciones al negarle el acceso a la justicia”.

No obstante, ya hay amenazas desde el sector correísta para denunciar a la fiscal Salazar. En particular el legislador Fausto Jarrín, de la bancada UNES, la de mayor representación, asegura que la fiscal se inmiscuye en asuntos de Estado. A él se suma su compañero de bancada, Ronny Aleaga, pandillero de los “Latin Kings” devenido en legislador. Ha solicitado la comparecencia de la fiscal Salazar.

Salazar le explicó a la prensa local que “la Fiscalía ha iniciado una investigación previa, que es una fase preprocesal que permite recabar elementos de cargo y descargo con la finalidad de descubrir si se ha cometido o no un delito”.

Cabe destacar que Llori pertenece al bloque indigenista Pachakutik. Pero sus compañeros de fórmula no acompañan el ánimo persecutorio de sus pares correístas. El legislador Salvador Quishpe, por ejemplo, se opone al proceso que quieren abrir contra la fiscal Salazar.

Tampoco ha procurado perseguir a la fiscal el legislador denunciante, Esteban Torres Cobo, del Partido Social Cristiano (PSC), firmante de la Carta de Madrid y conservador. Fue él quien inició la investigación contra Guadalupe Llori como jefe de bancada. Lo que sí solicita es que la fiscal archive la denuncia de Llori contra él y 92 de sus colegas parlamentarios que traspasan líneas ideológicas.

Al momento, tanto Torres Cobo como Llori tienen un total de 10 días, que vencen el 13 de mayo, para presentar cargos y descargos. Cobo para demostrar el incumplimiento de funciones por parte de Llori y ella en su defensa.

Por su parte el bloque oficialista, el más pequeño del parlamento, ha mostrado respaldo por la presidente del Poder Legislativo; alegando una defensa de la estabilidad e institucionalidad del país. Con pocos aliados y sobre todo poco poder a nivel parlamentario. Al Gobierno aparentemente no le convendría el desequilibrio que traería la salida de Llori.

El propio presidente Guillermo Lasso acusa “intentos de desestabilización” por parte de quienes quieren sacar a Llori del poder. Ha señalado la existencia de un triunvirato, liderado por el presidente vitalicio del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot -quien aún firma los documentos emitidos por dicho partido-, Rafael Correa y Leonidas Iza, cabeza del movimiento indigenista que desestabilizó la nación en octubre del 2019 en lo que Nicolás Maduro denominó las “brisas bolivarianas”. Es más, Iza publicó un libro sobre dicho episodio, que lanzó nada menos que en Washington, D.C., donde concluye con la infeliz frase: “Comunismo indoamericano o barbarie”.

Desde el posicionamiento de Lasso en el poder las alianzas del partido de Gobierno han sido cambiantes. Llegó al poder en coalición con el PSC. No obstante, rompió ese vínculo desde la primera sesión legislativa.

Con pocos aliados, han respaldado a Llori “por la democracia”. Sin embargo, a nivel legislativo Llori está perdiendo protecciones. El Consejo de Administración Legislativa (CAL), le negó a la presidente legislativa la acción de protección que solicitó. Al respecto, el parlamentario Torres Cobo exclamó que al final triunfa la cordura.

Ahora falta que la fiscal termine sus investigaciones o, en su defecto, que los parlamentarios tomen acciones contra ella. Hasta eso, el legislador Esteban Torres Cobo deberá demostrar la incapacidad de Guadalupe Llori y en caso de demostrarlo, podría ser destituida. Mientras, Llori podrá refutarlo, si puede demostrar su capacidad.

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