En el Congreso chileno avanzó el proyecto de ley que busca indultar a los “presos políticos de la revuelta del 18-O”. El discurso generalizado en la oposición chilena que promueve esta iniciativa señala que los presos por quemar y destruir estaciones de metro, propiedad pública y privada, entre otros, en el contexto de las revueltas de octubre de 2019, no deberían estarlo porque no se les aplicó “un proceso justo”. Además, que son víctimas por oponerse a un sistema que los ha oprimido por 30 años, una idea que claramente va en contra de toda sensatez.
El miércoles pasado, la Comisión de Seguridad del Senado aprobó la idea de legislar en esta materia. A pesar de esto, en caso de aprobarse esta iniciativa ―presentada en diciembre de 2020― no está claro cuántos presos recibirían el indulto, pues ningún órgano judicial ha podido dar cuenta quienes serían “presos políticos”.
Las distintas instituciones como la Fiscalía Nacional, la Corte Suprema, la Defensoría e incluso el gobierno han enfatizado en reiteradas ocasiones que los jueces no fallan según la postura política o ideológica de los imputados. Descartándose la tesis que en Chile existen presos políticos, menos aún en el contexto de la revuelta del 18-O, y que los que cumplen condenas se debe a delitos graves.
Es más, la Fiscalía Nacional, que ha cumplido el rol de enjuiciar penalmente a aquellos que quemaron, saquearon, portaron bombas incendiarias, etc., reconoce que no hay estadísticas claras. No obstante, la institución señala que solo 25 personas relacionadas con delitos entre octubre y diciembre de 2019, están actualmente en prisión preventiva. Entre los motivos se encuentran un homicidio consumado y tres frustrados; dos por robo con intimidación o violencia; siete por el delito de incendio; tres por porte ilegal de armas; y cuatro por robo en lugar no habilitado.
Por su parte, la minuta de este proyecto de ley ―promovido por los senadores Juan Ignacio Latorre (FA), Isabel Allende (PS), Adriana Muñoz (PPD), Alejando Navarro (PP) y la presidente del Senado, Yasna Provoste (DC)― reconoce esta situación, pues las instituciones que velan en esta materia “no tenían claridad sobre las cifras de los detenidos, imputados y condenados en el contexto de las protestas sociales del año 2019 y las que tomaron lugar el año 2020″.
Sin embargo, Adriana Muñoz ―expresidente del Senado―, señaló en diciembre de 2020 que “hay casi 800 personas que están en prisión preventiva, que no tienen proceso alguno”.
Pero tras el proceso sociopolítico en curso, en que la Convención Constituyente está ad portas de iniciar sus funciones, podemos observar que justamente la sensatez es lo que escasea y esto se observa en los candidatos presidenciales. Cuando se ha preguntado cuál es su posición sobre el indulto a los presos por la insurrección, Paula Narváez, candidata del Partido Socialista se pronunció a favor de esta iniciativa. Por su parte, Joaquín Lavín, candidato por la Unión Demócrata Independiente, llamó a condenar la violencia y que otros candidatos, como el comunista Daniel Jadue, “están en el lado de los que saquearon”, no obstante valoró el cambio constitucional como algo positivo. Posteriormente Jadue increpó a Lavín pues, a su juicio, no entendería la magnitud de la prisión política.
Pero esta discusión también se ha trasladado a los Convencionales Constituyentes electos. Alberto Herrera, vocero de La Lista del Pueblo ―son independientes de partidos políticos pero que comulgan con ideas de la extrema izquierda― señaló que serían 709 personas privadas de libertad, y que no están dispuestos a negociar en la discusión constituyente “hasta que liberen a todos los presos de la revuelta”. Además, mencionó que su fuerza política no está de acuerdo con la norma de aprobar los artículos de la nueva Constitución con el quórum de 2/3.
Asimismo, en la tarde del día viernes 28 de mayo, se realizaron violentas protestas en Plaza Baquedano a favor de la “libertad de los presos políticos”, hechos que no ocurrían desde mediados de marzo. En este contexto, fue detenido Rodrigo Rojas, Convencional Constituyente electo por La Lista del Pueblo.
Esperemos que exista un pequeño momento de lucidez y este dañino proyecto de ley no se apruebe. Desde el gobierno se cuestiona la iniciativa: Juan José Ossa, ministro secretario general de la Presidencia, lo calificó como una “amnistía camuflada” y que “Chile estaría dando un paso hacia un lugar desconocido, que es que el Congreso empiece a modificar las resoluciones judiciales”. A su vez, increpó a sectores de la Democracia Cristiana que han apoyado e impulsado esta iniciativa.
Juan Francisco Galli, subsecretario de Interior, también se pronunció en esta materia: “¿Cuál es la señal que se da a la ciudadanía? Porque acá hay delito de lanzamiento de bombas molotov, delitos de saqueo y delitos de homicidio frustrado que cabrían en este proyecto de ley. O sea, ¿Se podría intentar matar porque se hace en el contexto de una manifestación? ¿Esa es la señal que le queremos dar a la sociedad?”.
Lo problemático de aprobarse una ley como esta es que sin duda implica un retroceso y un borrón y cuenta nueva a normativas como la Ley Antiterrorista, que ha fallado contra atentados explosivos y bombas instaladas por anarquistas o contra los responsables en la insurrección desatada en la región de La Araucanía.
El presidente Piñera se comprometió en diciembre de 2020 a que, si esto llegase a ocurrir, aplicaría el veto presidencial.
