La energía es un activo crítico, básico para la economía nacional y la seguridad de nuestro país, contar con un suministro estable de ella es imprescindible para el bienestar de los ciudadanos. Con la irresponsable -y contraria al interés general- decisión de aprobar la OPA del grupo australiano IFM sobre el 22,69% de Naturgy, pieza estratégica central de nuestro sistema energético, el Gobierno socialcomunista no protege ni incentiva la necesaria independencia energética de España.
Siendo Endesa propiedad de Italia y conociendo que en Iberdrola no hay una presencia española relevante en su accionariado, el control exterior de Naturgy se traduce en la configuración de una mayoría del capital de la compañía en manos de fondos de inversión, hecho que entraña un gigantesco riesgo para nuestro país en un momento crítico en el que se necesitan grupos españoles fuertes en sectores esenciales.
Naturgy, la única compañía de ese sector con una presencia importante de capital nacional en su accionariado, lo que constituye una garantía de que tanto su desarrollo como estrategia están y estarán relacionados con los intereses de España y del conjunto de los españoles, cuenta con más del 50% del gas español, es líder en la distribución con una cuota de mercado del 69% y el tercer operador eléctrico del país.
La OPA del grupo australiano, bajo condiciones impuestas por el Ejecutivo que son una autentifica tomadura de pelo que repite lo que ocurrió con Endesa y la italiana ENEL bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, tiene todas las características de ser una acción concertada con los fondos financieros GIP y CVC, que ya controlan el 40% de las acciones de la compañía. Sin proyecto industrial, el objetivo de controlar Naturgy es únicamente uno: venderla en trozos. ¿La razón? Es mucho más rentable que hacerlo en su totalidad… pero se traduciría en la desaparición de la energética española.
Así, esta presunción de concertación debería ser investigada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que no puede convalidar una acción potencialmente contraria a las normas de funcionamiento de un mercado de capitales transparente.
El Gobierno argumenta que España no puede prohibir las inversiones extranjeras porque espantaría la inversión, aunque con Pedro Sánchez en La Moncloa la inversión foránea se ha desplomado más de un 50% por el intervencionismo izquierdista y los elevados impuestos, mientras países como Francia sí han vetado de facto la entrada de inversiones de control en sociedades consideradas estratégicas y han ampliado el número de sectores que requieren de una autorización previa.
Ahora nada impedirá que activos estratégicos esenciales de Naturgy, tales como el contrato de suministro de gas con Angola, estén controlados por inversores con intereses distintos e incluso contrarios a los nacionales, lo que entraña un evidente riesgo para nuestra seguridad en todos los ámbitos.
