El proceso insurreccional y subversivo que vive Chile desde el octubre de 2019 no ha cesado. Suele alimentarse cuando protestantes y gente de izquierda sufre de alguna desafortunada situación que ha sido provocada por ellos mismos, para impulsar grandes protestas, cortes de vías, barricadas, y hasta incendios. Esta sería la manera de ejercer la “justicia social” que tanto proclaman.
Justamente esto ocurrió el viernes 05 de febrero en Panguipulli, un pueblo al sur de Chile, que fue azotado por la insurrección en pleno periodo estival. ¿Cuál sería el motivo en esta ocasión? El Suboficial de iniciales J.G.G.I (su identidad no se puede difundir por prohibición del Juzgado de Garantía) realizó un control de identidad a un malabarista que portaba unos machetes en la vía pública. Ante esta situación, el policía señaló que el malabarista se negó y lo amenazó de muerte: “Me dijo: ‘te voy a matar, paco c…’” (sic). Por ello, ante una amenaza a su integridad física le disparó causando su deceso.
Si bien esta es aún una investigación en curso, prontamente se dieron a conocer videos viralizados por redes sociales en que mostraban cómo el malabarista, identificado como Francisco Martínez, se acercaba al policía chileno amenazándolo con los machetes. Por ello, el Suboficial dispara dos veces al suelo, y luego tres veces cerca de las manos pues aún sostenía las armas y se ve a Martínez caer al suelo. Luego se observa, en otro video con un ángulo diferente, cómo el malabarista se abalanza contra el suboficial.
La hermana del fallecido, entregó a la Policía de Investigaciones los machetes que usaba el malabarista para sus intervenciones callejeras. Por las fotografías, se observa que los machetes no son utilería sino son reales de marca Truper, y en su página web se pueden observar sus características. Por ejemplo, el machete rambo 12’’ es definido como “cacha ergonómica con textura antiderrapante para máximo agarre”. Además, la hermana señaló que Francisco Martínez padecía esquizofrenia y que es tío del joven de 16 años que se cayó del Puente Pío Nono, en Santiago, el pasado octubre tras escaparse de la detención de Carabineros.
Este caso rápidamente alimentó las ansias de destrucción por parte de la izquierda extra-institucional, aquella que se mueve horizontalmente y autoconvocada por colectivos y bandas que tienen relaciones de cooperación espontáneamente. Incendiaron el ayuntamiento de Panguipulli dejándolo totalmente destruido, junto a otros nueve edificios. Además, por las barricadas y desmanes, los puntos de ingreso al pueblo estaban saturados.
Mientras ocurría esta situación al sur de Chile, en la capital de Santiago se gestaban las usuales protestas en Plaza Baquedano, que ya es la nueva normalidad en el país (sí, todos los viernes hay protestas y violencia en el centro de la capital chilena a pesar de la situación sanitaria). Pero tras conocerse el caso del malabarista se generó un ambiente aún más radical de anomia.
Sin embargo, los actores de la izquierda institucional también se pronunciaron ante esta situación develando que la hipocresía izquierdista no para, pues mientras se victimiza promueve el odio y la violencia. La diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez, señaló en sus redes sociales que “En Chile la vida de un pobre no vale nada. ¿Cómo no quieren que no lo quememos todo?”. Mientras que el diputado Giorgio Jackson, del Frente Amplio, señaló que “El brutal asesinato de Francisco debe indignar a todo Chile y el mundo. No hay excusas, matices ni explicación que valga. Basta (…)”.
Claramente, estos actores aprovechan estos acontecimientos para divulgar su discurso ideológico, señalando que esto fue un asesinato. Relato que rápidamente instaló (otra vez) la demanda de desfinanciar a Carabineros e incluso de disolver la institución. El mundo cultural, hegemónicamente de izquierdas, también se hizo presente. El vocalista del grupo izquierdista andino Illapú se presentó al funeral del malabarista, momento que aprovechó para criticar a la policía chilena y para decir que la oposición es tibia al no hacer cambios en esta materia.
Estas situaciones ya son una constante en Chile, pues los miembros de Carabineros no pueden defenderse y son atacados por hacerlo, mientras quienes fallecen por su vocación de servicio no son motivo de protestas. Además, a pesar de la restricción, se dio a conocer su nombre por la imparcial periodista Mónica Rincón.
Por parte de la Corte de Apelaciones, se le acusa al suboficial de homicidio simple por lo que en un inicio se determinó arresto domiciliario total. No obstante, esta medida fue reducida a arraigo nacional con firma quincenal, permitiéndole estar libre mientras se realiza la investigación.
Quizás varios pensaron que el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, de noviembre de 2019, traería a los chilenos la normalidad que vivíamos antes de la insurrección del 18-O, y probablemente aquellos moderados que votaron por la opción “Apruebo” sembraron esperanzas en el proceso constituyente en curso, esperando un Chile mejor.
Sin embargo, acontecimientos como el vivido en Panguipulli nos permiten señalar que durante este año de elecciones la violencia será la principal mediadora de las discusiones constitucionales y políticas. Pues, en la misma línea de la diputada Pérez, si los convencionales no escriben lo que la izquierda quiere en la eventual nueva Constitución (que respalda a los colectivos insurreccionales y viceversa), ¿podemos afirmar que no quemarían todo? Sin dudas, este es otro Chile pero no uno mejor.
