El año 2020 ha sido complejo, en especial para Chile, que ya traía una revuelta desde los últimos meses del año anterior. El conflicto sociopolítico articulado desde el 18 de octubre de 2019 ya auguraba un complejo escenario, intensificado ―además― con la pandemia. Como resultado de estos dos aspectos, las preocupaciones de los chilenos y las autoridades durante los últimos doce meses giraron en torno a la crisis económica y sanitaria, mientras el proceso constituyente emergido de la más extrema violencia e insurrección comenzó su curso.
El verano de 2020 se caracterizó por las revueltas producto del 18-O. Recordemos los boicots a la ex Prueba de Selección Universitaria (PSU) organizados por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, que demostró que la violencia no cesaría durante el verano; o las intervenciones feministas ―como las de LasTesis con su cántico “un violador en tu camino”― que imputan que vivimos en una sociedad que tiene sistematizada una “violencia de género”; o los numerosos paros, bloqueos y huelgas de las calles y el tránsito, los que pronosticaban que los siguientes meses serían extremadamente complicados.
Ante este escenario, se esperaba que las protestas ciudadanas junto a las manifestaciones insurreccionales volvieran a tomar fuerza en marzo con las manifestaciones del “Día internacional de la Mujer”, que justamente logró demostrar que la revuelta no estaba dormida. Sin embargo, el día 03 de marzo se registró el primer contagio en Chile por el covid-19 cambiando las condiciones del escenario sociopolítico.
El 11 de marzo la OMS dictó que el virus alcanzó el estatus de pandemia, por lo que rápidamente la anomia quedó en pausa. Los establecimientos educacionales apresuradamente tuvieron que cambiar de estrategia al empezar a realizar clases vía remota, lo mismo en aquellos trabajos que lo permitieran. Pero esto no fue posible para todos, pues la crisis económica producto de la pérdida de trabajos por la insurrección del 18-O ya venía golpeando a las pequeñas y medianas empresas, provocando pérdidas de las fuentes de trabajo, intensificándose con la crisis sanitaria.
La pandemia levantó nuevas preocupaciones y dilemas éticos a nivel mundial, y particularmente Chile demostró cómo los gobiernos pueden tener giros autoritarios ante el dilema “vida versus economía”. Y si bien es lógico que los gobernantes busquen la protección de la salud de la ciudadanía ante un virus desconocido, hemos visto cómo la vigilancia digital ha penetrado la cotidianidad. Estrictas cuarentenas, cierre de fronteras, toques de queda, incluso un número telefónico para que los ciudadanos se acusen entre ellos si alguno no ha respetado las normativas sanitarias, han sido parte de la tónica de este año.
Si bien este escenario pareció demostrar que la revuelta quedó en pausa, evidenció que el boicot puede continuar aún por redes sociales en especial en el contexto que el teletrabajo llegó para quedarse. Así es como las conflictividades se articularon por redes como Twitter para boicotear y “funar” a numerosas autoridades políticas.
Pero también hubo colectivos a los que no les importó la pandemia y salieron a las calles a protestar, como en el 1º de mayo por el “Día Internacional del Trabajador”, en que particularmente los feminismos llamaron a conmemorar un “Primero de Mayo Feminista Transfronterizo” para no volver a la “normalidad” anterior a la pandemia y el 18-O, por lo que invitaron explícitamente a continuar con “el proceso de insubordinación”. Por ello, en algunos sectores populares de la ciudad de Santiago, surgieron huelgas de vecinos articulados políticamente por colectivos de extrema izquierda para señalar que tenían hambre por la imposibilidad de trabajar debido a las cuarentenas instaladas.
El discurso que empezó a articularse se centró justamente en cómo la pandemia “desnudó” el modelo de desarrollo chileno, que sería sumamente desigual. La perfecta excusa para que desde la institucionalidad continuara la transgresión al sistema político.
En el Congreso se tramitaron numerosos proyectos de ley de carácter inconstitucional (ya sea porque las mociones ingresadas solo son materia exclusiva del presidente, o porque iban contra las normas constitucionales). Entre ellos destacan los dos retiros del 10 % del sistema de pensiones AFP, que según sus promotores se justifica para palear la crisis económica de la pandemia. Pero que prontamente, actores como Pamela Jiles o Alejandro Navarro, señalaron explícitamente que estos retiros implican un golpe a las AFP como al modelo chileno. En las últimas semanas Jiles ya anunció que ingresaría un tercer retiro, a días de haberse aprobado el segundo.
No olvidemos que en noviembre de 2019 se firmó el “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”, en que numerosos actores de todos los sectores políticos pactaron para que la insurrección cesara. A pesar de que muchos de ellos no deseaban cambiar la Constitución vigente, cedieron ante el conflicto sociopolítico. No obstante, este hito no garantizó que la violencia terminara, pues aún todos los viernes cerca de La Moneda hay enfrentamientos de insurrectos contra Carabineros.
Por ello, el proceso constituyente en curso es ilegítimo. Inicialmente el plebiscito de entrada se iba a realizar en abril, pero por la pandemia se postergó para el 25 de octubre. Ganó la opción “Apruebo” con un 78,27 % votos, versus la opción “Rechazo” que tuvo solo el 21,73 %. Llamó la atención la cantidad de gente joven que fue a sufragar ―justamente aquellos que se movilizaron en las revueltas―, mientras que los adultos mayores lo hicieron en una pequeña proporción, probablemente por pertenecer a la población de riesgo de contagio del covid-19.
El 2020 dejó en evidencia cómo se han levantado nuevas conflictividades desde las bases sociales, y con ello una nueva forma de hacer política amenazando a la democracia chilena. No busca dialogar con la institucionalidad ni hacer consensos ya sea con partidos políticos, con el Ejecutivo, el Legislativo o el Poder Judicial.
Sin embargo, los ánimos de revuelta también han tomado un camino institucional, como lo ha demostrado el actuar del Congreso ―que ya ha instalado la idea de un Parlamentarismo de Facto―. Como ejemplo podemos poner los dos retiros del fondo de pensiones, la negación de legislar para que los partidos políticos renuncien a la violencia como práctica política, legislar en torno a un posible indulto para los “presos políticos de la revuelta”, o incluso los dichos de la presidente de la Cámara de Diputados al señalar que no teme en “cometer un sacrilegio con la Constitución”.
No olvidemos que desde el inicio del Gobierno del presidente Piñera ya se han tramitado nueve Acusaciones Constitucionales, de las cuales solo una fue aprobada.
Si bien hay malestares reales en la ciudadanía, ya no hay dudas de cómo pueden ser manipulados para los fines políticos de la extrema izquierda.
El 2020 fue un año especialmente complicado para Chile, pero el 2021 puede serlo aún más cuando veamos cómo los futuros constituyentes prometerán lo impensado para salir electos, pero que en la práctica sus promesas no se podrán financiar ni cumplir.
Y quizás, ahí los chilenos sí despertarán y entenderán que el modelo de desarrollo que nos puso como uno de los países más pujantes de Latinoamérica no era tan malo.
