En Ecuador, derrotar al Socialismo del Siglo XXI no ha significado combatir a la izquierda. Al contrario, ahora están al mando del poder legislativo.
Si bien el partido que representa al exiliado Rafael Correa no logró ocupar los puestos principales, la llamada ‘Unión por la Esperanza’ (UNES) tiene el mayor número de legisladores (49). Además, ocupan los cargos más altos dentro de la Asamblea Nacional integrantes de Pachakutik, partido indigenista, y la Izquierda Democrática.
Incluso fue elegido como vocal –con votos del partido de Gobierno (CREO)–, Ronny Aleaga, líder de los Latin Kings, la mayor pandilla internacional que fue leal a Correa.
Ya ocurrió el primer choque discursivo. Por un lado el líder de la bancada del partido de Gobierno, César Monge (CREO) dijo públicamente que el trabajo junto a Pachakutik y la Izquierda Democrática no se limitó a la elección de autoridades sino que también estaban elaborando trabajos programáticos.
Por otro lado, la nueva presidente de la Asamblea, Guadalupe Llori, de Pachakutik, aclaró que “no hubo pacto, solamente un llamado a la unidad nacional, deponiendo posiciones políticas”.
Su compañero de partido, Salvador Quishpe, afirmó que en efecto el acuerdo fue únicamente para designar autoridades.
Apenas asumió el mando del parlamento, Llori vio necesario resaltar que el partido de gobierno es de derecha y cómo a pesar de ello llegaron a un consenso. Es decir, no existe una unidad sino un acuerdo, pese a las diferencias ideológicas.
Vale destacar que el partido de gobierno tiene apenas 12 curules. Mientras que la mayoría de bloques, que suman 92 votos, son de izquierda. Por lo cual, para lograr la gobernabilidad era necesario establecer pactos.
No obstante, CREO no se unió con el partido con el cual comparte varias perspectivas. Al contrario, rompió vínculos con el Partido Social Cristiano –con el que formó una alianza para llegar al poder–.
Hasta el momento, lo más difícil de lograr sería un acuerdo a nivel económico –en medio de una pandemia que agravó el desempleo–.
De acuerdo con las cifras de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo 2021 (Enemdu), de los más de 17 millones de habitantes, alrededor de medio millón estaban desempleados (476.202) en los primeros tres meses del 2021.
A nivel nacional el desempleo llegó al 5,8%, 7,3% en el área urbana y 2,8% en el área rural.
En diciembre del 2020 esta tasa estaba en el 5% (401.305) y pasó al 5,7% (477.412) en enero del 2021, es decir, 76.107 personas se sumaron al paro hasta ese mes.
Desglosado por ciudades las cifras se ven con mayor impacto. La capital de los ecuatorianos, Quito, es la ciudad con mayor índice de desempleo, con el 13,5% (125.416 personas). En segundo lugar está Guayaquil, con el 3,8% (46.741). Cuenca, con el 8,2%; Machala, con el 10%; y Ambato, con el 6,4% completan el cuadro.
Las cifras del INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) destacan que el desempleo ha afectado más a las mujeres que hombres: 7,2% de las mujeres están desempleadas a nivel nacional, mientras que hombres son el 4,8%.
El plan de gobierno anunció medidas para abrirse a la inversión extranjera y la flexibilización laboral, recortes de impuestos, apuntando hacia un libre mercado. Estos cambios se enfrentan a una agenda adversa por parte de los asambleístas de izquierda.
Esto afecta particularmente las industrias del petróleo y la minería. Mientras el partido de gobierno promueve aprovechar los recursos petroleros, mineros y energéticos para disminuir las necesidades de financiamiento del país –mediante la inversión privada en la importación, distribución y comercialización de combustibles–, la bancada del movimiento indígena quiere revertir las concesiones mineras y fiscalizarlas. También busca crear una ley de reestructuración de las entidades financieras.
Esto no dista de la propuesta de la correísta UNES, que pretende promulgar una normativa para “proteger a la ciudadanía de los abusos de la banca”.
La medida está directamente enfrentada al presidente de la nación, quien fue presidente del Banco de Guayaquil.
De igual manera, en temas sociales la bancada progre también choca con el oficialismo en cuanto la Izquierda Democrática y Pachakutik, pues son ambos promotores de la despenalización del aborto.
El presidente y sobre todo la primera dama se han mostrado públicamente defensores de la vida desde la concepción.
En lo que sí concuerda la bancada a cargo del legislativo con la que representa el partido de gobierno es en la creación de una nueva ley de comunicación, que reemplace a la actual. La censura y persecución ideológica que vivió el país bajo el socialismo del siglo XXI hizo que la izquierda moderada y la centro-derecha puedan aliarse en este tema.
También coinciden en la reforma del sistema de ingreso a las universidades, luego que la gestión de Correa cerró masivamente centros educativos e hiper-burocratizó el acceso.
Esos son los puntos en común en la agenda, sumado al plan urgente y masivo de vacunación contra la covid-19 y la corrupción. Esto último se empieza a reducir al disminuir la burocracia, algo en lo que –por ahora–están de acuerdo los nuevos aliados.
