El presidente de la Fundación del Toro de Lidia, Victorino Martín, ha acusado a la alcaldesa de Gijón, Ana González, de «totalitarismo ideológico» y la ha comparado con los talibanes. «Los talibanes destruyeron los budas de Bamiyan por lo mismo que la alcaldesa de Gijón pretende derribar la tauromaquia, porque según ellos ambas manifestaciones de la cultura son inmorales», ha indicado.
A través de una carta publicada en la web de la Fundación, Martín ha indicado que la alcaldesa pretende prohibir los toros en Gijón y ha usado la polémica de los nombres para ello. La excusa es el nombre de dos toros de Daniel Ruiz lidiados en la pasada Feria de Begoña (‘Feminista’ y ‘Nigeriano’). La cuestión es que se suman más de cuatro generaciones (desde 1986) de ‘feministas’ y ‘nigerianos’ hijos de ‘Feminista’ y ‘Nigeriana’ porque el toro hereda el nombre de la madre por normativa para conservar la trazabilidad de la genealogía.
Ante eso, le ha reclamado «un mínimo de curiosidad intelectual o del debido asesoramiento antes de opinar de manera tan frívola». «Le habría ahorrado el ridículo de hablar sin conocimiento y no habría quedado tan a las claras su motivación real y su totalitarismo ideológico», ha señalado.
Para la Fundación, la polémica de los nombres es «burda» y «llevada a todos los ámbitos culturales supondría por ejemplo prohibir la Semana Negra de Gijón si alguna de las novelas presentadas en el festival tuviera un contenido que le pudiera resultar ofensivo a alguien».
Por otro lado, sobre las declaraciones de la alcaldesa de que cada vez hay más voces contrarias en la ciudad, Martín ha señalado que «los totalitarios del mundo y de la historia siempre se escudan en el manto protector de una supuesta voluntad popular que les ilumina y legitima para cualquier cosa». «En estos días estamos viendo en diversas partes del mundo cómo en nombre de supuestas mayorías o de una moralidad superior, hay quienes arrasan con los derechos que no pueden depender de mayorías, como son los derechos humanos, derechos inalienables y comunes a toda la familia humana», ha indicado, para recordar que «cultura no se puede prohibir».
Así, ha indicado que es «el mismo espíritu represor el que anima a los totalitarios de todas partes del mundo a cercenar los derechos que son inalienables a todos los seres humanos». «Si va a comenzar la represión cultural en Gijón, le aconsejamos que lo haga bien, con un buen tribunal inquisitorial que revise minuciosamente todos los contenidos culturales en búsqueda de las ofensas al dogma y unos buenos autos de fe de mes en mes, eso servirá de lección para que ningún gijonés se atreva a tener gustos culturales alejados de la ortodoxia de su celosa alcaldesa», ha señalado.
Para finalizar, ha recordado que la tauromaquia es un bien cultural protegido por la legislación española y ha recordado que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional tanto la prohibición expresa de la tauromaquia que se aprobó en su día en Cataluña, como la «prohibición encubierta» que pretendió adoptar el Parlamento balear «con una legislación que sólo autorizaba los festejos taurinos cumpliendo ciertos requisitos que lo desnaturalizaban».
En lo que respecta a decisiones municipales, ha recordado, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana anuló la decisión del Ayuntamiento de Villena de no ceder la plaza de toros para la celebración de un espectáculo taurino por su oposición a la tauromaquia, «considerándola arbitraria y carente de motivación legalmente admisible al ser una obligación municipal la protección y defensa de la tauromaquia».
«Cualquier actuación que ponga en riesgo, siquiera de forma indirecta, ignorar la voluntad de la Ley, en cuanto esté encaminada a tomar una decisión que no sea favorecedora de la actividad de fomento la tauromaquia, resulta contraria a lo dispuesto en la Ley y en la doctrina del Tribunal Constitucional», ha explicado, para añadir que una corporación municipal no puede, «basándose en un argumento tan tosco y peregrino como el nombre de dos toros de lidia, pero tampoco en ninguna otra razón, adoptar medidas tendentes a impedir la celebración de festejos taurinos en su municipio».
Así, ha señalado que la no renovación de la concesión de la plaza de Gijón sería «adoptar una decisión arbitraria y contraria a la ley a sabiendas», algo que a su juicio «tendría muy graves consecuencias en el ámbito administrativo, pero también en el penal, tanto para quien adoptara estos acuerdos como para quien los apoyara, informara o colaborara en hacerlos efectivos.»
«Queremos creer que después de todo lo ocurrido estos días, no se adoptarán ninguna de las medidas anunciadas ni ninguna otra que ponga en riesgo o impida la celebración de festejos taurinos los próximos años. En caso contrario, la Fundación del Toro de Lidia iniciará actuaciones legales en todos los órdenes para garantizar la celebración de estos festejos y para que sobre quienes hubieran adoptado las decisiones ilegales a sabiendas recayeran todas las consecuencias administrativas y penales que el ordenamiento jurídico prevé en estos casos», ha explicado.