La inseguridad es la gran preocupación de los colombianos y puede definir la elección presidencial

se han recrudecido las acciones terroristas en las regiones periféricas del país
El presidente de Colombia, Iván Duque.

Una de las grandes preocupaciones que tienen hoy los colombianos es la situación de inseguridad y el recrudecimiento de las acciones terroristas por parte de grupos armados que operan en regiones periféricas y de frontera. Basta con preguntar antes de salir a la calle en cualquiera de las ciudades capitales del país, para recibir respuestas del tipo “es mejor no dar papaya” (expresión que en Colombia sugiere evitar dar motivos), “procure no andar solo”, “no saque el celular” (teléfono móvil).

Hay casos gravísimos como el del portal Américas, que hace parte del sistema de transporte público masivo de Bogotá, Transmilenio, que fue tomado por vándalos y cada mes llevan a cabo actos que en cualquier parte del mundo se considerarían terroristas, sin que hasta el momento las fuerzas del Estado en Colombia hayan podido recuperar el control.

En las regiones del interior la situación puede llegar a ser aún peor y reina la ley del más fuerte, sin que el Estado logre el control territorial y, como es obvio, mucho menos la presencia institucional suficiente para garantizar el imperio de la ley. Caso dramático el que sigue viviendo el departamento de Arauca, en el que los enfrentamientos entre grupos criminales se desbordó en los últimos días del año 2021 y obligó al gobierno nacional a comunicarle al país la gravedad del asunto y ordenar mayor presencia militar en la zona.

Ni hablar de los territorios fuera de control estatal en el sur del país, especialmente en las costas del departamento de Nariño, o en el nororiente, donde el Catatumbo es tierra de nadie. En este último por poco derriban el helicóptero presidencial hace apenas seis meses, y la capital de Norte de Santander, Cúcuta, ha sido blanco de múltiples atentados, que no siempre llegan a los medios nacionales.

A ocho meses de terminar su mandato, Duque insiste en que le faltó hacer un corte de cuentas al gobierno anterior y que la situación de orden público y crisis fiscal era mucho más grave de lo que el país conoce. Sin embargo, ya no es momento de sacar la carta del espejo retrovisor y superada la crisis económica, con un proceso de reactivación evidente y exitoso, la seguridad vuelve a emerger como uno de los grandes pendientes, que se suponía serían abordados con firmeza por parte de un Gobierno que representaba las banderas de quienes se opusieron al acuerdo con las FARC e insistieron siempre en una ofensiva por parte de las fuerzas armadas y de policía en contra de los grupos terroristas y las bandas criminales.

Es innegable que los carteles del narcotráfico han logrado resistir a todos los embates de la fuerza pública y hoy producen cantidades históricas de cocaína en Colombia, sin que el Estado se haya logrado articular para enfrentarlos.

De hecho, desde 2015 se suspendieron las fumigaciones aéreas de los cultivos ilegales de coca y Duque no se atrevió a reactivarlas, a pesar de haber insistido en ello durante la campaña presidencial y del compromiso de su partido al respecto. Sentencias de la corte constitucional, circulares del gobierno Santos, dictámenes de organismos internacionales y cualquier cantidad de argumentos que exponen quienes siempre se han opuesto a la aspersión aérea de los cultivos ilícitos, han sido suficientes para que el gobierno pase de agache y ad portas de terminar el cuatrienio, el presidente insista en que quiere reactivar la aspersión aérea, pues la erradicación no ha cumplido los objetivos esperados, sin que tome una decisión al respecto.

La seguridad no solo es asunto grave por las implicaciones que puede llegar a tener si la situación se sigue saliendo de control, sino porque después de cuatro años de Gobierno del Centro Democrático, el partido de Uribe, queda un sinsabor por la falta de contundencia que se tuvo en la materia, abriendo el escenario para quienes siguen insistiendo en que la ola de inseguridad y terrorismo en Colombia se desprende del supuesto incumplimiento del acuerdo con las FARC que, nunca sobre recordarlo, fue rechazado en las urnas por la mayoría del pueblo colombiano.

De hecho, tanto el “pacto histórico” que lidera Gustavo Petro, como la coalición “centro esperanza” que reúne a las facciones más cercanas al expresidente Juan Manuel Santos, alegan que el fracaso en materia de seguridad es consecuencia de haber puesto un freno a la implementación de ese acuerdo, lo cual ha sido desmentido por el mismo gobierno en reiteradas ocasiones.

Las urnas pueden castigar la falta de firmeza, pues votaron por un partido y un candidato que prometió retomar las banderas del NO en el plebiscito, recuperar la seguridad, reducir las cargas impositivas y transformar la economía hacia una que coloreaba naranja, aludiendo a la innovación y las industrias creativas. Eso no se dio y la opinión pública ya no acepta la pandemia como una excusa suficiente.

Los meses de enero y febrero son cruciales y el gobierno debe actuar con claridad y mucha contundencia para cumplir sus promesas en materia de seguridad. La reactivación económica ya se celebró y ya pasó. La opinión pública es volátil y suele tener memoria corta. La seguridad está en el escenario y las decisiones de Duque tendrán sin duda un impacto en el resultado electoral. Veremos.

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