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en los meses previos a las elecciones

La tiranía neocomunista de Daniel Ortega, fuera de control

Daniel Ortega junto a Raúl Castro y su mujer Rosario Murillo.

Las elecciones presidenciales en Nicaragua, que están previstas para el domingo 7 de noviembre de 2021, infelizmente no pueden estar más lejos de una elección limpia y transparente como debe ocurrir en una democracia medianamente aceptable. La triste realidad de Nicaragua es que desde enero de 2007, el guerrillero neocomunista Daniel Ortega volvió a la presidencia de esta nación grancaribeña y se ha aferrado al poder, como todo buen socialista.

Para nadie es un secreto que Ortega aplicó la agenda castro-chavista: reforma constitucional casi inmediatamente después de llegar al Gobierno y cuyo producto fue la Carta Magna nicaragüense de 2008, seguido de una “renovación de poderes”, que no fue otra cosa que la barrida de los equilibrios de poderes, propios y necesarios en una democracia liberal weberiana, para colocar militantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), fieles al “líder” y al partido. Abolida la real separación de poderes, desde el 2008 Ortega instauró un régimen pretoriano neocomunista, marcado por la corrupción voraz, la discriminación y la persecución y judicialización tanto de opositores políticos como de periodistas de medios de comunicación independientes.

En materia internacional, siguió fielmente las órdenes de La Habana y se incorporó a todos los costosos y más que retóricos operativos aparatos diplomáticos creados por Hugo Chávez durante la bonanza petrolera venezolana: la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) contra la propuesta de George Bush del ALCA. También se unió a PETROCARIBE, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y de El Caribe (CELAC). Además de los infaltables centros criminales y focos regionales de formación ideológica, y de formación de terrorismo urbano, como el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla.

En el 2008, en aquellos años de la efervescencia de la izquierda iberoamericana, la comunidad internacional no miraba los abusos ni los excesos en el Poder de Daniel Ortega, al igual que con Chávez en Venezuela, Morales en Bolivia y Correa en Ecuador. No fue hasta una década más tarde, tras las masivas manifestaciones estudiantiles de 2018 y 2019 que el mundo pudo apreciar la naturaleza autoritaria, despótica, la brutalidad policial y criminal de Ortega.

Sólo en ese periodo de 2018 a 2019, hubo más de 100 detenciones. Se habla de más de 300 muertes por parte de los grupos policiales como de paramilitares del FSLN. Infelizmente, reinó una vez más la impunidad y Ortega, junto a su esposa Murillo, se mantuvieron incólumes ejerciendo su Gobierno supremamente autoritario y represivo. 

El 2018 y 2019, el asunto no pasó de un par de discusiones retóricas e inútiles en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), ni hablar el típico proceder dilatado de la camarada Fatou Bensouda, entonces Fiscal de la Corte Penal Internacional. 

Al menos en esta ocasión la reacción ha sido más enérgica, Luís Almagro Secretario General de la OEA llamó una sesión extraordinaria del Consejo Permanente, Argentina y México –pese a ser izquierdistas- llamaron a sus embajadores a consulta, aunque se abstuvieron de votar en la sesión del Consejo Permanente de la OEA. Por otra parte, diputados de la Unión Europea han solicitado al Canciller de la Unión Europea, el también Josep Borrell, suspender el acuerdo de la UE con Nicaragua, pero este tipo de dispositivos diplomáticos, como es propio de su dinámica, no será tan expedito. Y más recientemente, la siempre tibia contra sus camaradas comunistas, la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, se refirió a las detenciones a opositores como “acusaciones ambiguas y con escasa evidencia probatoria”.

Ahora, ya a las puertas de volver a pasar por el tamiz de las elecciones presidenciales. No conforme con controlar todos los poderes públicos del Estado nicaragüense, incluyendo el Consejo Supremo Electoral (máximo ente electoral del país) y la Fiscalía General de la Nación con Ana Julia Guido de Romero, fiel camarada de Ortega que ocupa dicho cargo desde el 2007, el régimen de Ortega, en un acto de máxima represión, encarceló a todos los líderes opositores más relevantes del tablero político: Cristiana y Juan Chamorro, Felix Madariaga, Arturo Cruz Sequeira y el periodista Miguel Mora. La gran pregunta es ¿pasará en Nicaragua lo mismo que en Venezuela y Cuba donde criminales y asesinos permanecen impunes ejerciendo tiranías contra sus pueblos? Esperemos que las lecciones con el caso venezolano, sirvan para liberar a Nicaragua y orienten el camino de la comunidad internacional, concretamente del mundo libre para un accionar más efectivo.

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