Una de las cuestiones que me parecen más preocupantes en el panorama político nacional es el hecho de que haya dejado de ser noticia la generalización de la mentira. Es un proceso que comenzó con la artificial e infundada aseveración de “España no se merece un gobierno que mienta” y que se incrementó con el infame Zapatero al mentir a toda la Nación sobre la crisis y seguir mintiendo en la contabilidad nacional acerca del déficit público. Las consecuencias de su falsedad las pagamos los ciudadanos en términos de más paro y crisis más aguda.
Lo del gobierno actual en cuestión de mentiras, excede de cualquier calenturienta imaginación. Han mentido en todo. Pero además incluso cuando se les muestra las pruebas de sus falsedades, soberbios, no rectifican. La única verdad que han dicho es que a Iván Redondo le pagaron con nuestro dinero por su trabajo para el PSC y el PSOE en las elecciones. Lo malo es que se trata del gobierno; aunque parezca un grupo escolar cantando “Ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras tralará…” Y las consecuencias para los ciudadanos son las que genera un gobierno y no un grupo de escolares. Su gestión desde su toma de posesión, así como la campaña de los partidos de izquierda en la comunidad de Madrid, no pasa de ser un desprecio global por la verdad que produce asco. Pero eso sí, las consecuencias en número de muertos, parados, ruina, colas del hambre etc. no las pagan los mentirosos, porque las consecuencias son verdad, son realidad que pagamos la sociedad.
Pero ocurre que la verdad es un derecho democrático de los ciudadanos. Los lideres políticos y los ciudadanos debemos exigir, luchar y defender nuestro vital derecho a la verdad. Sin verdad, como sin educación y cultura, no hay ni libertad, ni democracia; por eso expulsar de la vida pública a los mentirosos es crucial para la nación española. Un mentiroso es un defraudador y un tirano en potencia.
Como consecuencia de esa aversión a la verdad se ha producido un grave descrédito de las instituciones que a todos nos pertenecen. Nos hemos convertido en una ciudadanía que no puede creer en lo que digan estamentos tan importantes como la Fiscalía, el INE, el CIS, la
Televisión, las autoridades sanitarias y por supuesto el gobierno incluidos los ministros del interior, sanidad y educación. La última Encuesta de Población Activa EPA, publicada por el INE dejando fuera a 1,1 millones de ciudadanos que no pueden buscar trabajo por la pandemia, es ejemplo de un hurto del derecho a la información que tenemos todos, del derecho a la verdad.
Pero no sólo la mentira concreta, aquella que afecta a una cuestión específica, a unos datos estadísticos o a unos hechos ciertos debe ser erradicada porque atenta a nuestro ordenamiento jurídico. También el derecho a la verdad histórica, es vital para los españoles como Nación.
Para la vida de todos nosotros sería muy positivo incorporar la verdad total sobre la historia de España de los últimos 150 años. Trabajar en nuestra vida cotidiana, como sujetos políticos de la soberanía nacional, con el acervo cultural de los acontecimientos históricos reales que desembocan en nuestros días. Tener presente, por ejemplo, la historia real del PSOE para saber quiénes son de verdad. Y tener presente la verdad histórica para llamar terrorista al terrorista.
Analizar libre y verazmente lo expuesto por los grandes orates Sabino Arana y Enrique Prat de la Riba sobre cuestiones raciales, antropológicas y otras, por ejemplo. Si alguien piensa que son ciertos sus planteamientos raciales, que lo diga. Pero siendo falsos, manifestemos los demás en voz alta que los nacionalismos vasco y catalán se asientan sobre mentiras.
Tenemos derecho como ciudadanos a acceder a la verdad de los hechos y a que no se nos imponga una ley y un tribunal de la inquisición que nos dicte qué parte de nuestro pasado podemos conocer y qué parte no. Algo que los embusteros irredentos tienen ya en marcha.
Hay otras falsedades que son genéricas. Que se presentan bajo la apariencia de simple opinión. Por ejemplo, en la campaña electoral de Madrid he escuchado al inhumano Iglesias decir que “la democracia es la sanidad pública, la enseñanza pública, el sector público” y al mentiroso Gabilondo indicar que es “el servicio al ciudadano lo que constituye la democracia”. De no conocer a los personajes podría pensar que se trata de la libre opinión de dos necios. Y opinión libre lo es; pero no es verdad. En España la democracia viene explicada y definida en la Constitución que la Nación española se dio a sí misma en 1978. La descripción de derechos individuales, el equilibrio y separación entre los distintos poderes, la participación ciudadana y las previsiones constitucionales para su eventual reforma, la transparencia y el derecho a la cultura y educación es la democracia. Lo demás es una mentira genérica ya que la Constitución define la democracia como un conjunto de derechos y libertades; no como un conjunto de servicios. Servicios que en su caso pueden ser privados. La Constitución y el resto del ordenamiento jurídico es la parte del estado del que se dota la Nación para tratar de impedir que un gobierno se apropie del estado, que pertenece a la Nación.
En fin, todas la variantes de la verdad, sea concreta, histórica o genérica, son un derecho fundamental de los ciudadanos, porque la verdad es necesaria para ejercer nuestra libertad democrática. Mientras que la mentira es una tiranía que ha de ser impuesta para poder existir.
