La prensa española se ha hecho amplio eco del informe publicado por el Departamento de Estado norteamericano sobre Derechos Humanos en nuestro país, principalmente porque acusa al Gobierno de atacar y amenazar a los medios. Por qué debamos hacer más caso a lo que perciban al otro lado del Atlántico que a nuestros propios ojos es algo que se me escapa, pero probablemente se deba en buena parte a la esquizofrenia de nuestra profesión, que se mueve entre la imagen ideal transmitida por Hollywood del heroico periodista en lucha por la verdad a cualquier precio y contra el poder y la triste realidad de una prensa apesebrada y lacayuna.
Pero vamos con el informe. El Gobierno de Sánchez se hizo culpable en 2020 de “violencia y acoso” contra la libertad de expresión y de prensa, señala el documento del Departamento de Estado, presentado este martes, que se hace eco, asimismo, de denuncias “de ataques verbales de miembros del Gobierno a determinados medios de comunicación y periodistas concretos”.
Casos concretos recogidos por el informe: “El 1 de marzo, el presidente Pedro Sánchez acusó a los medios ‘conservadores’ de ‘agitar la sociedad’ cada vez que los conservadores pierden unas elecciones. El mismo día, el vicepresidente segundo y secretario general del partido Podemos, Pablo Iglesias, afirmó que la prensa crítica con el Gobierno había ‘ofendido la dignidad del periodismo’. También en marzo, Iglesias amenazó con enviar a prisión a un periodista por publicar información comprometedora sobre su partido, especialmente sobre su financiación”.
¡Qué escándalo, aquí se juega!
Ahora, con su permiso, aventuraré tres razones por las que dar a este informe peso alguno, no digamos el que se está dando, son ganas de divertirse barato. La importancia que tiene, naturalmente, es cómo nos ven desde fuera y, claro, cómo nos ve el imperio.
La primera razón es que cualquier cosa que nos digan la sabemos aquí mucho mejor, por más medios que tenga el Departamento de Estado, que, por otra parte, tira de fuentes tan sesgadas como Amnistía Internacional. Así que los periodistas que se quieran poner medallas al valor a costa del informe deberá recordar que habla de la “minoría catalana” como podría hacerlo de los chiíes. El caso del trato inhumano dado a los ‘presos políticos’ catalanes encarcelados por el 1-O ofrece una interesante lectura para los aficionados a la literatura surrealista.
Se hace también eco el informe de la denuncia de Reporteros Sin Fronteras, que “culpó a los repetidos ataques contra los medios de comunicación por parte del partido Vox de provocar presiones verbales y físicas a los reporteros durante las protestas en todo el país de mayo contra las políticas gubernamentales por el Covid-19. En un caso, varias personas agredieron a un fotógrafo que cubría una protesta en Madrid, arrojaron su cámara al suelo y le rasgaron la camisa. RSF también expresó su preocupación por el acoso digital de Vox a periodistas críticos y servicios de verificación de hechos, y condenó a Vox por prohibir a algunos medios de comunicación asistir a sus conferencias de prensa y eventos electorales”. Para que se hagan una idea de la fiabilidad.
La segunda razón tiene que ver con la relación proverbial entre la sartén y el cazo. El informe, aunque se presente ahora, se elaboró principalmente bajo la Administración Trump, un momento en el que no se puede negar que los grandes medios eran absolutamente libres para criticar duramente al gobierno. Porque es sabido que los medios norteamericanos atacan con extraordinaria libertad a cualquier gobierno, siempre que no coincida con el Poder.
Porque, naturalmente, los medios son parte del poder. Los grandes, al menos, como las cadenas de televisión ubicuas hasta en los aeropuertos como la CNN o rotativos que marcan a diario lo que se debe pensar en el mundo entero como The New York Times. Y es que en Estados Unidos, las coacciones a la libertad de expresión no vienen del Gobierno, sino de los grandes intereses. Ni el Washington Post, digamos, o el propio New York Times pertenecen exactamente a cooperativas de ciudadanos comunes, sino que son propiedad de gente como Jeff Bezos, de Amazon (el Post) o el multimillonario mexicano Carlos Slim (el Times). Y uno solo tiene que comparar la actitud arrobada y aquiescente de los periodistas en la primera rueda de prensa del balbuceante Biden con la hostilidad vociferante de las comparecencias de Trump como para imaginar el Informe sobre la Libertad de Expresión en Estados Unidos que podríamos elaborar desde aquí mismo, no muy halagüeño para los de allá. Solo la llamada ‘cultura de la cancelación’ los aproxima más a la Campuchea de Pol Pot que a la América de una década atrás. De hecho, poco antes de publicar este informe-sermón (el estilo moralizante que tan buen resultado les dio con los chinos en la reciente cumbre de Anchorage), el Congreso dominado por los demócratas estaba exigiendo a los responsables de las redes sociales que reforzaran su acción censora contra las herejías políticas del momento.
Por último, sí, es posible que aquí y allá el Gobierno español amenace ocasionalmente a algún periodista, pero su acción para acallar a la prensa es, en general, mucho más eficaz y menos peliculera: pagando. Y así vemos cómo sucesos gigantescos se ignoran en los grandes medios cuando perjudican a la izquierda y nimiedades absolutas se agigantan para denigrar a la única derecha real que existe en España.
