Guillermo Lasso fue denominado el candidato conservador y derechista por la prensa nacional e internacional. Sin embargo, en la segunda vuelta electoral apostó por el “Ecuador del encuentro”, lo cual implicó hacer alianzas con sectores de agenda globalista que ahora ocupan cargos en su gabinete.
Presidiendo el Ministerio de Educación está María Brown Pérez, quien fue durante 15 años oficial de Educación para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela en la UNESCO, la agencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
Brown ocupó además un cargo alto en la gestión de Rafael Correa. Como parte activa del Socialismo del Siglo XXI, el área educativa involucró un sistema de propaganda a favor del régimen en el campo escolar. Bajo Correa fue Analista Administrativa para el Viceministerio de Educación y Subsecretaria de Educación Especial e Inclusiva y Subsecretaria de Fundamentos Educativos.
El secretario de deportes es muestra de los favores electorales que el presidente ahora se propone resarcir. Sebastián Palacios ejerció como legislador, donde fue promotor del “matrimonio igualitario” y el aborto, entre otras causas globalistas.
La siguiente secretaría que está generando polémica es la de Derechos Humanos. Lasso designó a una feminista pro-aborto, una contradicción de términos en cuanto que la vida es un derecho consagrado.
Bernarda Ordóñez, fue elegida para iniciar una lucha “sin tregua” contra la violencia de género y llegar a eliminar los “femicidios”. Es decir, en lugar de respetar la igualdad ante la ley, promueve darle distinto valor a la muerte y por ende la vida de la mujer. Con ello asigna un trato diferencial respecto al varón. Sigue así la misma línea ideológica de la ONU, que va de la mano con la agenda del aborto.
El presidente electo aún no se ha pronunciado con respecto a la postura de sus ministros y secretarios.
La ministra abortista
En medio de una pandemia que tiene a los hospitales del Ecuador colapsados, la ONU pretende que el sector de la salud asigne espacio y recursos a una práctica que mata a un paciente sano.
Mediante el “Plan de Respuesta Humanitaria COVID-19”, la ONU respondió al pedido del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador por un presupuesto de $46,4 millones de dólares.
En la página 22 señala que uno de los objetivos del plan es “mantener la continuidad de la salud materna, neonatal e infantil y otros servicios de salud sexual y reproductiva (NdR: término que incluye la anticoncepción y el aborto) durante la pandemia”.
Menospreciando la defensa de la vida como una causa meramente religiosa, Ordoñez espetó: “no sé si estoy en la Asamblea Nacional o en una Capilla”. Por eso cuando Argentina finalmente legalizó el aborto en diciembre del 2020, la actual secretaria de Derechos Humanos lo celebró y agradeció por “inspirarnos”.
La postura de Ordoñez muestra desconocimiento de la Constitución, que garantiza el derecho a la vida desde la concepción en el Artículo 45. Por su lado, el Código de la Niñez y Adolescencia declara sujetos protegidos a los menores desde la concepción hasta la mayoría de edad.
Más allá, como firmante del Pacto de San José, también conocido como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Ecuador defiende la vida desde la concepción. Dicho pacto tiene jerarquía constitucional, por ende es vinculante.
En sus artículos 4 y 5 se señala que “no se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido” y “no se impondrá la pena de muerte a personas que (en el momento de la comisión del delito) tuvieren menos de dieciocho años de edad”.
En el caso del aborto por violación, se busca aplicarlo a un inocente, no al delincuente. Lo cual a su vez atenta contra el Artículo 5.3: “La pena no puede trascender de la persona del delincuente”.
La futura primera dama se mostró escandalizada frente a esto y a través de Twitter clamó a Dios para que el aborto no se legalice en Ecuador, pues la Corte Constitucional está intentando aprobarlo.
Tanto ella como su esposo, el presidente electo, se han mostrado implacablemente provida. No obstante, cedieron terreno para llegar a la presidencia.
Intentar despenalizar el aborto en caso de violación previo a su gestión, como están procurando ahora, sería una estrategia para quitar presión de los sectores radicales sobre Lasso. Esta concesión extrema le daría una sensación de triunfo a sus aliados electorales, lo que podría permitir al presidente electo dilatar e incluso evitar la legalización total.
