La mayoría sandinista de la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó en primera legislatura una reforma constitucional para instaurar la cadena perpetua para «crímenes de odio».
La propuesta recibió 70 votos de aprobación (de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional) de 92 posibles.
La izquierda nicaragüense tuvo que reformar el artículo 37 de la constitución que establecía la pena máxima en 30 años. El proyecto deberá ser aprobado en segunda legislatura.
Esta modificación constitucional se hizo a pedido expreso del dictador Daniel Ortega, quien dijo haber recaudado 3 millones de firmas de respaldo. Esa cifra representaría casi el 50 % de la población de Nicaragua.
Tras la aprobación de la ley, la oposición del país centroamericano teme que sea utilizada para encerrar a sus líderes, como ocurrió en Venezuela.
La reforma constitucional establece que «excepcionalmente se impondrá la pena de prisión perpetua revisable para la persona condenada por delitos graves cuando concurran circunstancias de odio, crueles, degradantes, humillantes e inhumanas que por su impacto causen conmoción, rechazo, indignación, repugnancia en la comunidad nacional».
