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El pasado 30 de noviembre inició la polémica mesa de negociación del salario mínimo en Colombia. Esta se compone de tres partes: gobierno, cuya función consiste más en desempeñar el papel de árbitro; gremios de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas y finalmente, los sindicatos.
El aumento del salario sigue una regla con tres componentes: la inflación proyectada para el año presente, el nivel de productividad laboral estimado y el porcentaje convenido entre las partes. Según la ley 278 de 1996, el salario mínimo debe presentar un aumento cada año.
La negociación dura todo el mes de diciembre y busca que se llegue a un consenso entre ambas partes: empleados y empleadores. De lo contrario, el último día de negociación el gobierno fija el aumento del salario por decreto.
En esta ocasión participarán también expertos invitados para hacer intervenciones desde la academia tales como las instituciones de Fedesarrollo, Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) y un par de facultades de economía.
Este año la posición entre empresarios y sindicatos está más alejada que de costumbre. Empleadores piden un aumento alrededor del 2.5%, cifra diametralmente opuesta al 14% que piden las centrales obreras.
Los primeros argumentan que la productividad se vio gravemente afectada durante el año por los cierres totales de sectores económicos al igual que argumentan una disminución de la tasa de desempleo gracias a la reactivación económica sostenida. Los segundos defienden un aumento histórico para enfrentar la crisis económica y no perder poder adquisitivo ni capacidad de consumo.
Ahora bien, al momento de analizar el salario mínimo y sus implicaciones es importante contemplar la situación en conjunto del mercado laboral colombiano. Este compete diferentes aspectos que, más que coyunturales, son estructurales y requieren reformas de fondo, caracterizadas por rigor técnico y alejadas del discurso emocional populista.
En primer lugar, debe entenderse que los salarios son un reflejo de la productividad y que, en el caso colombiano, es baja. Por lo tanto, no es posible exigir altos salarios a cambio de un nivel bajo de eficiencia al interior de las compañías, pues esto es condenar la viabilidad de la actividad productiva.
En segundo lugar, Colombia es un país donde el mercado informal compone más del 50% de la fuerza laboral. Esto quiere decir que existen millones de personas cuyo desempeño en el mercado laboral no depende de la regulación impuesta por la ley, sino de la oferta y demanda. Generalmente, este sector se caracteriza por ser intensivo en trabajo y no en capital, es decir, poco tecnológico o sofisticado y que tiende a expresarse en negocios de subsistencia.
En tercer lugar, el salario mínimo no sólo afecta el ingreso directo que percibe el empleado cada quince días como retribución por su trabajo, sino también los costos laborales no salariales como primas, cesantías, salud, pensiones y demás. Estos representan alrededor de un 62% adicional como costos a la contratación y los debe asumir el empleador.
Amplia literatura académica tiene por conceso que el salario mínimo genera efectos adversos y su aumento desplaza al sector informal o al desempleo a personas con menor o nulo nivel de escolaridad, mujeres, jóvenes sin experiencia y personas mayores próximas a jubilarse.
A pesar de lo anterior, los sindicatos, cuyos miembros ya tienen empleo y a los que por lo general no se puede despedir, insisten en aumentar desproporcionadamente el salario mínimo para el 2021. Esto lo hacen desde una cómoda posición privilegiada, totalmente ajena al grupo de desempleados e informales que ciertamente no tiene representación en la mesa de negociación, pero a quienes afecta directamente lo que allí se decida.
Antes de la pandemia el desempleo venía presentando niveles del 10%, cosa que marcaba problemas de fondo y no de coyuntura. La informalidad seguía siendo más del 50% de la fuerza laboral colombiana y la productividad en la última década no había aumentado significativamente.
Ahora después de las cuarentenas estrictas, por fin podemos ver que la economía entra en fase de recuperación y la tasa de desempleo vuelve a normalizarse a medida que pasan los meses junto con la reactivación de sectores. Para el mes de octubre la cifra fue de 14.7%, consistente con una sostenida disminución desde el mes de agosto, tras presentar varios meses niveles del 20%.
El salario mínimo es una distorsión de los precios en el mercado de trabajo, no refleja la productividad ni aporta a la creación de empleo. Es fácil exigir complicaciones a la contratación desde la posición de empleado, aun más sindicalizado, sin detenerse a pensar en las implicaciones que eso tiene.
Pareciera que los sindicatos tienen todo menos consciencia de la situación real de millones de colombianos o de la crisis económica sin precedentes. Por decreto no se cambia un país, ni se altera la realidad. Podrán proponer un aumento del 10, 20, 30 y hasta 40% en el salario mínimo, justificando derechos y más derechos, pero al final el mercado es el que se impone, y esto se refleja en mayor desempleo y mayor informalidad.
