Un tribunal federal ha evitado por el momento el ominoso destino de millones de estadounidenses a los que el mandato vacunal de Biden condenaba al paro sin subsidio. El Tribunal Federal del Quinto Distrito ha bloqueado temporalmente el mandato, alegando «graves cuestiones regulatorias y constitucionales».
A principios de esta semana, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, republicano, presentó una demanda judicial contra la Administración Biden en relación al mandato vacunal por el que las empresas con más de cien empleados debían tener a toda su plantilla inoculada con la terapia génica experimental contra el covid u obligar a los empleados renuentes a presentar costosas pruebas negativas semanales de diagnóstico.
Paxton, que considera este decreto «completamente inconstitucional», alega que la parte del mandato que afecta a empresas privadas representa «un abuso de poder que quita el aliento», informa la cadena Fox.
Biden ha encargado a la agencia federal OSHA (Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo) el cumplimiento de su mandato sin precedentes pero, como señala Paxton, la agencia «tiene solo poderes limitados y responsabilidades específicas. Esta última iniciativa va mucho más allá de esos límites».
El Tribunal Federal de Apelación del Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans, se ha visto obligado a actuar deprisa antes de que el mandato entre en vigor y se produzcan millones de bajas y despidos por todo el país, dejando algunos servicios públicos -como policías y bomberos- desesperadamente faltos de mano de obra. Diversos grupos sindicales y asociaciones gremiales han dado ya la voz de alarma sobre las consecuencias de este insólito ukase, recordando que no hará más que agravar los graves problemas de desabastecimiento y reducciones de plantilla en toda la unión.
La Casa Blanca ha reaccionado a la noticia con aparente confianza, convencida de que podrá superar sin problemas los obstáculos jurídicos que plantea este fallo. Si tiene razón, Estados Unidos tendrá que hacerse a la idea de que vive ya en un sistema bastante más autoritario y bastante menos garantista que el de hace solo dos años.
