Quien fuera fiscal general del régimen chavista venezolano, Luisa Ortega Díaz, ha realizado ya los trámites de solicitud de asilo en España a través del Área de Protección Internacional de la Dirección General de la Policía, según confirman a Europa Press fuentes jurídicas cercanas al caso.
Según consta en el resguardo de presentación de la solicitud de protección internacional, este fue firmado el 13 de octubre en Madrid. Y en la exposición de hechos que hizo su defensa, dirigida por el abogado Ismael Oliver, se detalló, aportando documentos, que tuvo que salir del país obligada por la persecución política y las amenazas.
Según el relato de Ortega Díaz, en marzo de 2017 manifestó públicamente que en Venezuela se había producido una ruptura del orden constitucional dado que, afirmó, el Poder Ejecutivo desconoció el Estado de Derecho y la separación de poderes vigentes en el país.
Ortega Díaz afirma que la tiranía de Nicolás Maduro tomó represalias contra ella y su familia, sometiéndola a persecución y amenazas contra su libertad y su integridad física.
Sin embargo, la ex fiscal venezolana acumula un largo historial de agravios, siendo parte fundamental del sistema de detenciones arbitrarias, juicios amañados y torturas a las que ha sido sometidos centenas de disidentes políticos venezolanos durante el tiempo que duró su gestión, entre 2007 y 2017.
Esto motivó que saliera del país y encontrara refugio en Colombia, donde le dieron protección internacional, otorgándole la condición de refugiada el 27 de noviembre de 2018, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo con la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.
A la par Ortega Díaz también adelantó gestiones ante la Corte Penal Internacional (CPI) en la que, aseguran fuentes cercanas a la ex burócrata chavista, sustentó con pruebas forenses y documentales la violación sistemática de los derechos humanos por parte del régimen de Nicolás Maduro contra el pueblo venezolano, presos políticos y ciudadanos indefensos.
