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JUECES ACUSAN AL PRESIDENTE DE INVASIÓN DE PODERES

Magistrados censuran los ataques del Gobierno argentino al Poder Judicial en mitad del escándalo del vacunatorio

Alberto Fernández, presidente de Argentina.

La Casa Rosada está vacía. El presidente Alberto Fernández se encuentra en México y la Vicepresidenta, a cargo del Poder Ejecutivo, gobierna a control remoto desde la Patagonia. La imagen es lo suficientemente gráfica como para explicar lo que sucede por estas horas a cinco días de conocerse públicamente los pormenores del denominado «vacunagate». El mandatario argentino viajó y no regresó mientras la ex Presidenta, se atrincheró a gobernar desde el sur del país.

Hasta el momento, Cristina Kirchner continúa sin dar la cara ni expresarse sobre el escándalo de las vacunas. Amante de las redes sociales y reconocida por su mensajes y subtextos a la hora de expresarse, ha optado por el silencio en esta ocasión.

En este marco de situación, Alberto Fernández se apresta a regresar a su país arrastrando las críticas recibidas luego de las polémicas definiciones realizadas en el extranjero. Haber calificado de «payasadas» a las denuncias por el vacunatorio VIP, no ha sido una buena estrategia presidencial para apaciguar los ánimos de los ciudadanos argentinos.

En medio del fuerte impacto del escándalo ocasionado por las vacunas de privilegio, una muestra de opinión realizada en los últimos días por CB Consultora Opinión Pública, evidenció un serio deterioro en la imagen presidencial. Según la medición, la valoración de Alberto Fernández cayó en 19 de las 24 provincias del país. Es una de las bajas más pronunciadas desde que asumió la gestión.

En el ámbito judicial la noticia más impactante se conoció luego de que el Gobierno, a través de la Anses (Administradora Nacional de la Seguridad Social), intimara formalmente a jubilarse al fiscal Eduardo Taiano que investiga el escándalo del vacunatorio VIP y quien imputó al ex ministro de Salud, Ginés González García, a su sobrino Lisandro Bonelli, y ordenó los allanamientos de la causa. Según la comunicación oficial, el magistrado se encuentra dentro de una nómina que incluye a más de 200 jueces y fiscales del Ministerio Público intimados a abandonar sus funciones o retirar su trámite de jubilación ya otorgado.

Taiano recibió ayer la carta de notificación del ente previsional. A través de esta medida, jueces y fiscales fueron intimados a abandonar sus funciones o retirar su trámite de jubilación ya otorgado. Así se los hizo saber la ANSeS en una resolución firmada días atrás. La decisión generó preocupación en el mundo judicial que interpretó la medida como una nueva embestida contra el Poder Judicial.

“Taiano fue notificado para que defina qué es lo que quiere hacer con su trámite jubilatorio, que él mismo inició. No tiene que jubilarse, tiene que definir qué hace con el trámite. La notificación fue enviada el día 19 de febrero, antes de que se iniciara la investigación”, explicaron funcionarios del ANSeS.

Mientras tanto, desde la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia, se manifestaron molestos por las declaraciones de Alberto Fernández.

“Nos sorprende parcialmente porque este plan sistemático del ataque al Poder Judicial lleva más de un año, donde siempre surge algún elemento para presionar a los magistrados en sus funciones”, denunció Marcelo Gallo Tagle, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.

«Vamos a plantear una acción declarativa de inconstitucionalidad. Esta circular avanza más allá de lo que dice la ley y tiene un vocabulario impreciso. Lo que el Presidente hace es una invasión de poderes», sentenció Gallo Tagle.

Paradójicamente todo esto ocurre el mismo día en que la Justicia condenó a 12 años de cárcel al empresario Lázaro Báez en el juicio por La Ruta del Dinero K, una de las causas más emblemáticas de corrupción durante el kirchnerismo, que se inició a partir de una investigación del programa de televisión, Periodismo Para Todos (PPT).

Báez, detenido desde hace cinco años y con prisión domiciliaria desde el 2020, fue condenado por la maniobra de lavado de casi USD 55 millones, dinero proveniente de los beneficios de la obra pública que recibió durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

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