Un total de 12 países de la Unión Europea han pedido a Bruselas que endurezca las medidas fronterizas contra los inmigrantes ilegales antes del debate sobre la reforma del Código de fronteras Schengen.
A través de una carta titulada «Europa necesita adaptar el marco legal existente a las nuevas realidades», Austria, Bulgaria, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Grecia, Hungría, Lituania, Letonia, Polonia y Eslovaquia han pedido medidas más duras frente a la inmigración ilegal.
En dicha carta, los países firmantes señalan que para garantizar la integridad y el funcionamiento normal del espacio Schengen es necesario que «todas nuestras fronteras exteriores estén protegidas con el máximo nivel de seguridad». «Al mismo tiempo, nuestra política de inmigración y asilo debe resistir a la avalancha migratoria. Ningún tercer país debería poder hacer uso de nuestro sistema de asilo para ejercer presión política y chantajear a la UE y sus Estados miembros, o explotar la situación actual en Afganistán».
Para ello, los 12 países consideran importante aclarar ciertos puntos sobre las medidas en cuestión migratoria: «No existen reglas claras sobre qué acciones pueden tomar los estados en caso de un ataque caracterizado por la afluencia de inmigrantes irregulares, facilitada, organizada y/o impulsada por un tercer país», denuncian.
Asimismo, consideran importante impulsar más medidas que eviten que los inmigrantes ilegales intenten cruzar las fronteras. «A excepción de la vigilancia de fronteras para prevenir la frontera ilegal no hay ninguna otra medida. El objetivo principal de la vigilancia fronteriza es prevenir los cruces fronterizos no autorizados, contrarrestar la delincuencia transfronteriza y tomar medidas contra los que hayan cruzado la frontera ilegalmente. Pero en la práctica, la vigilancia en las fronteras no impide estos actos».
Así, estos doce países proponen instalar una barrera física para proteger las fronteras de la UE. «La barrera física parece ser una medida eficaz de protección fronteriza que sirve de interés a toda la UE, no solo de los Estados miembros. Esta medida legítima debería financiarse adicional y adecuadamente con cargo al presupuesto de la UE como cuestión prioritaria».
