«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
como consecuencia de la reacción del 'clan del golfo' a la extradición de 'OTONIEL'

Paro armado y amenazas a los candidatos presidenciales: la tensión escala en Colombia cuando apenas faltan tres semanas para las elecciones

Las FARC atacan a militares del Ejército de Colombia
Militares del Ejército de Colombia. Europa Press

El Clan del Golfo reaccionó a la extradición de su máximo jefe, alias Otoniel, a los EE.UU., imponiendo un paro armado que afectó a diez departamentos y dejó más de 180 vehículos incinerados, comercios cerrados y cientos de miles de familias sin poder salir de sus casas por temor a represalias.

El ministro de Defensa publicó en las redes sociales de su entidad los sobrevuelos que hacían y algunos resultados operacionales, pero lo cierto es que el Clan del Golfo demostró que mantiene el control de amplias zonas del territorio nacional, especialmente en el noroccidente del país.

El presidente de la República reaccionó el sábado y expresó que “la actitud que ha tomado ese grupo es, ante la afectación en su estructura y ante los golpes que les hemos dado, tratar de generar intimidación a través de actos aislados y cobardes que buscan tener maximización a través de redes sociales y a través de medios de comunicación, para tratar desesperadamente de demostrar una fortaleza que no tienen”.

No deja de llamar la atención que se consideren como hechos aislados más de 200 acciones violentas en municipios donde el mismo Gobierno reconoce presencia y control territorial por parte de las estructuras cercanas al Clan del Golfo, justo en los días en que anunciaron el paro armado entre las 00:00 del viernes 6 de mayo y las 00:00 del domingo 8 de mayo.

El presidente Duque es blanco de las críticas

Duque asistió a la posesión de Rodrigo Chaves como nuevo presidente de Costa Rica el fin de semana, algo que generó muchas críticas en diferentes sectores económicos. Incluso dirigentes empresariales consultados expresaron que no entendían el proceder del jefe del Estado y comentaron que habían tratado por todos los medios de pedirle cancelar su viaje y permanecer en el país, pues la situación lo ameritaba. Tanto así que el mismo Duque anunció la creación de “bloques de búsqueda” en contra de los cabecillas del Clan del Golfo, unidades que fueron comunes en Colombia en la década de los 90 en plena guerra contra los carteles de Medellín y Cali, que dieron como resultado la muerte de Pablo Escobar y la captura de los hermanos Rodríguez Orejuela, respectivamente.

Lo cierto es que el fin de semana las carreteras del país tuvieron menos tráfico, la presencia de grupos armados fue evidente y en varias ciudades de la costa del Caribe hubo barrios en los que se impidió la apertura del comercio, tal como se pudo constatar en Montería, Valledupar, el Banco, Santa Marta, Bosconia, entre otras. Un escenario muy difícil que agrava la ya polarizada campaña presidencial, a tan solo tres semanas de la primera vuelta.

Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO), expresó que si bien el lunes “ya se habría dado por terminado el denominado paro armado, por parte de organizaciones delictivas; hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que ejerza las acciones de prevención y control, no solo para que todas las actividades económicas de estos departamentos puedan continuar su normal funcionamiento, sino para que no se vuelva a repetir esta situación en el futuro”.

Amenazas a candidatos presidenciales

“Estamos como hace 30 años” es una frase que se escucha muy seguido, ya no solo en las mesas de trabajo de programas radiales sino en las conversaciones del día a día a nivel nacional. De hecho, tanto Gustavo Petro, candidato del Pacto Histórico, como Federico Gutiérrez, candidato del Equipo por Colombia, han denunciado amenazas de muerte, algo que refuerza esa sensación de estar volviendo a esa triste década en la que Colombia era considerada un Estado fallido, por más de que la situación hoy sea otra y el Estado mantenga un control y una fuerza de reacción que en ese entonces era inexistente.

No obstante, el escenario también ha permitido que los candidatos afinen sus posiciones con relación a la política de seguridad. Petro insiste en que urge cumplir a cabalidad con el acuerdo de paz, firmado entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, y abrir la puerta a una negociación con el ELN e incluso con otros grupos armados, con el fin de lograr su desmovilización y reinserción a la vida civil. Su punto de partida vuelve a los orígenes estructurales del conflicto que ha defendido la izquierda desde mediados del siglo XX.

Por su parte, Federico Gutiérrez asegura que corresponde respaldar a la fuerza pública y recuperar el control de los territorios asediados por los diferentes carteles que operan en Colombia, retomando el camino de una política clara de seguridad e imperio de la ley, sin contemplación con la delincuencia y los criminales.

Esas dos aproximaciones se enfrentaron en 2016, cuando triunfó el NO en el plebiscito que buscaba refrendar el acuerdo con las FARC y en 2018 cuando el hoy presidente Duque derrotó en las urnas a Gustavo Petro. El 29 de mayo se volverán a someter a la decisión del pueblo colombiano.

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