El Presidente de la Cámara de Diputados de México, Sergio Gutiérrez Luna, siguiendo los deseos del presidente Andrés Manuel López Obrador -y sin mostrar un asomo de autonomía de poderes entre el Legislativo y el Ejecutivo-, organizó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR), contra los consejeros del Instituto Nacional electoral (INE) que votaron por aplazar la consulta de revocación de mandato que tanto le urge al presidente hacer, acaso para quedarse más años en el poder, bajo su frase: “El pueblo pone y el pueblo quita”.
Las presiones de los allegados a AMLO no se han refrenado en atacar al último reducto de la democracia electoral con autonomía en México, como lo es el INE, incluso llegando a buscar meter a la cárcel a los consejeros, quienes declararon públicamente que la denuncia se trata de una acción sin justificación y que carece de sustento legal, cuya verdadera intención es inhibir la independencia de su criterio para atender asuntos de carácter público.
Las decisiones del Consejo General del INE “pueden no ser compartidas por las distintas fuerzas y actores políticos, por ello, la legislación prevé que éstas pueden ser impugnadas, como en este caso lo hicieron quienes se sintieron agraviados por tal medida. Serán los órganos jurisdiccionales quienes decidan en última instancia sobre este asunto lo que en derecho corresponda y, el INE, como siempre, acatará esas decisiones”, declararon los consejeros.
En un comunicado fechado este domingo 26 de diciembre de 2021, suscrito por Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente, así como por Norma Irene De la Cruz Magaña, Uuc-kib Espadas Ancona, Adriana Margarita Favela Herrera, José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordan, Ciro Murayama Rendón, Dania Paola Ravel Cuevas, Jaime Rivera Velázquez, José Roberto Ruiz Saldaña y Beatriz Claudia Zavala Pérez, consejeros electorales, se advierte que: “Es muy preocupante que el Presidente de la Cámara de Diputados pretenda convertir un diferendo legal en una persecución penal, con denuncias ante la Fiscalía General de la República contra Consejeros y Consejeras que votaron a favor del acuerdo mencionado, así como contra el Secretario Ejecutivo, quien no vota las decisiones del colegiado”.
Para los funcionarios electorales de México, esta acción -detrás de la cual estaría el partido oficialista Morena-, “se trata de una acción injustificada y sin sustento jurídico, que busca inhibir la independencia con la que los miembros del Consejo General valoran y votan los asuntos que les competen”.
Añaden que: “Por encima de las diferentes posiciones que hemos adoptado sobre esta y otras decisiones, las Consejeras y Consejeros electorales del INE rechazamos las denuncias penales contra cualquiera de nuestras y nuestros compañeros y toda forma de intimidación y vulneración de nuestra autonomía. Las diferencias de criterio en casos en los que válidamente puedan sustentarse diversas soluciones en el marco de nuestras atribuciones legales, no deben ameritar la persecución penal, sobre todo, cuando quienes las adoptan han explicado públicamente los motivos de su decisión”. Y finalizan: “En un Estado democrático de derecho las diferencias de opinión no se persiguen como delitos”.
Por su parte, el líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, declaró en relación a la consulta para la “revocación”, que por el bien de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “debe frenar el costosísimo e inconstitucional espectáculo publicitario de López Obrador”, que equivale a un gasto de 4 mil millones de pesos (cerca de 166,666,666.66 euros).
Estos dineros, dice Cortés, deberían ser usados para reactivar la economía, generar empleos y combatir la pobreza. Pero además, señala, la SCJN “no puede consentir una clara violación constitucional, ya que el ejercicio de revocación está claramente tergiversado en ratificación de mandato, deformando la figura de empoderamiento ciudadano para revocar el mandato por pérdida de confianza, para ponerla al servicio del gobernante a fin de promover su ratificación de mandato”.
Para Cortés, queda en evidencia “que el Presidente de la Cámara de Diputados y la Presidenta de la Cámara de Senadores están sometidos a los intereses y al servicio del Ejecutivo Federal, ya que su actuación es completamente distinta cuando se trata de defender la legalidad de los actos del gobierno”.
Acaso para disimular su “nado sincronizado”, AMLO dijo la mañana de este lunes 27 que está “en contra” de la denuncia que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, interpuso ante la FGR contra los seis consejeros del INE que aprobaron suspender temporalmente la revocación de mandato.
