Un día antes de enfrentar la votación del debate de moción de censura al que sería sometida, el presidente Iván Duque optó por pedirle la renuncia a la ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen. Esto como resultado de una denuncia hecha por la periodista Paola Herrera, en la que expuso el caso de un contrato por más de un billón de pesos (220 millones de euros) entre la Unión Temporal Centros Poblados y esa cartera, que buscaba llevar servicio de internet a miles de colegios en zonas rurales del país. El contrato incluía un anticipo por 70 mil millones de pesos (15,4 millones de euros), del que presuntamente no hay suficiente información.
En diciembre de 2020, cuando se adjudicó la licitación correspondiente, la periodista Herrera denunció que uno de los abogados de los proponentes era también abogado del ministerio, lo que generaba una alerta. A partir de allí, la investigación que realizó evidenció falta de experiencia en la materia por parte de Centros Poblados, además de deficiencias técnicas y financieras. A pesar de estas denuncias, el contrato se firmó. La presión aumentó y pronto el incumplimiento por parte de Centros Poblados fue evidente, a tal punto que el 27 de mayo el ministerio comunicó el proceso de incumplimiento.
El mismo día en que se abría la audiencia de incumplimiento, 25 de junio, se descubre que las garantías bancarias presentadas por la unión temporal eran falsas y el ministerio no tiene otra opción que proceder con la denuncia ante la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía, de todo lo que empezaba a aflorar en el caso. De hecho, el Banco Itaú procede de la misma manera, denunciando la falsedad de la garantía presentada. Se declara la caducidad del contrato el 19 de julio y el equipo del ministerio orquesta una estrategia de denuncia pública de la corrupción.
Sin embargo, en el mes de abril, tras múltiples informes de retrasos por parte de Centros Poblados, en entrevista con el periodista Juan Diego Alvira de Noticias Caracol, la ministra había afirmado que “estamos detrás de los operadores, detrás de los contratistas, porque aquí nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestras familias colombianas son lo más importante. Conectividad es equidad”.
Los medios ya empezaban a cuestionar los atrasos y posibles irregularidades, pero la ministra era enfática al ratificar que todo se estaba haciendo bien y que se cumpliría a cabalidad lo contratado. Incluso fue más allá y dijo “Si no cumplo, le voy a decir a dónde me llevan, se lo digo aquí, sin ningún problema, porque esto hay que cumplirlo, al cementerio”. Tres meses después se declaraba la caducidad del contrato.
En el debate de moción de censura, los ánimos estuvieron muy caldeados y varios congresistas acusaron a la ministra de corrupta e incapaz. Incluso el representante Gabriel Santos, del partido de gobierno, Centro Democrático, le recordó que votaría en contra de la moción de censura porque fue la decisión mayoritaria de su bancada, pero que le recordaba la frase que acompañaba al Presidente Truman: “The Buck Stops Here” (La responsabilidad termina aquí). Es decir, la invitaba a dar un paso al costado y a responder, con ese acto, políticamente, por lo ocurrido.
En un acto probablemente desesperado, la ministra anunció acciones legales contra los congresistas citantes al debate, olvidando que tienen inmunidad parlamentaria, especialmente cuando se trata de opiniones expresadas en su labor de control político en sesiones formales del congreso. Lo recordó días después y rectificó el asunto en su twitter, expresando que era respetuosa del ordenamiento jurídico colombiano y que “las opiniones emitidas por los congresistas, en cumplimiento de sus funciones, no tienen lugar a responsabilidad penal”.
El gobierno en un primer momento expresó su respaldo a la ministra e hizo todo lo posible por consolidar suficiente respaldo en su coalición para superar con éxito la votación de la moción del viernes 10 de septiembre. No obstante, el anuncio del Partido Liberal con relación a su vato a favor de la moción, las dudas en varias facciones del mismo partido de la ministra, Cambio Radical, y la reacción de la opinión pública, llevaron finalmente al jefe de Estado a pedir la salida de Abudinen.
Quedará, eso sí, la explicación que alcanzó a hacer la Real Academia Española sobre el uso que se le daba al verbo “abudinear” como “verbos de reciente creación, usados en el habla popular de Colombia con el sentido de robar, estafar”. Algo un poco exagerado, pero que se desprende de un escándalo que se anunció, denunció y no hubo voluntad política real para enfrentar a tiempo.
