Gustavo Petro anuncia acciones legales contra la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, alegando que “ha dañado su buen nombre” y el de su movimiento político, Colombia Humana, al responsabilizarlo por la radicalización de la protesta en los últimos meses, que degeneró en vandalismo, enfrentamientos con la fuerza pública y hasta el robo de vehículos del transporte público, que fueron posteriormente incendiados.
En un primer momento, Petro había hecho una solicitud por escrito a la alcaldía mayor de Bogotá, pidiendo una rectificación, el 20 de agosto, para, según él, cumplir un requisito procedimental, antes de proceder por la vía judicial.
La alcaldesa hizo pública dicha solicitud y respondió por escrito y a través de declaraciones públicas el tres de septiembre, indicando que: “No hay en mis declaraciones ninguna referencia personal y directa a usted, ni a su organización o movimiento político”. Enlista, además, hechos puntuales y debidamente evidenciados en los que el petrismo ha promovido protestas que resultaron en actos violentos, ha financiado grupos de jóvenes de primera línea y los ha dotado de elementos para enfrentarse a la fuerza pública, entre otros. Le reclama a Petro y le expresa que “así como usted ejerce sus derechos y libertades y exige de los demás el cumplimiento estricto de sus responsabilidades, el resto de los ciudadanos también tenemos derecho a ejercer nuestra libertad de expresión para opinar sobre su accionar político”.
Uno de los argumentos de Petro, tiene que ver con la cercanía de las elecciones presidenciales, por lo cual acusa a la alcaldesa de intervenir indebidamente, como funcionaria pública, en esa contienda electoral, vía ataques a su persona y a su movimiento. Esto llama la atención, pues López fue una de las que lo apoyó decididamente en 2018, en contra del candidato uribista y hoy presidente, Iván Duque. Cabe recordar que Petro optó por lanzar su propio candidato a la alcaldía de Bogotá en 2019, en contra de la hoy alcaldesa. Desde entonces el distanciamiento es evidente y ahora se agrava aún más.
Llama la atención que Petro, desde que se desmovilizó –pues fue parte de la guerrilla del M-19 en la década de 1980– ha sido una figura clave de la oposición, pero siempre han sido célebres sus acusaciones en contra de los gobiernos, tanto locales como nacional, acusándolos de paramilitarismo y hasta de crímenes de Estado. Ahora, recurre a las vías judiciales porque una alcaldesa acusa a personas cercanas a su movimiento, con pruebas en la mano, de radicalizar la protesta hasta llevarla a escenarios violentos, casi tan violentos como un levantamiento armado.
Judicializar la política es una de las denuncias que suele hacer la oposición cuando se alegan “víctimas” de una persecución vía demandas y denuncias. A lo mejor, ejercen la no reciprocidad lógica y cuando otros recurren al sistema de administración de justicia es porque la quieren politizar, pero cuando ellos recurren a lo mismo, es porque creen en el Estado social de derecho.
La alcaldesa lo que hizo fue dar visibilidad a las exigencias de Petro con relación a lo que se puede decir o no sobre su persona o la Colombia Humana, acompañando sus respuestas y posturas con documentos y suficientes evidencias que respaldan sus afirmaciones.
Mientras tanto, Bogotá sigue en una situación deplorable en temas de infraestructura y seguridad fruto en gran medida del legado de Gustavo Petro, quien como alcalde (2012-2015) se dedicó a la movilización ciudadana en contra de fallos del Ministerio Público que lo afectaban y al populismo, olvidando inversiones clave que prometió como candidato en educación, apoyo a las PYMES, entre otras.
Claudia López ha tenido que lidiar con el gobierno de la ciudad más importante de Colombia en el marco de la pandemia del covid-19, y orquestando una coalición de gobierno en la que sin duda participan las facciones más cercanas al expresidente Juan Manuel Santos, que no cesan en sus ataques al gobierno de Iván Duque, algo que es evidente en las declaraciones de la misma alcaldesa.
El presidente, hay que reconocerlo, lo asume como algo propio de la democracia y respeta la libertad de expresión. Contrasta esa posición democrática, con la que promueve ahora Gustavo Petro, que no acepta la crítica, no acepta que lo llamen a cuentas y sencillamente no acepta que lo cuestionen. Aún así, según las últimas encuestas, podría ser el próximo presidente de Colombia.
