A menos de un año de la elección presidencial, las últimas encuestas de DATEXCO e INVAMER sobre el estado de ánimo del país y la aprobación de los gobiernos muestran cifras alarmantes en uno de los temas cruciales que sigue generando mucha preocupación en Colombia y cuyos resultados están en mínimos históricos: la seguridad.
Apenas un 5% de los encuestados por Datexco considera que las cosas están mejorando, un 73% considera que las cosas están empeorando y un 20% que siguen igual. Los resultados de INVAMER son menos halagadores, pues apenas un 2% considera que la seguridad está mejorando, frente a un 96% que considera que está empeorando.
El gobierno de Iván Duque, quien representa a un partido cuyo pilar –junto con la cohesión social y la confianza inversionista– es la seguridad, debe ocuparse de atender este asunto cuanto antes.
Es el peor resultado en las últimas décadas y viene acompañado del incremento en la producción de cocaína y el control territorial que hoy mantienen los nuevos y renovados carteles de la droga, al igual que el accionar de las hoy conocidas como “disidencias de las FARC” y del ELN, que incluye atentados contra el Presidente y en guarniciones militares y de policía en los últimos tres años.
Por otra parte, la opinión pública empieza a alertar sobre la corrupción como el principal problema que tiene Colombia, algo que en la encuesta de INVAMER aparece en primer lugar desde junio de 2020 –como nunca en la historia de esa medición–. Se confirma esa tendencia con los resultados de la encuesta de DATEXCO, pues apenas el 8% de los encuestados aprueba el manejo que está haciendo el gobierno Duque en esa materia.
El reciente escándalo en el que está involucrado el Ministerio de las TIC, por un contrato superior al billón de pesos (220 millones de euros) para llevar internet a miles de colegios, ha generado rechazo en la opinión pública, mientras la ministra no ha logrado dar explicaciones suficientes a los medios o al congreso.
En los tres años del gobierno de Iván Duque no había salido a la luz pública un caso de corrupción de esta envergadura y, sin duda, está afectando no solo la imagen del presidente sino la de su partido –esto a pesar de que esa cartera la ocupa el partido Cambio Radical y la ministra es un alfil de la casa Char, fuerza política y empresarial de la costa Atlántica–.
Para rematar, el reciente nombramiento del exministro Alberto Carrasquilla en la junta directiva del Banco de la República ha desatado un polvorín. Carrasquilla es recordado por ser quien, como ministro, presentó el proyecto de reforma tributaria contra el que se declaró el paro nacional en abril del año en curso, y que dejó a Colombia bloqueada e incomunicada por al menos dos meses. Si bien el exministro es de los mejores economistas del país y tiene credenciales de sobra para ocupar ese cargo, lo cierto es que la política, como la economía, tiene unas reglas. Desconocerlas pasa cuenta de cobro y en un momento de tanta incertidumbre política puede ser un gran error.
La opinión pública suele no valorar el aporte técnico que puede hacer un exministro con amplia experiencia, sino que lo asume como una afrenta y una puerta giratoria donde los funcionarios del gobierno salen con imagen desfavorable, solo para asumir nuevas responsabilidades en el mismo gobierno central o en entidades donde es nominador.
Sin duda, son muchas las variables a tener en cuenta al momento de evaluar el estado de ánimo del país, pero una de las que suelen ser tenidas en cuenta de manera general tiene que ver con la aprobación del desempeño del presidente. En el caso de Duque, la encuesta INVAMER la ubica en el mínimo histórico, con 20%, solo igualada por aquella con la que terminó su periodo el expresidente Andrés Pastrana en 2002, después de un accidentado proceso de paz con la guerrilla de las FARC. Los resultados de la encuesta de DATEXCO son igual de desoladores, aunque muestran un leve incremento en la aprobación del presidente, pasando de 15% en junio, a 19% en agosto.
Inseguridad y corrupción. Son los dos problemas que la opinión reclama al gobierno y que merecen toda su atención en este último año de gestión. Ignorarlos puede ser muy costoso para Colombia y abriría las puertas a una opción izquierdista cuyos resultados ya los sufren en Argentina y en Perú.
