Sudáfrica es hoy, a todos los efectos, un Estado fallido. Mientras el caos, los asesinatos y el pillaje se generalizan en varias provincias, el ejército ha llamado a los reservistas en previsión de que el conflicto armado se extienda por todo el país.
Partes del país están ya, según el diario local Daily Maverick, «al borde de una severa escasez de combustible y alimentos, al haberse cortado por los motines vías de suministro claves”.
Desde el inicio de los disturbios la semana pasada, tras el encarcelamiento del expresidente Jacob Zuma por desacato al tribunal, docenas de camiones con mercancías básicas han sido asaltados por las turbas, robados y, con frecuencia, incendiados o desmontados para aprovechar los componentes. La Asociación de Tráfico Comercial por Carretera advierte que los daños de las flotas y los ingresos perdidos podrían ascender a miles de millones, mientras que los retrasos podrían suponer estantes vacíos en las tiendas y centros comerciales.
Las hordas también han convertido en objetivo las fábricas, obligando a las refinerías de petróleo a interrumpir sus operaciones.
La diversidad, ¿recuerdan? es nuestra fuerza. Nos lo repiten a todas horas y, de hecho, ese dogma se ha convertido en uno de los pilares esenciales del nuevo régimen internacional. Solo que, como suele suceder con los dogmas, se nos exige que creamos en él sin pruebas. Más bien al contrario, todos los indicios que poseemos tienden a apuntar en la dirección contraria.
Y Sudáfrica, desde hace 17 años, era el escaparate de este dogma, la ‘nación arcoiris’ que iba a probar que una nación puede prosperar compuesta de pueblos diferentes con una larga historia de hostilidad mutua. Partían, desde el punto de vista del desarrollo económico, de una posición privilegiada; era, cuando Frederik de Klerk acabó con el régimen de Apartheid y se reunió con el liberado líder carismático Nelson Mandela, un país rico, avanzado, donde se había logrado el primer trasplante de corazón exitoso y que estaba a punto de convertirse en potencia nuclear. Hoy arde por los cuatro costados, la violencia interétnica es el pan nuestro de cada día, la inseguridad alcanza niveles inconcebibles y la corrupción política se sale de las gráficas.
En estricta teoría, la chispa que ha encendido esta última oleada de violencia saltó cuando, el pasado 29 de junio, el gobierno de Cyril Ramaphosa (xhosa) envió a la cárcel al expresidente Jacob Zuma (zulú) por desacato cuando este último se negó a responder ante una comisión contra la corrupción que él mismo había instituido. Resulta irónico, porque los sucesivos gobiernos del Congreso Nacional Africano (ANC) han puesto en marcha instituciones que hacen perfectamente legal la mayor campaña de apropiación violenta y directa que haya conocido el país, mucho más significativa que todos los pillajes improvisados que se multiplican por todas las grandes ciudades.
Nada de esto es fruto de la mala suerte, de condiciones geográficas o del pasado colonial, sino de las bases mismas de la refundación del país, sobre líneas que se quieren aplicar al mundo entero y que, de hecho, se están aplicando ahora mismo en Estados Unidos con la imposición de la llamada Teoría Racial Crítica.
La actual fase de revueltas, pillaje y violencia se agotará. Pero las causas últimas que han permitido el estallido seguirán deteriorando la convivencia, las estructuras políticas y la economía del país. Aunque los expertos llevan años advertiendo que los sistemas hidráulicos están en las últimas, los gobiernos locales ignoraron el problema y ahora los cortes de agua son constantes. Sudáfrica empezó a encadenar apagones en 2007, y el problema no se ha resuelto. A pesar de ser la gran potencia africana, la fuga de profesionales cualificados es un goteo continuo que amenaza convertirse en avalancha. Más del 4% del total de muertes son homicidios, y la tasa de asesinatos sigue creciendo; solo el año pasado lo hizo un 8,4%.
Pero lo peor está por llegar. El partido que monopoliza el poder desde hace 17 años es corrupto e incompetente, pero su inmediata oposición es directamente criminal. El EFF (Luchadores por la Libertad Económica) tiene en su programa electoral la promesa de incautarse de todas las propiedades de los blancos sin indemnización, nacionalizar la banca y las minas y duplicar las prestaciones sociales.
Las prestaciones sociales en Sudáfrica son un laberinto de preferencias raciales que básicamente premian a los grupos étnicos dominantes en el poder y penalizan al resto, con imposición de cuotas absolutamente al margen de cualquier criterio de competencia o preparación.
Ningún país ha concitado tanta ilusión internacional, ninguno tantos parabienes, comprensión, aliento y ayuda. Todo el mundo quería que la nueva Sudáfrica fuera un éxito resonante. Pero no se hizo nada por evitar que la supuesta reconciliación fuera una forma encubierta de revancha, alimentada por una retórica que Occidente, y especialmente Estados Unidos, empieza a conocer demasiado bien.
