Solo una semana después de proclamarse de hecho dictador con plenos poderes para ‘luchar’ contra una protesta pacífica, la de los camioneros del «Convoy de la Libertad», el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha revocado la Ley de Emergencias, justo cuando debía votarse en el Senado.
Si el Senado hubiera votado contra el mantenimiento de ley, la situación de excepcionalidad política hubiera cesado automáticamente y, de haberla confirmado, sus efectos se mantendrían durante el plazo de un mes, antes de volver a someterse a un voto parlamentario.
En rueda de prensa, Trudeau ha anunciado que el Gobierno federal ha decidido poner punto y final a la anómala situación legal, ya derrotada en toda la línea la protesta, haciendo innecesaria su confirmación o derogación en el Senado.
Pero, aunque en un tiempo tan breve, Trudeau le ha sacado jugo a su condición de dueño y señor de vidas y haciendas canadienses. La Policía se ha empleado a fondo y con inusitada brutalidad para acabar con una protesta que incluía la ocupación de la capital, Ottawa, deteniendo a los principales organizadores de una iniciativa encaminada a que se levantaran las draconianas restricciones con la excusa de la pandemia de coronavirus.
Que la salud de los canadienses no era el objetivo de Trudeau se hizo patente en la ocasión en que el primer ministro anunció sus nuevos poderes, un mensaje amenazante en el que no se habló del peligro sanitario ni una sola vez, dejando claro que su preocupación no era tanto mantener la lucha contra los contagios como quebrar la resistencia de los desobedientes a sus mandatos.
De hecho, la acción de los camioneros sirvió para que los primeros ministros de las provincias anunciaran el levantamiento parcial o total de las restricciones y ha inspirado protestas similares en varios países como Francia, Bélgica y Estados Unidos. Por otra parte, su demostración de fuerza quedaba especialmente ridícula en un momento en que un número creciente de países están dando por terminada la crisis sanitaria.
Pero la brutalidad policial no ha sido la principal herramienta esgrimida por Trudeau en sus escasos días de dictador. Lo que más ha alertado a los críticos han sido sus amenazas, cumplidas en muchos casos, de dar permiso y/o instrucciones a los bancos para congelar o suspender las cuentas de particulares o instituciones que hubieran apoyado con dinero a la organización de la protesta.
Tras la dimisión del jefe de policía de Ottawa, su sucesor interino advertía que no solo actuarían en el momento contra los revoltosos, sino que les perseguirían en el futuro con sanciones económicas.
Trudea ha anunciado que se ha restaurado el orden y se han desbloqueado los accesos por carretera mientras el Senado estaba en sesión debatiendo la misma ley a la que estaba renunciando, aprobada ya por la Cámara Baja del parlamento.
“Confiamos en que las leyes ya existentes basten para mantener a la gente a salvo”, dijo Trudeau durante la rueda de prensa, añadiendo que Ottawa mantendrá a las fuerzas del orden en alerta para dispersar a los últimos amotinados del Convoy de la Libertad.
Solo una semana después de proclamarse de hecho dictador con plenos poderes para ‘luchar’ contra una protesta pacífica, la de los camioneros del «Convoy de la Libertad», el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha revocado la Ley de Emergencias, justo cuando debía votarse en el Senado.
Si el Senado hubiera votado contra el mantenimiento de ley, la situación de excepcionalidad política hubiera cesado automáticamente y, de haberla confirmado, sus efectos se mantendrían durante el plazo de un mes, antes de volver a someterse a un voto parlamentario.
En rueda de prensa, Trudeau ha anunciado que el Gobierno federal ha decidido poner punto y final a la anómala situación legal, ya derrotada en toda la línea la protesta, haciendo innecesaria su confirmación o derogación en el Senado.
Pero, aunque en un tiempo tan breve, Trudeau le ha sacado jugo a su condición de dueño y señor de vidas y haciendas canadienses. La Policía se ha empleado a fondo y con inusitada brutalidad para acabar con una protesta que incluía la ocupación de la capital, Ottawa, deteniendo a los principales organizadores de una iniciativa encaminada a que se levantaran las draconianas restricciones con la excusa de la pandemia de coronavirus.
Que la salud de los canadienses no era el objetivo de Trudeau se hizo patente en la ocasión en que el primer ministro anunció sus nuevos poderes, un mensaje amenazante en el que no se habló del peligro sanitario ni una sola vez, dejando claro que su preocupación no era tanto mantener la lucha contra los contagios como quebrar la resistencia de los desobedientes a sus mandatos.
De hecho, la acción de los camioneros sirvió para que los primeros ministros de las provincias anunciaran el levantamiento parcial o total de las restricciones y ha inspirado protestas similares en varios países como Francia, Bélgica y Estados Unidos. Por otra parte, su demostración de fuerza quedaba especialmente ridícula en un momento en que un número creciente de países están dando por terminada la crisis sanitaria.
Pero la brutalidad policial no ha sido la principal herramienta esgrimida por Trudeau en sus escasos días de dictador. Lo que más ha alertado a los críticos han sido sus amenazas, cumplidas en muchos casos, de dar permiso y/o instrucciones a los bancos para congelar o suspender las cuentas de particulares o instituciones que hubieran apoyado con dinero a la organización de la protesta.
Tras la dimisión del jefe de policía de Ottawa, su sucesor interino advertía que no solo actuarían en el momento contra los revoltosos, sino que les perseguirían en el futuro con sanciones económicas.
Trudea ha anunciado que se ha restaurado el orden y se han desbloqueado los accesos por carretera mientras el Senado estaba en sesión debatiendo la misma ley a la que estaba renunciando, aprobada ya por la Cámara Baja del parlamento.
“Confiamos en que las leyes ya existentes basten para mantener a la gente a salvo”, dijo Trudeau durante la rueda de prensa, añadiendo que Ottawa mantendrá a las fuerzas del orden en alerta para dispersar a los últimos amotinados del Convoy de la Libertad.
