Ya es oficial: el Gobierno minoritario de un Justin Trudeau con un respaldo popular del 16% podrá detener a quienes protesten contra el régimen, congelar cuentas bancarias y, en general, hacer de su capa un sayo con la excusa de una protesta pacífica contra unas restricciones demenciales y desechadas ya por más y más países en todo el mundo.
El Parlamento canadiense votó el lunes por la noche a favor de la Ley de Emergencias por 185 votos contra 151. Así acaba una democracia, con un voto parlamentario.
Trudeau invocó la Ley, una medida sin precedentes, la semana pasada alegando que es necesaria para aplastar las protestas pacíficas vinculadas al movimiento del «Convoy de la Libertad», que exige el fin de la violación de derechos civiles por parte del Gobierno con la excusa de combatir la gripe china. En este momento no hay protestas activas en ningún punto de Canadá.
La moción para respaldar la invocación de poderes de emergencia de Trudeau fue aprobada en una votación en la Cámara de los Comunes de Canadá el lunes, con el Partido Liberal y el NDP y otros aliados obteniendo 181 votos a favor de la moción.
A la moción se opusieron el Partido Conservador de Canadá (CPC) y el separatista Bloc Québécois (BQ) y sus aliados (consiguiendo 151 votos), informa la televisión del régimen, CBC.
Es la primera vez que se invoca una ley, elaborada por su presunto padre, el también primer ministro Pierre Trudeau, y que equivale a la aplicación de la ley marcial, y todo para luchar contra una protesta multitudinaria e incómoda, pero pacífica y con un amplio respaldo social, que ha incluido bloqueos de cruces fronterizos en Ontario, Manitoba y Alberta, aunque todos terminaron antes de que se invocara formalmente la Ley de Emergencias.
No es que el Gobierno haya esperado al engorroso trámite de la aprobación de la ley: de hecho, empezó a aplicarla inmediatamente, antes de estar teórica facultado para hacerlo, para despejar violentamente a los manifestantes en Ottawa durante el fin de semana y para congelar las cuentas bancarias de las personas vinculadas a la protesta. También se utilizó para obligar a las empresas de grúas a retirar los camiones que ocupaban el área alrededor de los edificios del parlamento después de que el Gobierno tuviera problemas para contratar grúas anteriormente, ya que muchos supuestamente se negaron.
Los países de nuestro entorno, demasiado ocupados chantajeando a los gobiernos «autoritarios» de Hungría y Polonia, no tienen nada que decir contra esta dictadura implantada ante los ojos de todos.
El viernes y el sábado, agentes de policía arrestaron a los manifestantes y confiscaron sus vehículos. Ahora, el alcalde de Ottawa, Jim Watson, quiere vender esos camiones incautados para recuperar millones de dólares que la ciudad perdió durante las tres semanas de estancamiento.
El domingo, Watson le dijo a la CBC que los camiones, caravanas y otros vehículos incautados del convoy deberían venderse, alegando que los poderes de emergencia del primer ministro Justin Trudeau podrían darle autoridad para hacerlo.
