Una de las peores masacres carcelarias de la historia de la región ha desatado la necesidad de reducir la población carcelaria en Ecuador. Hubo 118 muertos y 86 heridos en el último motín en la Cárcel del Litoral, el tercero en lo que va del año.
El hacinamiento es uno de los principales detonantes de la violencia. Por lo cual liberar a los presos presuntamente menos peligrosos es uno de los primeros pasos a seguir para aminorar la barbarie en los centros de reclusión.
Las cárceles del país están diseñadas para albergar a 30.000 reclusos y actualmente en ellas hay unos 39.000 reos. Es decir, su capacidad está rebasada por al menos 9.000 personas. Además de la violencia física en sí, la aglomeración es el primer abuso contra la integridad de los presos.
Así pues, alrededor de dos mil prisioneros se verán beneficiados por la medida propuesta por el Gobierno de Guillermo Lasso. Mediante un plan de indultos se liberará a mujeres presidiarias, presos de la tercera edad, a aquellos que tengan enfermedades terminales o algún tipo de discapacidad.
Repatriar a los extranjeros cautivos también forma parte del plan. Un promedio del 10% de la población carcelaria es foránea. Son mayormente colombianos y venezolanos. Aunque superan las 3.000 personas, los extranjeros con condena que podrían terminar de cumplir sus penas en sus países de origen son apenas 82.
Tanto el índice de violencia como la cifra de extranjeros en las cárceles del país se debe principalmente a los nexos con el narcotráfico de Colombia y México, de acuerdo con la Policía ecuatoriana. Allí los Carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación tienen una importancia determinante.
«Es lamentable que a las cárceles se las pretenda convertir en un territorio de disputa del poder por parte de bandas delincuenciales. El Estado ecuatoriano va a actuar. Debemos actuar, y la primera decisión que hemos tomado es declarar el estado de excepción del sistema carcelario de todo el territorio ecuatoriano», dijo Lasso al respecto, luego de que el Jefe de la policía en la prisión señaló que la violencia fue desatada por una lucha de poder territorial.
Si bien el motín del último martes de septiembre fue el más numeroso en muertes, el más escandaloso por el proceder de los asesinos fue a principios de año. En esa oportunidad trascendieron imágenes de cuerpos apilados tras ser desmembrados con sierra eléctrica e incluso un corazón arrancado del pecho, al más puro estilo prehispánico.
El fin de la barbarie fue aplaudido por el entonces candidato a la presidencia, Guillermo Lasso. Esto desató la indignación de los referentes del “progresismo” en el país. Puesto que consideraban que la policía, que detuvo la violencia utilizando medios coactivos, no es vulnerable. Entretanto esa misma izquierda señala que los llamados “PPL” sí lo son.
Este acrónimo resalta cómo -mediante la lengua- la corrección política ha reducido verbalmente y socialmente la peligrosidad de los criminales. PPL significa: Persona Privada de su Libertad.
Una de las más sobresalientes en el uso del término fue la activista feminista y abogada de doctrina progresista Lolo Miño. La misma fue duramente criticada (y burlada) cuando en julio del año en curso una mujer policía resultó violada en un motín. Entonces la teoría de que la policía no es vulnerable en medio de motines de presidiarios quedó desmontada de plano.
De hecho, el personal policial consta entre los heridos. En el último motín la policía fue recibida a balazos dentro de la prisión. El pico de la violencia en el último motín incluyó el uso de granadas y al menos seis reclusos fueron decapitados por otros presos.
Retratar a los reclusos como víctimas de la sociedad corresponde a una línea política-ideológica clara. A nivel regional, al aplicarse la llamada Doctrina Zaffaroni (conocida como garantista, y en su variante más extrema como abolicionista) se ha logrado que sean cada vez más los policías que pagan con su libertad y patrimonio el haber abatido a delincuentes que ponen en peligro la vida de otros.
Esto a su vez corresponde a la influencia del filósofo del mayo francés (revolución que buscó cuestionar la autoridad en todos los niveles), Michel Foucault, que maneja la dialéctica del oprimido y opresor (propio del marxismo) para situar al criminal en el lugar del oprimido, pero nunca como el opresor. Esto logra que sus herederas ideológicas no puedan ver a la policía como víctima.
Sumado a eso está la desventaja numérica. Las cárceles están custodiadas por 1.500 guardias. Según expertos se necesitan al menos 4.000 custodios para ejercer un control efectivo de las cárceles. Además de la cantidad está la falla de calidad. El ingreso de material explosivo en las cárceles demuestra un error en el sistema de seguridad, y por ende un fracaso en la rehabilitación de los reclusos. Pues siguen activos sus modos delincuenciales.
Aunque está claro que los reclusos merecen un trato humanitario y para ello es primordial reducir el hacinamiento, también es necesario que no se reduzca la peligrosidad de aquellos capaces de desmembrar a otros ni deshumanizar al cuerpo policial que está en riesgo al cohabitar con criminales amenazantes.
Una de las formas de dejar esto en claro sería mediante la tabla de drogas. Por ejemplo, diferenciar la pena entre quienes poseen narcóticos para uso personal y quienes participan del narcotráfico. Pues lo segundo ya implica formar parte de una red que ejerce la violencia, mientras lo primero no.
Ya que el Gobierno de Guillermo Lasso recién empieza, está en el incómodo lugar de posicionarse como el presidente de la Ley y el orden, o retratarse como humanitario. Con una clara distinción entre el bien y el mal podría lograr un equilibrio entre ambos, donde el crimen se castiga y los castigados cumplen sus penas en condiciones humanas.
Además está en juego el lograr un clima en donde las fuerzas del orden no sean vistas como el verdugo, sino como aquellos que arriesgan sus vidas para que no solo las calles estén más seguras y libres de delincuentes violentos.
Para eso es necesario que ellos mismos no sean parte de un ciclo de violencia y corrupción, donde criminales violentos tienen acceso a armamento que pone en riesgo la vida de otros reclusos y de la fuerza policial que los custodia.
