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El Legislativo ecuatoriano entorpece las reformas económicas propuestas por Guillermo Lasso

El Presidente no cuenta con mayoría en el Parlamento
Guillermo Lasso. EUROPA PRESS

Fue devuelto un proyecto de Ley en Ecuador que pretendía crear oportunidades laborales, entre otros asuntos importantes. El Presidente Guillermo Lasso enfrenta en estos momentos a un cuerpo legislativo mayoritariamente en contra. Ese obstáculo se evidenció recientemente, al no ser aceptado su proyecto de Ley de Oportunidades en el Congreso.

“A pesar de que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) nos ha devuelto el proyecto de Ley de Oportunidades (…) Insistiremos en las bondades de un proyecto que tiene por objetivo fundamental la creación de empleo. No puede ser que sigamos actuando con indiferencia frente a unos números que demuestran que el 70% de ecuatorianos en condiciones de trabajar no tiene un empleo formal”, dijo el presidente Guillermo Lasso, desde la provincia Imbabura, donde entregó un proyecto de electrificación rural.

Para conocer de cerca el proyecto y los retos que enfrenta la administración de Lasso, La Gaceta de la Iberosfera consultó con el abogado Mario Cuvi Santa Cruz, LL.M., decano de la Facultad de Derecho y Gobernabilidad de la Universidad ECOTEC.

¿Por qué no aprobó el CAL el proyecto de Ley?

En resumen, porque de los siete miembros del Consejo de Administración Legislativa (CAL) cinco votaron que no y dos votaron que sí. Es un voto que deciden los asambleístas que pertenecen a partidos políticos y que tenemos que entenderlo principalmente como una decisión política. Los partidos; Izquierda Democrática, Pachakutik, UNES y la asambleísta Bella Jiménez -que ahora está fuera de la Izquierda Democrática, aunque llegó con ellos- forman la votación contraria. Demostrando que, al menos para este proyecto de Ley, dichas bancadas no dan su apoyo.

Por otra parte, la Unidad Técnica Legislativa (UTL) del CAL emitió un informe jurídico que establecía que no se debía calificar el proyecto debido a un supuesto incumplimiento del requisito de unidad de materia que establece el artículo 136 de la Constitución. Eso es erróneo, pues existe jurisprudencia constitucional al respecto que establece como prioridad el debate legislativo ampliado, y no los rigorismos o formalismos.

Existe además el antecedente de la Ley de Apoyo Humanitario, aprobada el año pasado. También sobre temas laborables, tributarios, societarios, entre otros. Hay que señalar que se produjo una reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, particularmente en su artículo 56, esto respecto a los elementos que debe tener una Ley de urgencia económica. Esta reforma establece que la Ley debe versar sobre política económica (además de la unidad de materia establecida en el art. 136 de la Constitución). Si leemos el artículo 284 de la Carta Magna, que tiene una línea garantista, encontramos que la política económica incluye 8 diferentes puntos tan amplios como las ideas “sociales” de sus autores.

Por lo tanto, si es que hay un hilo conductor entre todos los temas tratados por el proyecto de Ley, y este guarda relación con la política económica, sí es constitucional y legal. En mi opinión lo es, y debía calificarse, pero insisto, esto es una agudización principalmente política. Y creo que así es como debe entenderlo el gobierno para sus siguientes pasos.

¿Hay oportunidad de apelar o presentar un proyecto similar?

El gobierno no tiene límite en cuanto a la presentación de proyectos de urgencia económica. Así que puede presentar cuantos quiera. Eso sí, tendrá que hacer ajustes en el proyecto original para evitar que sea rechazado nuevamente. Desde esa línea hay que entender entonces que el Presidente tendrá que decidir.

Otros hablan ya de una consulta popular. Yo considero que es un poco prematuro -sobre todo para estos temas- hablar de una consulta popular. Hay también otras herramientas que el Ejecutivo podría implementar o tratar de aplicar respecto a las leyes económicas urgentes.

Vale recordar que la Constitución de Montecristi tiene una tendencia hiperpresidencialista. En este aspecto el Ejecutivo deberá considerar, sobre todo, si un rechazo de forma por parte del CAL representa una decisión de la Asamblea Nacional. Este factor será clave al momento de decidir su siguiente paso.

Desde una óptica de oportunidades, ¿Cuáles eran las fortalezas y debilidades del proyecto?

Veo al proyecto como un híbrido. Ello porque encuentro dos documentos dentro del mismo proyecto. Por un lado he identificado reformas que buscan fomentar el desarrollo de empleos y empresas. Que ayudarían a dinamizar las oportunidades, a integrar al Ecuador internacionalmente, a facilitar procesos de actualización tecnológica. Básicamente, a simplificar procesos y a facilitar interacción entre privados y públicos.

También muchas reformas en materia regulatoria en temas de telecomunicaciones, de sectores estratégicos, de tecnología, de inversiones, de comercio exterior. Hay mucho positivo en lo que respecta a mejoras regulatorias.

En materia laboral se ha abierto un amplio debate. Al respecto es importante entender que, según cifras oficiales, el 70% de los ecuatorianos no tiene un empleo formal. Así, es obligatorio encontrar acuerdos y puntos medios entre los beneficios que recibe hoy un trabajador y la posibilidad de los emprendedores de cubrir estos beneficios y crear puestos de trabajo.

La mayoría de los puestos de trabajo en el Ecuador los crean las microempresas. Ese debe ser el objetivo de cualquier reforma laboral y yo creo que esta Ley lo cumple bastante bien.

Hay, por supuesto, cosas con las que no estoy del todo de acuerdo. Por ejemplo, eliminar el recargo de horas nocturnas. Otro elemento es el tema de las vacaciones que las establece el empleador y solo con un mes de anticipación. Hay cosas que mejorar y para eso sirve el debate. Sin embargo, veo más positivos que negativos.

Volviendo al concepto híbrido: la parte dos de este proyecto, que parece parida por mentes distintas al primero, es un proyecto con fines recaudatorios. Se trata de una reforma tributaria que busca principalmente recaudar más y eso lo han dicho actores del propio gobierno. Hablan de 1,400 millones de recaudación adicional en medios de comunicación.

Se plantea subir el impuesto a la renta de manera considerable a personas naturales, lo que afecta -como siempre- a la clase media. Crea también un impuesto al patrimonio de personas naturales y jurídicas. El impuesto al patrimonio es un castigo al ahorro y a la planificación, pero principalmente un ataque a las familias ecuatorianas que han logrado con esfuerzo honesto establecer un patrimonio. 

Además, se plantea establecer Impuesto al Valor Agregado (IVA) para productos como: paneles solares, vehículos eléctricos, baterías para energía eléctrica, plantas de tratamiento de agua y otros mecanismos que buscan fomentar la adopción de energías alternas y proteger el medio ambiente. Cosas que simplemente no logro entender y no puedo compartir.

Esta segunda parte del proyecto es hasta contradictoria al fin de crear más empleos y atraer inversión al Ecuador. Ningún inversionista se siente atraído por una reforma tributaria que castiga el éxito.

En resumen, si se valora lo positivo: la mayoría de reformas en materia regulatoria y laboral. A mejorar: otras partes de la reforma laboral. Debilidades: la parte tributaria, pues no se pueden subir los impuestos a las familias ecuatorianas para darle más dinero a un Estado que ya gasta en exceso.

¿Este incidente deja un precedente respecto a la gobernabilidad de Lasso al tener tanta oposición?

Definitivamente sí, pero no es una sorpresa. Desde la primera vuelta electoral sabíamos los ecuatorianos que, fuese quien fuese el ganador, la Presidencia de la República iba a tener una Asamblea complicada, en donde nadie tendría mayorías.

Luego, las decisiones del Ejecutivo han provocado incluso el aislamiento de los aliados con quienes empezó la campaña. De manera que, en este momento, si no me falla la memoria son 24 asambleístas entre la bancada oficialista y sus aliados, que no generan ningún tipo de mayoría. Así que sabíamos que no había Asamblea para el Presidente. Sabíamos que en todo iba a necesitar acuerdos.

Ahora le toca al Ejecutivo analizar y tomar decisiones. Puede ajustar el proyecto y volverlo a enviar, esperando que el CAL ahora sí lo califique. Puede dividirlo en dos o más partes y presentarlas poco a poco, o en proyectos ordinarios. O puede también decidir abrir el cofre de poderes ejecutivos que dejaron los constituyentes de Montecristi.

¿Qué le diría al Presidente si tuviese la oportunidad para desarrollar un proyecto de Ley viable y que beneficie la economía de los ecuatorianos?

Señor presidente, antes de nada, no suba impuestos. Entiendo que hay una situación fiscal por resolver, pero quitarle más a las familias ecuatorianas para darle al Estado o pagar deuda no es la solución, y no fomenta crecimiento económico.

Respecto al proyecto actual considero que se lo debe dividir: una parte de reforma laboral. Otra, la tributaria (ojalá solo de reducción de impuestos y eficiencia de gasto) y otra, la de las reformas regulatorias.

Entiendo la necesidad y urgencia que se tiene para implementar estos cambios, pero con el escenario político que existe es más viable lograr la aprobación de cada tema por separado, en lugar de abrir 3 o más frentes en un mismo proyecto. Incluso se pueden mantener los tres debates de forma simultánea con tres proyectos de Ley sin ser todos de urgencia económica. Esto permitirá al país debatir a profundidad cada tema y mejora las probabilidades de aprobación legislativa.

Finalmente, si considera que los cambios no pueden seguir esperando, o que la Asamblea Nacional definitivamente bloquea su iniciativa de manera intencional y sin debate, se tendrá que considerar utilizar todos los poderes de los que goza el Ejecutivo bajo la constitución de Montecristi, particularmente para la implementación de su Plan Nacional de Desarrollo, y el proceso de leyes de urgencia en materia económica.

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