Una comitiva de la Unión Europea ha llegado a Caracas este miércoles 7 de julio. La intención del grupo es servir de avanzada para evaluar en el terreno si es factible que la UE pueda enviar observadores al proceso que ha convocado el Consejo Nacional Electoral (CNE) para el 21 de noviembre de este año, en el que supone que se escogerán nuevos Gobernadores y Alcaldes en Venezuela.
Una iniciativa similar fue intentada el año pasado, cuando una delegación de la UE visitó Caracas para valorar las condiciones que iban a regir las elecciones parlamentarias convocadas por el chavismo. En aquella oportunidad el organismo incluso intentó persuadir al régimen de postergar dichos comicios, en la búsqueda por mejorar las condiciones que los iban a regir, pero el trámite fue infructuoso.
Al final, las elecciones se realizaron en diciembre sin mayores garantías, sin observación de la UE y sin la participación del sector de la oposición que abandera Juan Guaidó. De este proceso surgió una nueva Asamblea Nacional manejada casi exclusivamente por el chavismo que, aunque formalmente no cuenta con el reconocimiento de buena parte de los gobiernos democráticos del mundo, se ha impuesto en la práctica como el organismo legislativo en funciones dentro del país latinoamericano.
Esta visita, motorizada principalmente desde la oficina del socialista Josep Borrell, se da en un contexto en el que la propia UE y los gobiernos de los Estados Unidos y Canadá han emitido un comunicado en días previos en el que señalan estar abiertos a la revisión de las sanciones económicas que se han impuesto sobre la tiranía chavista en los últimos años, siempre y cuando ésta permita avanzar en un proceso de “negociación” que decante en la convocatoria de elecciones «creíbles, inclusivas y transparentes».
En este trance Maduro parece estar convencido de que puede hacer varias concesiones parciales a Europa, Canadá y los EEUU, siempre y cuando éstas no involucren la cesión del poder presidencial que éste ejerce desde Miraflores. De allí que en semanas previas el régimen chavista haya buscado congraciarse con los gobiernos del mundo dando algunas señas: ha permitido la composición de un CNE menos parcializado (en el que dos supuestos opositores ahora han sido incorporados a su directorio), ha oficializado la habilitación de la tarjeta electoral de la Mesa de Unidad Democrática (utilizada por la oposición para ganar las elecciones parlamentarias de 2015 e ilegalizada desde hace tres años), el compromiso del propio Maduro de que no nombrará autoridades paralelas a los Gobernadores que resulten electos de ese proceso, e incluso ha permitido soterradamente el regreso al país de dirigentes opositores exiliados por razones políticas (como ocurre con el caso de los exdiputados Américo De Grazia y José Manuel Olivares).
El propio Juan Guaidó -que hasta hace nada se empeñaba sí o sí en la búsqueda de hacer cesar la usurpación de Maduro para dar paso a un gobierno de transición y luego convocar unas elecciones presidenciales libres- ha indicado recientemente que no se cierra de plano a participar en el venidero proceso electoral arreglado por el régimen. Con el sol en las espaldas después de más de dos años de la narrativa de un gobierno interino (paralelo al de Maduro) que no ha fructificado, Guaidó ha precisado que evaluaría participar en dichas votaciones si la UE da el visto bueno a las condiciones que las regirán:
“Los estándares de la Unión Europea son muy claros. Si tenemos elecciones libres y justas en Venezuela, un cronograma de elecciones, condiciones, garantías de que vamos a ganar y no van a nombrar no solo a un protector sino a una autoridad única o un corpomiranda o un corpozulia, como lo hubo en su momento, incluso que vamos a tener la posibilidad de expresarnos, evaluaremos entonces la pertenencia”, señaló el líder opositor.
El énfasis de esta declaración debe hacerse sobre lo atinente al “cronograma de elecciones” y las “condiciones”, pues de acuerdo a una interpretación al voleo bastaría que el régimen proporcione ciertas garantías que sean avaladas por la UE y una fecha definitiva de la convocatoria de la elección presidencial (que bien puede estar situada hacia 2024, cuando Maduro dice que culmina su actual período de gobierno) para satisfacer los petitorios de la oposición que comanda Guaidó.
Actualmente el tirano chavista no enfrenta ningún tipo de presión interna ni desde el frente político que se agrupa en los partidos que acompañan a Guaidó (la capacidad de presión de estas organizaciones frente al régimen es casi nula ahora que ni siquiera cuentan con el control efectivo de la Asamblea Nacional y su credibilidad está cada vez más comprometida) ni desde el campo social (las movilizaciones de calle han quedado relegadas en medio de un panorama asolado por la pandemia y por el hartazgo del ciudadano promedio hacia la política).
Los aprietos del régimen rojo vienen más por la vía externa, expresada en las sanciones económicas que complican el manejo financiero del país y por el reconocimiento internacional que a Maduro le gustaría comenzar a recuperar poco a poco, para estabilizar el barco en el plano internacional, como ya parece haberlo logrado estabilizar localmente. De allí que, básicamente, cualquier concesión que haga la tiranía chavista en estos momentos está orientada a dar la imagen puertas afuera de que hay elementos sobre la mesa que pueden ser cedidos en un proceso de negociación. Claro, siempre y cuando esas concesiones no comprometan la propia permanencia de Maduro en el poder.
A la UE le tocará tomar una decisión sobre si envía o no la observación al proceso de noviembre. El chavismo ya ha hecho su apuesta, consistente en fijar la apariencia de que es posible transigir con él, incluso al punto de conceder aperturas menores dentro del sistema. Pero todo se trata de eso, de una apariencia.
¿Han tirado la toalla los gobiernos de Europa, EEUU y Canadá con el caso Venezuela? Al parecer al menos han recortado la expectativa –si es que alguna vez la tuvieron realmente- de ver caer a Maduro y coadyuvar a un cambio real de régimen en el país sudamericano. Eso para más bien pasar a una posición en la que, control de daños mediante, se busca obtener unas mínimas garantías para que el chavismo no concentre todo el poder y no aplaste de plano a quienes se le oponen.
La visita de la delegación europea a Caracas ha coincidido además con el recrudecimiento de los episodios de violencia en la Cota 905 (un corredor vial que cruza todo el oeste de la ciudad). Allí las bandas criminales capitaneadas por un delincuente apodado como “El Koki” han protagonizado tiroteos con las fuerzas de seguridad del Estado y con otras bandas delincuenciales. En las refriegas, que se han prolongado casi por un día entero, han sido heridos e incluso asesinados ciudadanos inocentes que transitaban por las zonas de conflicto.
Se trata, en suma, de un país completamente des-institucionalizado en el que difícilmente el cambio de la realidad cotidiana de sus habitantes se va a producir por una elección de Gobernadores y Alcaldes, tenga o no condiciones suficientes para ser transparente, cuente o no con la observancia de los funcionarios de la UE.
