VOX ha cargado contra la actitud del Gobierno en relación a la ocupación y les ha acusado de dejar a los ocupas «campar a sus anchas» y de calificar de «escudo social» lo que es «expropiar las viviendas de los propietarios legítimos», por lo que ha pedido reformar el código penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
📹 VOX ha estado hoy apoyando a los afectados por la ocupación ilegal de viviendas.
— Grupo Parlamentario de VOX en el Congreso (@VOX_Congreso) March 27, 2022
👉 @CrisEstebanVox "El Gobierno llama escudo social a lo que es expropiar la vivienda de los propietarios legítimos".#StopOkupas@barrio_seguroES pic.twitter.com/nI64N7mv4U
Así lo ha asegurado la diputada del Grupo Parlamentario, Cristina Esteban, quien ha estado arropada por varios diputados nacionales y autonómicos que han apoyado a la Plataforma de Afectados por la Ocupación ‘Leyantiocupas’, que ha organizado este domingo una concentración frente al Congreso de los Diputados para demandar medidas legislativas urgentes.
La diputada de VOX ha insistido en que se deben tomar medidas y ha recordado que su formación ha presentado dos proposiciones de ley para dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de herramientas legales «para poder sacar a los ocupas en 24 horas«.
Por su parte, la Plataforma ha lamentado que son víctimas de una «humillación legislativa», pero también de la «indiferencia» del Gobierno y los partidos de la coalición.
«Su silencio, su inacción y la negación del sufrimiento de las víctimas con consignas huecas y distorsionantes, como bulos y alarma social, nos condenan a una agonía límite con graves perjuicios económicos, materiales y sobre todo psicológicos», ha añadido.
Sobre la inquiocupación — cuando los ocupas entran como inquilinos en una propiedad arrendada y dejan de pagar el alquiler en el primer o segundo mes–, los afectados han señalado que no se valora como nueva formas de ocupación, ya que «golpea especialmente a pequeños propietarios que tenemos que asumir la responsabilidad del escudo social del gobierno». Además, los organizadores rechazan la Ley de la Vivienda y la Ley antidesahucios de Cataluña que, «lejos de luchar contra esta lacra, facilita y promueve la ocupación sin amparar a las víctimas».
«Esta exclusión supone una humillación legislativa a todos y cada uno de los afectados que se unen a las gravísimas consecuencias que acarrea la ocupación», han afirmado.
