La Delegación de VOX en el Parlamento Europeo ha logrado que la directora general de Inmigración e Interior de la Comisión Europea, Monique Pariat, reconozca que la mayoría de los inmigrantes que llegan a las islas Canarias no son «refugiados». «Distingo entre los refugiados, que necesitan tener esa protección, y los inmigrantes irregulares que vienen con otros fines», ha dicho en un debate sobre esta materia en el seno de la institución.
📢 «No son ‘refugiados’, son jóvenes en edad militar que entran en Europa saltándose las fronteras e incumpliendo nuestras leyes».
— VOX Europa (@VOX_Europa_) March 22, 2021
▶️ @Jorgebuxade pide a la UE que no le haga el juego a las mafias del tráfico humano y apoye a los Estados en la lucha contra la inmigración ilegal. pic.twitter.com/26KFhnm9sD
El jefe de la Delegación de VOX, Jorge Buxadé, ha reclamado que se ponga en el centro del debate evitar la inmigración irregular, ilegal y descontrolada, y terminar con las mafias dedicadas al trafico de seres humanos y con el «efecto llamada». «Ahí es donde la UE debe aportar valor añadido y ayudar a los Estados miembros», ha añadido.
Buxadé ha recordado que el año pasado entraron a España por Canarias 24.000 inmigrantes ilegales y solo 343 se acogieron, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), al régimen de refugiados. «No es cierto que se trate de refugiados, son jóvenes en edad militar que entran en Europa saltando las fronteras e incumpliendo nuestras leyes».
Así, ha señalado que hoy es fundamental vincular la Ayuda al Desarrollo a la cooperación en materia de inmigración y que se debería estar debatiendo las medidas efectivas para proteger de verdad las fronteras. «Si no cambiamos la forma de afrontar este problema social que afecta a todas las naciones de Europa, volveremos a incurrir en un nuevo fracaso y lo lamentaremos todos», ha añadido.
Cabe señalar que han llegado a Canarias a fecha 15 de marzo un total de 2.580 inmigrantes ilegales frente a los 1.219 contabilizados el año pasado, lo que supone un incremento de entradas ilegales superior al 110%.
