El jefe de la delegación de VOX en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha reclamado al Consejo de Europa la corrección de la referencia al golpista separatista Jordi Cuixart en el informe sobre la situación de los defensores de los derechos humanos en los Estados Miembros.
«Quiero dejarle claro que, en España, no hay ninguna vulneración de ningún derecho humano en relación con el citado señor», afirma Buxadé en una carta enviada a la ponente Alexandra Louis, diputada en la Asamblea Nacional de Francia por el partido de Emmanuel Macron, La République En Marche!.
Así, recuerda que Cuixart ha sido juzgado y condenado por un delito de sedición que castiga con penas de hasta 15 años de cárcel (9 años en su caso) a quiénes “se alcen pública y tumultuariamente” para “impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes” o para “impedir a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”.
El portavoz de VOX declara que «Cuixart no ha sido encarcelado por sus ideas, sino por un delito descrito en el Código Penal de una democracia como es España». «Le recuerdo que España es una democracia plena que se encuentra entre las mejores democracias del mundo», añade. En este sentido, muestra su sorpresa por ver que la diputada ha escogido en su informe los argumentos de los abogados de Cuixart, «parte interesada» y que sigue «una estrategia internacional de desprestigio contra España». «¿Es usted consiente de que simplemente la usan como altavoz para sus absurdas pretensiones de hacer creer ante la opinión pública que España vulnera derechos fundamentales? Una acusación que es rotundamente falsa», recoge.
Por ello, cree que «igualar en dicho informe la situación de verdaderos defensores de los derechos humanos con la situación falsaria de Cuixart, le desprestigia como ponente, desprestigia el informe y a la institución que está representando» y le solicita «que lo corrija de forma inmediata», suprima todas las referencias erróneas y que, en un futuro, «se abstenga de hacer juicios políticos basados en informaciones partidistas sobre la situación de los procesados en el intento de secesión de Cataluña».