En medio de la recesión económica más profunda de la historia de la Unión Europea, el Parlamento Europeo aprueba un texto liderado por los socialistas en el que pide a la Comisión que presente una propuesta legislativa que obligue a las grandes empresas y determinadas pymes europeas a identificar, rendir cuentas y reparar aquellas actuaciones que pongan en riesgo el medio ambiente, los derechos humanos y laborales, así como la buena gobernanza en toda su cadena de valor. Para asegurar su cumplimento, se plantea un régimen sancionador.
De los 59 eurodiputados españoles en la Eurocámara, tan sólo los cuatro de VOX votaron en contra de un texto que, tal y como recordó el portavoz de la formación, Jorge Buxadé, va a producir una pérdida de competitividad para las empresas europeas y precios más altos para los consumidores. Y es que, en efecto, la no exclusión de las pymes de cumplir con estas nuevas regulaciones traerá como consecuencia que millones de empresas y trabajadores europeos desaparezcan siendo sustituidas por empresas chinas o americanas.
Las partes interesadas que piden que se consagre la ‘Due Diligence’ en materia de derechos humanos en la legislación comunitaria parece haber ampliado su base para el apoyo político entre los eurodiputados y, así, el pasado 10 de marzo, por 504 votos a favor, 79 en contra y 112 abstenciones, la Eurocámara aprobaba un informe invitando a la Comisión Europea a presentar una propuesta legislativa sobre la materia.
Los que son favorables a esta regulación alegan que este mecanismo debería reducir la dependencia de la Unión de las importaciones y disuadir a las empresas de producir fuera de la UE mediante obligaciones e impuestos más elevados.
Pero lo cierto y verdad es que, con la aprobación de este texto se sobrecarga a las empresas y pymes europeas. El texto no aporta la confianza y el clima necesarios para generar inversiones y empleo; todo lo contrario, desprotege a empresarios y trabajadores de los países de la Unión.
El férreo consenso en Bruselas entre PP, PSOE y Cs, cuyo voto final fue favorable a la imposición de tales sobrecargas para las empresas y pymes, contribuirá, sin duda, a acrecentar la ya de por sí elevadísima cifra de parados y de empresas cerradas en España.
Hace bien VOX resaltando la preocupación por el terrible efecto que por seguro tendrá semejante propuesta en los ya muy maltrechos mercado laboral y clima empresarial en España, fruto de la pésima gestión del gobierno de Pedro Sánchez.
Cabe recordar que España arroja unas cifras récord en la UE27. Cuatro millones de parados, 900.000 trabajadores con contratos suspendidos, 200.000 negocios cerrados y 600.000 autónomos sin actividad.
Con este texto, el Parlamento Europeo demuestra que cuando se trata de promover la Agenda 2030 el sector pro-regulación está ganando terreno. En esta ocasión sometiendo a las empresas obligándolas a ser agentes activos al exigirlas que garanticen en terceros países “los derechos humanos, la lucha contra el cambio climático y la buena gobernanza” en toda la cadena de valor.
Frente a la amenaza que para el futuro y la prosperidad de los ciudadanos europeos suponen las políticas socialdemócratas que imperan en Bruselas, una recuperación de la soberanía nacional constituye una condición necesaria para el restablecimiento de una Europa fuerte centrada en trabajar en dar lo mejor a sus ciudadanos.
Paloma Adrados Coart, delegación de VOX en Europa.
