El Grupo Parlamentario de VOX en el Congreso ha recurrido ante el Tribunal Constitucional dos decretos del Gobierno socialista Balear que reforman la ley sanitaria de las islas y que impone entre otras medidas, la vacunación obligatoria o el confinamiento forzoso.
En un mensaje en Twitter de este jueves, la diputada de esta formación Macarena Olona ha confirmado la interposición del recurso porque la norma balear «impone la vacunación obligatoria y el confinamiento forzoso, entre otras medidas ilegales».
@VOX_Congreso recurre ante @TConstitucionE la Ley balear que impone la vacunación obligatoria y el confinamiento forzoso, entre otras medidas ilegales. Nos están adiestrando para vivir resignados y sometidos a golpe de BOE. @vox_es está luchando a golpe de recurso. No os rindáis. pic.twitter.com/Pb0bMg8Dc7
— Macarena Olona (@Macarena_Olona) August 11, 2021
El recurso fue anunciado por VOX a mediados del pasado mes de julio, cuando en su página web señaló que llevaría al Tribunal Constitucional el Decreto 5/2021 del Gobierno de las Islas Baleares que entró en vigor el 7 de mayo.
Con ocasión de este anuncio, VOX ya señalaba que «el Ejecutivo balear que preside la socialista Francina Armengol con el apoyo de Unidas-Podemos y Més per Mallorca (la marca blanca de Bildu en Baleares) pretende vacunaciones y confinamientos forzosos o confiscación de bienes, además del establecimiento de «un régimen sancionador específico para hacer frente a los incumplimientos de las disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19».
«Es constante la doctrina constitucional que considera que la reproducción o reiteración en leyes autonómicas de preceptos de normas estatales es una técnica legislativa deficiente y peligrosa, inadecuada al sistema de fuentes del derecho 58 establecido en la Constitución”, señala el recuso presentado ahora por VOX.
La formación que dirige Santiago Abascal explica en el texto que el objetivo del recurso es que el TC tumbe la citada Ley de Salud Pública, «la cual excede las competencias propias de una comunidad autónoma al atribuirse poderes que son propios del Estado, generando inseguridad jurídica” e impone medidas claramente “ilegales”.
