El grupo parlamentario de VOX en el Congreso español, que ejerce la oposición al Gobierno conformado por socialistas y la formación chavista Podemos, ha anunciado este jueves que recurrirá (también el Partido Popular y Ciudadanos) ante el Tribunal Constitucional (TC) la reforma de la ley de Educación si elimina el español como lengua vehicular.
La formación liderada por Santiago Abascal ha considerado que esta ley supone «la culminación de un proyecto de inmersión lingüística que tiene como meta la ruptura de la unidad nacional por la vía de los hechos». Lo ha hecho tras conocerse el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos con los separatistas de Cataluña Esquerra Republicana (ERC) para retirar la configuración del español como lengua vehicular en la educación.
A juicio de VOX, «la riqueza cultural de España y su diversidad lingüística se utilizan como instrumentos para la secesión, pasando por encima de nuestra Constitución» y con el cambio en la ley «se vulneran los derechos que tienen tanto padres como ciudadanos cuya lengua materna es el español».
VOX ha denunciado el uso de la educación que pretende hacer el Gobierno, para convertir este derecho de los niños en un «medio para el adoctrinamiento en los principios doctrinales del progresismo, imponiendo su visión de la historia, de las relaciones personales y de sus principios éticos y morales, mediante la obligación de cursar materias fuertemente ideologizadas, impidiendo toda respuesta o protesta por parte de las familias».
Ataque a la Escuela Concertada y a la Educación Especial
El Gobierno de izquierda con esta ley pretende asfixiar a la Escuela Concertada al establecer que las Comunidades Autónomas «promoverán un incremento progresivo de puestos públicos escolares en la red de centros de titularidad pública». «La concertada se siente agredida», pero también, en general, «todo el sistema educativo», denuncian las asociaciones de este modelo educativo en el que estudia uno de cada cuatro niños, antes de señalar que la ley se está haciendo de una forma exprés y sin contar con la comunidad educativa.
Además, la ‘Plataforma Inclusiva Sí, Especial También’ ha pedido a los grupos parlamentarios del Congreso español que eliminen, a través de enmiendas, de la reforma educativa una disposición que abre la posibilidad de que las Comunidades Autónomas vacíen los centros de Educación Especial de alumnos para (en un plazo de una década) «transformarlos en centros de recursos, sin apenas alumnado».
