De acuerdo con la nueva legislación aprobada por Trump, ninguno de los centros de salud que realicen abortos – o los promuevan – recibirá dinero público.
Desde los albores de la legislatura, uno de los principales propósitos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido la lucha contra el aborto, esa ominosa práctica que en tiempos de Obama fue protegida y sufragada por el poder político. De este modo, el republicano ha aprobado una serie de órdenes ejecutivas encaminadas a provocar el retroceso de la cultura de la muerte.
La última de estas medidas fue adoptada por Trump el pasado jueves, y radica en la reducción de los fondos de la Administración destinados a las organizaciones y clínicas que realizan abortos (o los promueven). Así, de acuerdo con la nueva legislación, ninguno de estos centros recibirá dinero público si continúan promoviendo – o realizando – la eufemísticamente llamada ‘interrupción voluntaria del embarazo’.
Esta disposición de la Administración Trump está relacionada con las políticas llevadas a cabo por el presidente Reagan, quien siempre se afanó en que los centros de salud desligasen el aborto – en lo referido al personal y al espacio físico – del resto de actividades relacionadas con la planificación familiar.
Aunque las legislación vigente en Estados Unidos ya prohíba dirigir fondos a centros que presenten el aborto como método de planificación familiar, organizaciones tales como Planned Parenthood se las han arreglado – sirviéndose de la ambigüedad y de los ardides más diversos – para mantener su actividad y recibir por ella generosas donaciones estatales.
En cualquier caso, tomando en consideración las aseveraciones de diferentes fuentes de la Administración, estos privilegios de los que goza la multinacional abortista van a extinguirse: ‘A partir de ahora, a las clínicas se les va a exigir una línea muy clara, tanto en la separación física como en la separación financiera, entre las actividades abortivas y todas las demás’.
Indignación entre los grupos abortistas
La valiente decisión del presidente norteamericano ha sido acogida con rechazo por el lobby abortista, que ha motejado la nueva orden ejecutiva de Trump de ‘ley mordaza’. Así, considera que ésta censura la libertad de expresión al impedir que los trabajadores de los centros de salud den información sobre el aborto a los pacientes.
En este sentido, y como vienen haciendo desde que Trump resultase elegido presidente, los grupos opositores confían en que sea bloqueada en los tribunales.
La convicción pro-vida de Trump
Como ya se ha sugerido, Trump ha adoptado medidas encaminadas a defender el derecho a la vida del no nacido desde el mismo inicio de su mandato. Así, tres días después de su investidura como presidente, promulgó una orden ejecutiva en la que recuperaba la llamada ‘Política Ciudad de Méjico’; una política que proscribe el uso de fondos del Estado para subvencionar a grupos que practiquen abortos en el extranjero.
Por otro lado, la Administración Trump se ha afanado en diferenciar el aborto de la planificación familiar. Así, el pasado mes de mayo Estados Unidos votó en contra de una resolución de la ONU sobre la violencia contra la mujer que presentaba la ‘interrupción voluntaria del embarazo’.
